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Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Hubo o no hubo irregularidades en la financiación de la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño? ¿Se violaron los topes? ¿Se reportaron todos los recursos, tal y como lo dice la ley? Eso es lo que está indagando el Consejo Nacional Electoral, CNE, y que tiene tanto al escenario político como judicial del país debatiendo, pues dos de sus magistrados pidieron abrir una investigación en contra del hoy presidente de los colombianos. El asunto, con varias aristas jurídicas de largo y de ancho, ya va en que, incluso, se presentó una denuncia en la Fiscalía para que se sepa si esos dos magistrados incurrieron, por su petición, en el delito de prevaricato por acción; en que, de acuerdo con otras interpretaciones del derecho, hay quienes dicen que el CNE está sobrepasando sus límites y otros como el mismo Petro, quien enfatiza que esa entidad no tiene competencia para investigarlo.
De eso se trata este boletín de noticias, de siete datos concretos que tiene el CNE en sus manos y que han dejado muchas preguntas todavía sin respuestas. Desde todas los caminos posibles hay inquietudes, hay muchas opiniones encontradas, no hay un fallo como tal que se considere un hecho concreto y, para sumar, el primer mandatario habló nuevamente de una “ruptura institucional” que está tratando de hacerle daño a su administración para no dejarlo gobernar. Así que, para entender todos los detalles, le pedimos a los colegas de Política y Judicial de la redacción de El Espectador que nos enviaran todos los contenidos que han desarrollado al respecto y que les dejaremos a continuación. Recuerden entrar a cada uno de ellos para ahondar y entender mejor cada detalle. Comencemos.
Denuncias por presunta financiación irregular de campañas aumentaron un 326 %
Antes de ir al contexto, es preciso recordar que toda la información publicada en nuestro portal sobre las investigaciones relacionadas con la campaña Petro, que comenzaron con una denuncia anónima que llegó el 2 de febrero de 2023 en un correo electrónico al CNE, además de todas las menciones que se han hecho al respecto sobre Nicolás Petro, Armando Benedetti y Laura Sarabia, aparecen alojadas en este enlace. Ahora, con esto claro, vamos a esos siete hechos que tiene el CNE en investigación, los mismos que han hecho que, una vez más, la polarización sea pan de cada día con miles de ojos sobre los registros de la campaña presidencial que unos defienden y otros acusan:
1. Fecode y su aporte de $ 500 millones.
2. Polo Democrático Alternativo y su aporte de $ 500 millones, incluida una factura por pago de publicidad en televisión.
3. El pago a los testigos electorales el día de las elección, un costo de $ 931 millones.
4. La factura 8136 también por publicidad en televisión nacional por $ 356 millones.
5. El registro de Ingenial por $ 931 millones.
6. Sadi, que es el sonado caso del avión privado que transportó a Petro, que tiene relación con una empresa de criptoactivos, por $ 1.249 millones.
7. El aporte de la USO por $ 121 millones.
Teniendo en cuenta estos datos y de acuerdo con el CNE, la campaña del entonces candidato Gustavo Petro habría sobrepasado el tope en $ 3.709 millones.
Pero, antes de seguir y quedarnos en la coyuntura, vayamos un poco atrás. El 21 de enero de 2024 Laura C. Peralta Giraldo contó todos los detalles del rastro del dinero con el que se había reactivado el expediente de la campaña Petro. Ese día nos detalló: “El Espectador accedió a la totalidad de los libros contables de la campaña y a los autos completos con los que el Consejo Electoral vuelve a mover la indagación por presuntas irregularidades en la financiación”. Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) son los dos magistrados que desde junio del 2023 recibieron el encargo de liderar la comisión especial “para revisar a fondo los libros financieros de la campaña del Pacto Histórico”.
