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Hace tres semanas la plenaria del Senado aprobó en segundo debate la reforma pensional, y ahora el gobierno de Gustavo Petro se alista para la discusión de la iniciativa en la Cámara de Representantes. El tiempo es uno de los mayores enemigos del proyecto, pues quedan solo 36 días (sin contar las extras del Congreso) para dos debates, uno en la Comisión Séptima y otro en plenaria.
La semana pasada se conocieron los nombres de quienes estarán al frente del proyecto, en este caso la coordinadora ponente es Marta Alfonso, del Pacto Histórico y, como antesala a la discusión, este martes en la Comisión Séptima se realizó una audiencia pública en la que participaron funcionarios del Gobierno, gremios y académicos.
En el encuentro se destacaron las ventajas de la reforma. Principalmente, el pilar solidario con el que se radicaría la pobreza extrema para las personas mayores gracias a una renta básica de $232.000; el aumento de la cobertura a través del pilar semicontributivo, que crea una renta vitalicia para quienes cotizaron entre 300 y 1.000 semanas, y la eliminación de la competencia que hoy existe entre Colpensiones y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Sin embargo, también quedaron sobre la mesa las dudas que persisten, en especial sobre los dos puntos más polémicos: el límite de cotización en Colpensiones y la vigencia de la iniciativa.
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El umbral de cotización
Tras el acuerdo del Gobierno con los partidos Liberal y de La U, el Senado aprobó que todos los afiliados al sistema coticen hasta 2,3 salarios mínimos en Colpensiones y de ahí en adelante en alguna de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Sin embargo, un día después de que se aprobó el articulado, el presidente Gustavo Petro dijo que propondrá un umbral de cuatro salarios mínimos, volviendo así a su idea de la campaña.
En la audiencia pública, José Ignacio López, presidente de ANIF, afirmó que según las cuentas de ese centro con umbral de 2,3 salarios mínimos, el pasivo pensional llegaría en 2100 a 171 puntos del PIB, unos 2.700 billones a hoy, lo que cuesta construir 90 líneas del metro subterráneo de Bogotá.
El umbral es vital en la reforma. Como explica Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones y vicerrector administrativo y financiero de la Universidad de los Andes, cada peso que se cotiza en Colpensiones implica una deuda a futuro porque las pensiones que entrega el régimen público tienen subsidio. Es decir, entre más alto el umbral, más dinero tendrá que salir del presupuesto para pagar las pensiones de quienes hoy están cotizando.
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Otros expertos, como Mery Laura Perdomo, coordinadora Regional para América Latina y el Caribe de ILAW Network, defienden el umbral: “una cosa es subsidiar las mega pensiones de 15, 20 y 25 salarios mínimos y otra cosa es subsidiar pensiones de hasta cuatro salarios, una población que tiene una vida digna, pero no es privilegiada”. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha dicho en varios espacios que el límite que se fije debe garantizar equidad, equilibrio en el sistema y garantías en cuanto a la “suficiencia pensional en los términos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
Aunque el presidente Petro dijo que propondrán un umbral de cuatro salarios, en la audiencia de este martes ni el Ministerio de Trabajo ni el de Hacienda hicieron referencia a tal cambio.
Por ahora, centros de estudios como ANIF y Fedesarrollo, académicos e incluso el Comité Autónomo de la Regla Fiscal se mantienen en que hay que bajarlo. López puso sobre la mesa otra opción: expresar el límite de cotización en Colpensiones con una unidad distinta, por ejemplo, en términos de la Unidad de Valor Tributario “para que en el tiempo se vaya reduciendo en términos de salarios mínimos”.
¿Cuándo entraría en vigencia la pensional?
El Senado aprobó que la medida empiece a aplicarse en julio de 2025. Ante los cuestionamientos de si un año es tiempo suficiente para poner a andar el sistema de pilares, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, sostuvo que la entidad está lista para asumir la llegada masiva de afiliados (con la reforma pasaría de 6,8 millones de afiliados a cerca de 25 millones). “Hay gente que dice que no estamos listos, me gustaría una visita de la comisión Séptima de la Cámara, para mostrarles que tenemos un sistema tecnológico que no lo tiene ni la Presidencia en este momento”, sostuvo Dussán.
