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El afortunado hundimiento de la reforma tributaria propuesta por el presidente Gustavo Petro en el Congreso produjo una violenta reacción retórica del presidente. La reforma buscaba apagar el incendio fiscal coyuntural, es decir lo mismo de casi todas las tributarias, una cada 18 meses en promedio, promovidas desde la constitución del 91. El proyecto fue rechazado por una mayoría de parlamentarios que Petro sentenció como “malditos”. Una declaración violenta y que anticipa el talante polarizante que el gobierno le quiere dar a la campaña electoral que se avecina.
El uso de términos despectivos para referirse a los parlamentarios que ejercieron su derecho inviolable al voto es inaceptable y socava la confianza en las instituciones democráticas. En lugar de fomentar el diálogo y la búsqueda de consensos, estas declaraciones dividen aún más a la sociedad y dificultan la construcción de soluciones efectivas a los problemas fiscales del país. Un gobierno democrático debe respetar el disenso, reconocer la diversidad de opiniones y trabajar en conjunto con el Congreso para desarrollar una reforma tributaria que beneficie a todos los colombianos.
Una reforma tributaria estructural en Colombia debe estimular el crecimiento económico, simplificar el estatuto tributario, que actualmente es insufrible tanto para los ciudadanos como para las empresas. La simplificación del sistema tributario facilitaría el cumplimiento de las obligaciones fiscales, reduciría la evasión y elusión fiscal, además de aumentar los ingresos del Estado.
En segundo lugar, es crucial reducir la carga impositiva sobre la clase media empresarial. Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) son el motor de la economía colombiana y fuente significativa de empleo en el país. Reducir impuestos a estas empresas, incentivaría la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico. Además, si queremos construir un Estado territorial, es prioritario reducir el tamaño de un Estado centralista, plagado de burocracia clientelista y propenso a la corrupción.
Otro aspecto fundamental de una reforma tributaria estructural es la soberanía fiscal territorial. Los gobiernos locales y regionales deben ser dueños de su destino y orientar sus propias inversiones sin mendigar en Bogotá. Se requiere una distribución más equitativa de los ingresos fiscales entre el gobierno central y los territorios, así como la posibilidad de que entidades territoriales aumenten sus ingresos propios de manera eficiente y transparente.
Además, una reforma tributaria estructural debe incluir medidas para combatir la evasión y elusión fiscal: dientes a la justicia para judicializar a los evasores de impuestos. Esto puede lograrse si se formaliza y democratiza la economía para abrir el acceso a crédito y abandonar el predominante manejo de efectivo. Es primordial el uso de la tecnología y la IA para detectar fraudes y promover una cultura de cumplimiento fiscal entre los ciudadanos y las empresas.
El próximo gobierno tendrá la tarea de promover una reforma estructural que garantice seguridad y estabilidad jurídica. Debe estimular el crecimiento económico de la clase media empresarial, fortalecer las finanzas territoriales y recortar el tamaño de un Estado centralista derrochador e ineficiente, caldo de cultivo para el clientelismo y la corrupción. Una democracia económica que asegure igualdad de oportunidades, con un marco normativo transparente, que brinde certidumbre tanto a los inversionistas nacionales como extranjeros. Esto incluye la simplificación de los trámites administrativos y la eliminación de barreras burocráticas que en muchas ocasiones desincentivan la inversión y obstaculizan el crecimiento de las empresas.
Por Juan Manuel Galán Pachón
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