Laura Peralta nos explicaba que “en los reportes que entregó la campaña, ambos firmados por Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña, y por María Lucy Soto Caro, quien fue la auditora interna, se dejó claro que no hubo ingresos del patrimonio del candidato o de sus familiares, que fueron pocas las personas naturales que hicieron donaciones o dieron apoyos en especie, y que la mayor fuente de ingresos para la campaña fue mediante créditos con el sector financiero. De los casi $ 19.500 millones que se le inyectaron a la campaña en primera vuelta para expandir el mensaje de cambio en el país, instalar vallas, hacer presencia en radio, televisión y redes sociales, arrendar sedes, viajar entre departamentos y suplir todo gasto, $ 18.900 millones (97 %) provienen de créditos con el Banco de Bogotá, GBS Sudameris S. A. y Confiar Cooperativa Financiera. Para la segunda vuelta, en la que los ingresos reportados fueron de poco más de $11.638 millones, el 99 % ($ 11.606 millones) salieron de un préstamo con Confiar”. Para ese instante, de acuerdo con la información publicada en El Espectador, la campaña estaba “a menos del 1 % de sobrepasar” el tope permitido por la ley:
Política
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Cara a cara con Ricardo Roa y requerimiento a la DIAN mueven caso Petro en CNE
A finales del pasado enero, se supo que la Fiscalía había allanado las oficinas de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), en medio de la investigación por la presunta financiación ilegal de la campaña “Petro-Presidente 2022-2026″. Allí, los investigadores encontraron algunos documentos que probarían el ingreso de $ 500 millones que no fueron debidamente reportados. Nos explicaban que, al parecer, “el dinero es producto de una donación que Fecode le hizo a Colombia Humana y que habrían terminado en la cuentas de la campaña”. De acuerdo con una publicación de El Tiempo, se citaba un acta que “señala que, en septiembre de 2022, el Comité Ejecutivo de Fecode “aprobó un aporte económico para colaborar con la campaña”. En total fueron $ 500 millones girados a nombre de Dagoberto Quiroga, representante Colombia Humana”.
¿Por qué llamaba la atención este monto? “El problema con este aporte es que, según las cuentas oficiales, la campaña estuvo a solo $151 millones de superar el tope de gastos en primera vuelta y a $147 millones del de la segunda”, contaba la sección Política. Y si se comprobaba el ingreso de esos $ 500 millones, entonces ese techo se habría superado, violando la ley. Para ese momento ya había investigaciones en paralelo en el CNE, la Corte Suprema, la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara. En este instante ya la investigación del CNE cumplía un año “revisando los libros contables de la campaña, solicitando facturas, llamando a testigos y buscando si algunos señalamientos de presuntas irregularidades en la campaña son verdaderos o falsos”. Ricardo Roa, gerente de la campaña, es el principal señalado por lo que se ha entendido como un vacío en las cuentas. Incluso “la autoridad electoral le pidió a la Dian la información exógena de Roa para conocer cómo movió su dinero en época electoral”, detallaban los reporteros que han seguido toda la investigación.
El rastro del dinero de empresas en campañas presidenciales
Por el lado de los testigos electorales, “tampoco aparece en la información reportada”. Laura Peralta nos recordó: “El mismo Petro, cuando era aún candidato, dijo que su desempeño en las urnas dependería de los más de 80.000 testigos electorales que presentó la coalición del Pacto Histórico a la Registraduría”. Entre la información que se está analizando aparece, por ejemplo, si es cierto que la campaña giró entre $30.000 y $60.000 a cada uno de esos más de 70.000 testigos. En cuentas de servilleta, aquí ya se estaría hablando de $ 2.190 millones si se tiene en cuenta los testigos inscritos por el Pacto Histórico ante la Registraduría, tan solo haciendo cuentas sobre el pago de $ 30.000 y no de $ 60.000. “Uno de los llamados a declarar fue Cristian Uscátegui, una de las cerca de 73 mil personas que vigilaron la votación y las que se les habría pagado $60 mil por día de trabajo, además de alimentación y transporte. Pero esos gastos no aparecen en la contabilidad reportada”, se lee en este texto escrito por Laura Duarte Sandoval.
Según le contó Uscátegui a El Espectador, los testigos electorales se vincularon a la campaña a través de un aplicativo de la compañía Ingenial Media, que prestó servicios de consultoría informática en 2022: “Ahí había un formulario de aceptación. La campaña nos incluía, nos daba un correo de respuesta y empezamos a hacer parte. Al inicio fue un voluntariado y se dividía en varios frentes de trabajo: testigos electorales, jurados de votación, comunicaciones, publicidad y logística. Y hubo pagos en las tres jornadas electorales, es decir, en marzo para Congreso y consulta interpartidistas; en mayo, para la primera vuelta; y, en junio, para la segunda vuelta”.