Pese a las afirmaciones del presidente de Colpensiones y a que el Gobierno ha defendido varias veces su capacidad para poner a punto el sistema para la transformación, persisten dudas. Diana Ojeda, procuradora delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, dijo en la audiencia pública que la entidad no está preparada técnica, operativa ni administrativamente para asumir el reto en tan solo un año. “Por más que la reforma diga que Colpensiones trabajará con tecnología de punta, estándares internacionales y que va a tener los mejores sistemas, eso no se hace de la noche a la mañana. Se requieren años de trabajo”.
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Para Ojeda también es preocupante que “el 50 % del proyecto” quede supeditado a la reglamentación que debe hacer el Ejecutivo. La procuradora delegada le pidió a los representantes a la Cámara no “aprobar en bloque” el articulado sin detenerse en aspectos técnicos que son “sumamente importantes y de los que depende el futuro a mediano y largo plazo de las pensiones”.
“La reforma es sostenible”: Minhacienda
Durante la audiencia pública en la Cámara, Daniel Osorio, director general de política macroeconómica del Ministerio de Hacienda, aclaró varios de los puntos que ponen en duda la sostenibilidad fiscal de la pensional. Entre otras cosas, dijo que el pilar solidario se va a financiar con recursos del presupuesto general de la nación y no con las cotizaciones de los afiliados, como temen los gremios.
En segundo lugar, respondió a una preocupación que manifestó en su intervención Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, sobre los efectos que tendrá en el mercado de capitales la caída del ahorro. Osorio sostuvo que con el fondo de ahorro que crea la reforma (y que según lo aprobado en Senado quedará en manos del Banco de la República) “se evita cualquier impacto sobre el funcionamiento del mercado de capitales y sobre los flujos de ahorro macroeconómico” porque las cotizaciones que antes se ahorraban en las AFP con la iniciativa se ahorrarán e invertirán en el sistema público.
Finalmente, Osorio aseguró que la reforma pensional es sostenible fiscalmente, en buena parte gracias al fondo de ahorro, aunque también reconoció que los recursos de ese fondo se agotarán.
El gremio de las AFP se mantiene en que un fondo de ahorro “no debería acabarse nunca”. De hecho, Montenegro sostiene que esta reforma hará “insostenible el sistema en el mediano y largo plazo”.
Tarde o temprano, hay que hacer ajustes
La ministra de Trabajo dijo que la cartera ha hablado con especialistas sobre la necesidad de cambiar los parámetros de edad y de liquidación de las pensiones y reconoció que esta “es una necesidad para el país”. También dijo que los estudios demuestran que todavía quedan hasta 15 años para tener que hacer esos ajustes: “por eso la reforma crea un artículo que permite que con base en estudios técnicos se dé un informe al Congreso y al presidente para que se hagan los ajustes necesarios”.
Osorio señaló que “eventualmente será necesario cambiar los parámetros”, como subir la edad de pensión. Argumentó que este no es el momento de hacer el ajuste, porque “si bien es cierto que Colombia tiene edades de pensión relativamente bajas frente a la OCDE, lo importante en el debate es cuánto tiempo la gente disfruta su pensión, frente al tiempo que cotiza y en ese análisis no estamos en los peores del mundo, sino en el promedio”.
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Las recomendaciones de Hacienda
El Ministerio de Hacienda reconoció que todavía no ha incluido en sus simulaciones varios de los puntos que aprobó el Senado. De todas formas, dentro de las recomendaciones que entregó la cartera para los próximos debates está buscar un balance adecuado entre la sostenibilidad fiscal y los beneficios prestacionales para las mujeres (considerando que el Senado aprobó que el requisito puede ser de incluso 850 semanas si la mujer tiene tres hijos) y la protección para las minorías étnicas y campesinados (teniendo en cuenta que en segundo debate se aprobó un artículo que prácticamente crea un régimen paralelo) y revisar las comisiones para las AFP.
Todos estos puntos se debatirán en la Cámara de Representantes. Los detalles, incluyendo el umbral de cotización que se discutirá en esa corporación, se conocerán esta semana cuando se radique la ponencia.
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