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Los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) están a punto de sumergirse en un debate inédito por cuenta de los gastos, no reportados, de la campaña presidencial de Gustavo Petro en materia de testigos electorales. Según la ponencia de Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, que pide investigar y formular cargos contra el mandatario por presunta financiación prohibida y violación del tope de gastos, la campaña omitió reportar cerca de $1.600 millones relacionados con la logística y el pago de testigos durante la primera y segunda vuelta presidencial.
Sin embargo, el propio presidente Petro y sus principales alfiles en el Ejecutivo y el Legislativo han desatado una arremetida contra el órgano electoral para intentar desacreditar ese argumento, lo que se suma a los cuestionamientos contra el magistrado Prada y las facultades del CNE para investigar al presidente. Para ellos, la campaña termina un día antes de las elecciones y los testigos solo actúan después de los comicios, por lo que no habría lugar a incluir ese rubro en los gastos oficiales.
Para varios expertos consultados por este diario, en medio de todo hay un choque de varias normas, vacíos legales y pocos antecedentes sobre el tema, lo que conduciría a un debate en el que cada parte interpretará las leyes a su gusto. De hecho, el proceso se complicaría aún más, pues ya se habla de si la campaña incluyó o no esos gastos en la solicitud de reposición de votos.
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Quienes defienden la legalidad de la campaña Petro, empezando por el propio presidente, insisten en que las campañas terminaron un día antes de las elecciones, por lo que no tiene sentido incluir los costos de los testigos en los gastos oficiales. “Proponer que los gastos que hacen testigos electorales es parte de la campaña es un exabrupto de aquí a Cafarnaúm. Cuidar el voto ya depositado es una obligación y un derecho ciudadano”, aseguró Petro en su cuenta de X.
En esa misma línea está Armando Novoa, exmagistrado del CNE y actualmente jefe negociador del Gobierno en los diálogos con la Segunda Marquetalia. Para él, el elemento clave en todo este proceso es la Ley de Garantías Electorales, la 996 de 2005 que se expidió en el marco de la reelección de Álvaro Uribe. Según explica, esta norma define la campaña como “el conjunto de actividades que desarrollan los candidatos y sus equipos para lograr el respaldo popular en las urnas”, lo que, a su juicio, podría traducirse en propaganda electoral y actos de campaña.
Novoa agrega que, por otra parte, el Código Electoral señala que los testigos electorales solamente pueden hacer presencia en los puestos de votación cuando se cierren las urnas, lo que probaría su carácter aislado de la campaña. Así las cosas, según explica, si se acepta la ponencia de Prada y Ortiz “tendríamos que llevarnos por delante dos normas, la ley 996 de 2005 y el Código Electoral”.
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A él se suma otro exmagistrado del CNE cercano al petrismo, el recientemente sancionado superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, quien asegura que la Ley 996 prevalece sobre otras y que esta no contempla a los testigos en los alcances de una campaña.
Sin embargo, desde otra orilla, el también exmagistrado Pedro Gutiérrez señala que la campaña debe entenderse de manera integral, pues es claro que en la práctica se hace campaña el día de las elecciones o antes de los tres meses reglamentarios. “Un testigo puede estar en la mesa mirando que hacen los jurados, pero también estar buscando votos. Además, estamos en un sistema de dos vueltas, entonces el testigo también puede salir el día siguiente de la primera vuelta a hacer campaña”, asegura.
Gutiérrez añade un ingrediente adicional, el de la reposición de votos, pues explica que se debe comprobar si la campaña del Pacto Histórico, para reclamar ese dinero al que tiene derecho, acreditó como gasto el ítem de los testigos: “En ese caso, la propia campaña estaría reconociendo que los testigos no solo cumplieron una función de escrutinio; porque, de lo contrario, no habría podido reclamar esa plata”.
Cuestionando sobre este punto, el presidente publicó otro trino quitándole responsabilidad a su equipo del 2022: “Si gerencia y contadores lo hicieron así, entonces el CNE en esta o en cualquier campaña debió suspender esas partidas y no pagarlas”. Novoa se suma a esta postura y agrega que se trataría de infracción de naturaleza administrativa que recae sobre el Fondo de Financiación del CNE y sobre quienes los administran; es decir, los nueve magistrados.
Al debate también se suma Alfonso Portela, exregistrador delegado en lo electoral, quien asegura que, en el caso de los testigos, debe tenerse en cuenta que el reclutamiento y capacitación de los mismos no es una cuestión poselectoral, sino que empieza incluso 15 días antes de las elecciones con el proceso de acreditación ante la Registraduría. Además, añade Portela, involucrando otra norma en la discusión, la Ley 130 de 1994 establece cuáles son los gastos de la campaña y abre la puerta a la inclusión de los testigos electorales en las cuentas.
De hecho, en ese sentido parece ir la ponencia de Prada y Ortiz, quienes señalaron que el 24 de mayo de 2022 —la primera vuelta fue el 29 de mayo— Fecode le giró $500 millones a Colombia Humana y, ese mismo día, el partido le transfirió a Ingenial Media S.A.S $480 millones para pagar un contrato sobre la “implementación del esquema integral de control electoral”.
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Según la ponencia, el contrato fue “perfeccionado trece días antes de las elecciones de primera vuelta por tal motivo es dable afirmar, sin hesitación alguna, que las actividades contractuales fueron propias de la financiación de la campaña y no para el funcionamiento normal de la colectividad política (Colombia Humana)”. Por todo esto, para los dos magistrados investigadores, hay razones para afirmar que la campaña de Petro en 2022 omitió reportar cerca de $6.000 millones, $3.861 en la primera vuelta y $2.150 en la segunda.
Así las cosas, todo este embrollo parece no tener una salida sencilla. Mientras el presidente Petro insiste en que se quiere “violar el resultado electoral del 2022″ y su defensa ajusta los argumentos para pelear temas como el de los testigos electorales, los expertos riñen en la interpretación de lo que podría pasar en el cargo. Eso sí, vale aclarar, coinciden en que detrás de todo hay una contradicción o vacío legal que dio pie a esta incertidumbre.
Entre tanto, en la Sala Plena del CNE reina el silencio, pues ninguno quiere afectar su voto con pronunciamientos o calificaciones sobre la ponencia. Además, los nueve son conscientes de que este no es el único “chicharrón” que deberán solucionar, pues también llegarán a la mesa las discusiones sobre las facultades para mantener al presidente en la formulación de cargos e incluso la pregunta de la extemporaneidad de la investigación, ya que la defensa del presidente insistirá en que las denuncias por violación de topes electorales deben presentarse durante los 30 días siguientes a la elección y no casi seis meses después, como ocurrió con la solicitud anónima que llegó al CNE el 2 de febrero de 2023.
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Por David Efrén Ortega
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