A finales de febrero también se esperaba que la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi Real Estate S.A.S) –contratada por el Pacto en la campaña para realizar viajes-, le entregara una “copia íntegra de los libros de vuelo en los que se identifiquen los datos de todo pasajero transportado”. Y para ese instante, la DIAN también debería entregar copia de la facturación electrónica de la firma. A comienzos de marzo fueron días movidos en todas estas indagaciones, en la búsqueda de información y en la entrega de versiones:
Judicial
Fiscalía ordena revisión de documentos del CNE sobre campaña del Pacto Histórico
Política
Roa dio su versión ante el CNE por las presuntas irregularidades en la campaña Petro
Política
Inspeccionan expediente Petro en CNE y definen cita con hijo del presidente
Política
CNE indaga $4 mil millones que habría pagado campaña Petro a Sociedad Aérea de Ibagué
¿Qué dijo Ricardo Roa ante el CNE? Lo que se logró averiguar de dicha declaración, aparece resumido en este párrafo: “Roa habló sobre el pago que hizo la campaña a los testigos electorales que el Pacto Histórico inscribió ante la Registraduría para que vigilaran el proceso electoral, también de los viajes aéreos que hicieron algunos candidatos de la coalición y miembros del equipo con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi). Se le preguntó igualmente sobre el informe que realizó Nexia Montes & Asociados, la empresa que realizó la auditoría a las cuentas de la campaña y que halló que algunas facturas fueron registradas por un menor precio”.
La Fiscalía, entre tanto, hacía una solicitud de documentos al CNE asociados a la campaña del Pacto Histórico pero relacionada con un congresista en particular y no con la del primer mandatario. Para el 6 de marzo el país se enteraba de que los tres representantes que investigaban al presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Wilmer Carrillo (Partido de la U.), Gloria Arizabaleta y Alirio Uribe (los dos del Pacto Histórico), por las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral de 2022, tenían en su agenda una inspección del expediente que está en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Y a la par, la máxima autoridad electoral, pedía nuevos documentos relacionadas con los vuelos que hicieron el equipo y candidatos del Pacto Histórico con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi). Blu radio, justo para ese instante, aseguraba en una investigación que el CNE “indagará si la Unión Sindical Obrera (USO) aportó dinero a la campaña” después de conocerse una revelación de esa emisora que así lo evidenciaba.
El 3 de abril, casi un mes después, se conocía que “en el CNE ya hay una ponencia con la que se pide formular cargos a la campaña Petro por posible uso irregular de la propaganda electoral”. Todos los detalles están en este enlace, pero aquí va un adelanto: “El Espectador confirmó que el caso está en el despacho del magistrado Alfonso Campo, cuota del Partido Conservador, quien viene recogiendo pruebas en torno a un posible uso extemporáneo de la propaganda política a la que tiene derecho un candidato presidencial”. “Según ese documento de 44 páginas, que este diario tiene en su poder, Petro y su campaña serían responsables de “presunta vulneración a los artículos 34 y 35 de la Ley 1475 de 2011, en lo concerniente a la realización de gastos anticipados y propaganda electoral anticipada con ocasión de las elecciones presidenciales periodo 2022-2026″”. Y contaban los colegas de Política que “incluso, Campo, quien acaba de dejar la presidencia de la organización, proyectó una ponencia en la que pide que se formulen cargos administrativos contra la campaña de Petro, pero no se ha logrado consenso entre los ocho magistrados que actualmente conforman la sala plena del CNE para darle trámite, ya sea para rechazarla o para dar el siguiente paso y abrir en proceso formal”.
Trece días después una página más se le sumaba a este libro de denuncias, acusaciones y defensas. “El 8 de marzo de 2022, según un informe de La Silla Vacía, el presidente Gustavo Petro usó un avión propiedad del ingeniero Pedro Contecha, quien varios meses después, con Petro en la Casa de Nariño, obtuvo un contrato con el Gobierno para atender el deslizamiento en Rosas (Cauca). De acuerdo con el reportaje, el hoy presidente viajó en la aeronave para atender un evento de campaña, pero la información no fue reportada ante el CNE, por lo que podría existir una irregularidad”, se lee en este texto. El presidente Gustavo Petro aseguró que el viaje se realizó cuando aún no estaba en campaña, razón por la cual la información no se encuentra en los registros oficiales. Sin embargo, las fechas del vuelo coinciden con las de la campaña por la consulta del Pacto Histórico, nos explicaron los periodistas de la sección Política de El Espectador.
A mediado de abril ya se advertía que los magistrados “Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada estarían listos para presentar ante la sala plena de ese tribunal el proyecto de resolución para formular cargos contra el mandatario Gustavo Petro, el gerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; y contra los auditores por la presunta violación de topes y financiación irregular en 2022″:
Política
Magistrados del CNE pedirían formular cargos a Petro y Roa por financiación de campaña
Política
Ricardo Roa guardó silencio sobre la posible formulación de cargos en el CNE
Política
CNE pidió nuevas pruebas sobre campaña Petro: citó a empresarios de Daily Cop
Política
Así se mueve el expediente Petro en el CNE y el Congreso en su etapa clave
Entró en la fila de la investigación el nombre de la captadora ilegal DailyCop, que habría afectado a cerca de 200.000 ciudadanos que invirtieron en una criptomoneda. ¿Por qué? Porque “Ómar Hernández Doux-Ruisseau, uno de los dueños de DailyCop, aseguró a través de su abogado que tiene información sobre la relación entre la captadora y las cuentas de la campaña. Hernández habría sido testigo de una reunión entre el entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, y Juan José Benavides, otro de los dueños de la moneda virtual. Según el abogado, en ese encuentro se habría acordado que la campaña usara un avión de la empresa para algunos viajes del entonces candidato Petro”. Entonces “por estas declaraciones, los magistrados solicitaron llamar a rendir testimonio a Ómar Hernández Doux-Ruisseau y a Cristian Andrés Hernández Valencia, para que expongan “todo lo que le conste sobre los pagos realizados al señor Roa, como financiación de la campaña electoral mencionada””.
Petro señaló a la derecha de buscar “un juicio político” que acabe con su mandato
Y justo el miércoles 8 se mayo se concretó lo que se venía especulando: “Los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) radicaron la ponencia para formularle cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro por irregularidades en su financiación y haber violado el tope de gasto permitido”, se leía en el titular. “En la ponencia, los magistrados mencionan que la campaña del presidente habría violado el tope de gasto permitido. Se señalan pagos a testigos electorales, que no habrían sido reportados en su totalidad; facturas que podrían haber sido anuladas para pasarlas por un menor precio, tal como lo indicó la empresa que le hizo auditoría a los libros contables de la campaña Nexia Montes & Asociados”.
El primer mandatario dijo que se trataba del “inicio de un golpe blando”. Y cuestionó, con nombres propios, a la casa matriz de Colsanitas y al partido de la oposición: “Donaciones a partidos, tales como las que hizo Keralty al Centro Democrático, pero aquí de sindicatos a Colombia Humana, las vuelven irregulares cuando son permitidas por la ley”. Y también respondió sobre el otro asunto espinoso de los testigos electorales hablando de los tiempos de campaña: “Gastos supuestos después de que termina la campaña electoral son presentados como si fueran dentro de la campaña. La campaña por ley termina antes del día de elecciones”.
Petro, en su cuenta de X, escribió: “Estamos ante una arbitrariedad: Una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional”. Y volvió a decir que este tipo de decisiones hacen parte de un “golpe de Estado” en su contra. Entonces el CNE contestó: “Se afecta la democracia cuando quien está llamado a garantizar la unidad nacional y la estabilidad institucional descalifica las actuaciones de las autoridades debidamente constituidas”. Y ante lo que el jefe de Gobierno llamó “arbitrariedad”, el CNE respondió que sus acciones están amparadas por las competencias otorgadas por la Constitución Política y las leyes colombianas, incluyendo la Ley 130 de 1994, la Ley 996 de 2005 y la Ley 1475 de 2011. “Incluso hizo referencia a la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado como fundamentos legales para su actuación”, nos contaron los colegas de la sección Política que cubren a diario a la presidencia y a la autoridad electoral.
De acuerdo con los tiempos, dos semanas tendrán los ocho magistrados del Consejo Nacional Electoral para estudiar la ponencia que pide formularle cargos a la campaña del presidente Petro por presuntas irregularidades en su financiación. Ya se hablaba de violar el tope de gasto por más de $5.400 millones. Petro, entre tanto, dijo que buscará apoyo en las calles. A la par, comenzó una discusión jurídica sobre si esa entidad tiene la autoridad de imputarle cargos a un primer mandatario. Y, claro, se revivió una vieja discusión sobre el CNE, sus investigaciones, sus orígenes políticos y sus resultados en otras investigaciones de pasadas campañas presidenciales, como la de Santos y la de Duque (Odebrecht – ‘Ñeñepolítica’):
Política
Los $5.400 millones de la campaña Petro que no le cuadran al CNE
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Política
La voluntad política para reformar el CNE reapareció tras dos intentos fallidos
La situación va en que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que el magistrado del Consejo Nacional Electoral Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) debió haberse declarado impedido pues se trata de “un militante activo de una campaña contra Gustavo Petro”. En entrevista con la FM, dijo: “No me gusta que un magistrado del CNE de un partido de oposición tome este tipo de decisiones, pero también sería muy delicado que un magistrado que represente al Pacto Histórico tome decisiones contra un partido de oposición”.
Desde ese 8 de mayo más y más información ha venido construyendo todo este caso. Por ejemplo, en 66 folios, los representantes y senadores del Pacto Histórico argumentaron la presunta violación del principio de imparcialidad y conflicto de interés del magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada y por eso presentaron una recusación en su contra.
Ahora, cuando ya el CNE por medio de estos dos magistrados ha mostrado sus primeras cartas, Laura Duarte Sandoval, nos contaba que “la Comisión de Acusación avanza en la recolección de pruebas” mientras Mauricio Pava, abogado del primer mandatario, aseguraba que la defensa tiene “argumentos contundentes” para evitar un juicio político.
Laura Duarte nos recordó que “lo cierto es que constitucionalmente es esa la Comisión de la Cámara la encargada de investigar a aforados, es decir, al presidente de la República, a magistrados de las altas cortes, al fiscal y a otros. En el caso que atañe al primer mandatario, la Comisión lo investiga por la presunta financiación del proceso electoral con dineros de origen prohibido y por la violación de los topes de gastos. Ambos son delitos electorales de tipo penal”. Pava le dijo a El Espectador que ha solicitado que todas las indagaciones que tocan al jefe de Estado se remitan a esa célula legislativa. “El CNE debió enviar a la Comisión todo lo relacionado con el presidente, tan pronto como ganó las elecciones, tal como lo hizo la Corte Suprema con las denuncias en su calidad de senador, en virtud del fuero constitucional”.
El pasado 11 de mayo se supo que precisamente la Comisión de Acusaciones escuchará el próximo 16 de mayo los testimonios de dos congresistas: Agmeth Escaf y Pedro Flórez. Y pidió prueba testimonial a través de cuestionario a Laura Sarabia y Armado Benedetti. También está en la lista Christian Daes Abuchaibe, el exdiputado del Atlántico, Máximo Noriega; y solicitaron a la Procuraduría una copia del expediente de la investigación disciplinaria contra Nicolás Petro en relación con su participación en la campaña presidencial.
Fuentes cercanas a la administración Petro hablan del trabajo con miras a una Constituyente para defender al Gobierno en el que las coordinadoras populares serían fundamentales. En que la Fiscalía avanza en la investigación penal que apunta a que narcos invisibles habrían invertido en la moneda digital de la empresa DailyCop.
Política
Denuncian a magistrados que piden investigar la campaña de Gustavo Petro
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Piden anular las investigaciones del CNE en contra del presidente Gustavo Petro
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Gastos en testigos: ¿campaña Petro debió reportar pagos por más de $1.600 millones?
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Oposición recusó a magistradas del Pacto Histórico ante el CNE por caso Petro
¿Y en qué vamos? En que la próxima semana, si es que se cumplen los tiempos, el país conocería qué decide el pleno del CNE con sus magistrados como protagonistas después de estudiar la ponencia que pide formularle cargos al primer mandatario y al gerente de su campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol. En que la guerra de recusaciones comenzó en el Consejo Nacional Electoral, pues hace una semana, el 8 de mayo, congresistas del Pacto Histórico presentaron una recusación contra Prada, del Centro Democrático, y ahora “el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, presentó recusaciones en contra de Fabiola Márquez Grisales y Alba Lucía Velásquez, magistradas en representación del Pacto Histórico, pues en su caso también estarían violando el principio de conflicto de interés por su cercanía con el Gobierno, lo que les impediría actuar con imparcialidad”, dijo.
En que uno los abogados del jefe de Estado, Héctor Carvajal, le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que anule todas las pruebas que se han practicado hasta el momento en contra del mandatario, por considerar que están “viciadas”. De acuerdo con el jurista, “no existe ninguna norma internacional, constitucional o de orden legal, que le permita al Consejo Nacional Electoral investigar y juzgar al señor presidente de la República frente a denuncias por violación de topes y financiamiento irregular de la campaña”. Y con ello, vuelve la discusión a entrar al cuadrilátero jurídico. Incluso otro abogado, Elmer Montaña, presentó una denuncia en la Fiscalía General en contra de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, de nuevo, los dos que vienen haciendo la investigación en el CNE, por lo que Montaña considera es un “prevaricato por acción” al presentar la ponencia pidiendo que se investigue al mandatario nacional y otros directivos de su campaña presidencial de 2022.
Se trata de una batalla jurídica, sin duda. Hay argumentos de un lado y de otro. Fuentes cercanas al Consejo Nacional Electoral “le explicaron a este diario que los magistrados que presentaron la ponencia sostienen que sí pueden investigar a Gustavo Petro, pues lo hacen por conductas que habría cometido como candidato presidencial. Es decir, cuando no tenía fuero”. La redacción Judicial habló con el abogado Alfonso Portela quien conoce, como pocos, los pormenores de las investigaciones del CNE, pues estuvo al frente de casos de la relevancia de la investigación contra la campaña Santos Presidente por la supuesta financiación de Odebrecht. “La competencia que se han arrojado funcionarios del CNE para investigar presidentes es discutible. Uno no puede imaginarse a un mandatario supeditado a que una autoridad distinta que su juez natural pueda iniciar una investigación. El fuero presidencial no puede pensarse según el caso porque pierde su naturaleza y una investigación tan delicada como la que se puede adelantar contra un presidente quedaría en manos del criterio de cualquier funcionario”, explicó Portela.
Para interpretaciones, los abogados. Eso lo hemos visto en cada caso. Se supone que el conducto regular que todos conocen es que el CNE investiga, pues está en todo su derecho, incluso de imponer sanciones en contra de gerentes y administradores. Pero cuando se trata del presidente de la República, el CNE debe compulsar copias a la Comisión de Acusación, quien adelantaría el juicio político en contra del mandatario. “El CNE investiga la campaña, no al presidente”, dijo el constitucionalista Juan Manuel Charry. Estaremos atentos al desarrollo de toda esta investigación desde las secciones de Política y Judicial de El Espectador, pues son varios los frentes paralelos que se han venido adelantando.
Este es un hasta pronto con nuestro mensaje final: si les gustó este newsletter y el contenido que desarrollamos en El Espectador, invitados a disfrutar del contenido exclusivo que tenemos en nuestra página web. En esta labor de todos los días necesitamos compañía no solo para las críticas, que las recibimos con humildad, sino para que nos ayuden a construir un mejor país, denunciando, indagando, investigando, informando. Y no olviden dejar aquí abajo los temas que ustedes quisieran que investiguemos en la redacción de El Espectador. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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