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Los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz Torres, escribieron a toda máquina una ponencia de 312 páginas en la que, en sus últimas páginas, se jugaron una carta que nadie antes había osado poner sobre la mesa: proponer la formulación de cargos a un presidente de la República, pese al fuero presidencial que lo protege, precisamente, de investigaciones como esta. Lo que sostiene el extenso documento es que en la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro se violaron los topes de gasto que permite la ley y, en consecuencia, el primer mandatario, el gerente de la campaña, Ricardo Roa (hoy presidente de Ecopetrol), y dos auditores de la campaña, deben ser investigados.
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Aunque se trata apenas de una ponencia que todavía tiene que ser discutida en Sala Plena en medio de tensiones estrategias de dilación y debates internos de carácter político que ya se desataron, el proyecto de fallo contiene pistas claras de qué fue lo que encontraron Prada y Ortiz en su investigación. En concreto, los magistrados le pusieron la lupa a 12 hechos en los que, al parecer, la campaña Petro Presidente habría ocultado información y modificado facturas para reducir los precios de varios gastos y, de esta manera, no superar el tope de gasto. Según la ponencia, en el caso en cuestión, la campaña habría vulnerado ese techo presupuestal con un total de $4.400 millones. Estos son los 12 pagos que no habría reportado la campaña presidencial.
1. El pago de $500 millones de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode)
De acuerdo con la ponencia, la campaña Petro Presidente no reportó en sus cuentas el pago de $500 millones que hizo Fecode durante la contienda electoral de 2022. A esa conclusión llegaron los magistrados luego de estudiar documentos contables, contratos y declaraciones en las que, al parecer, quedó en evidencia que el dinero que donó el sindicato de maestros al partido Colombia Humana, en realidad habrían terminado en las cuentas de la campaña. La irregularidad radica en que personas jurídicas, como una federación, no pueden donar directamente a una campaña presidencial, como así lo dejaron por escrito varios de sus integrantes cuando realizaron la donación.
Casos como esté han ocurrido en otras campañas políticas, pero solo hasta ahora la ponencia del CNE busca formular cargos por la omisión en su reporte. Lo que la campaña Petro tendrá que defender, en caso de que la ponencia prospere, es si ese dinero se usó realmente para gastos de la campaña, o si, por el contrario, se usó para pagar asuntos después de las elecciones presidenciales de 2022. Justamente esa es la posición que ha planteado la defensa de los involucrados en este punto, pues aseguran que esos $500 millones no se usaron para promocionar al entonces candidato, sino para pagar a un esquema conocido como control electoral, es decir, los llamados testigos electorales.
2. El préstamo de $500 millones del Polo Democrático
El 10 de mayo de 2022, el Polo Democrático le prestó $500 millones a la campaña presidencial. El destino del dinero no es claro, pero lo que sostiene la ponencia del CNE es que los encargados de las cuentas eliminaron, sin justificación alguna, el préstamo del partido político para, al parecer, reducir los gastos. Aunque la investigación aclara que la campaña le pagó esos millones al Polo, el proyecto de fallo señala que la eliminación de ese monto de las cuentas de la campaña, sin mayores argumentos, es prueba de que los involucrados lo hicieron para reducir el valor total de los gastos de la campaña y evitar sobrepasar el tope permitido que, para la primera vuelta, quedó pactada en $28.536 millones.
Ahora bien, lo que han tratado de explicar quienes eliminaron los $500 millones de las cuentas es que, como se trataba de un préstamo que se pagó, no era necesario mantener ese monto como un costo de campaña porque, finalmente, el Polo Democrático recibió todo el dinero que había prestado. En otras palabras, ese asunto, para la campaña, quedó en ceros.
3. El pago $931 millones para testigos electorales
La ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz Torres señala que, durante la campaña de 2022, varias empresas dedicadas al servicio postal de pagos realizaron una serie de giros de dinero para pagar el trabajo de testigos electorales en todo el país. Aunque se trataba a simple vista de movimientos entre empresas privadas en los que nada tenían que ver los miembros de la campaña, lo que señala el proyecto de fallo es que una de esas empresas, Ingenial, no tenía de dónde sacar $931 millones para pagarle a Matriz Giros por los servicios de los testigos electorales. Por eso, para los ponentes, en realidad no se trató de un asunto entre terceros, sino una donación en especie a la campaña.
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Y, de nuevo, ocurre algo similar como en el caso Fecode: como Ingenial es una empresa con personería jurídica y no natural, no podía hacer esta clase de donaciones a una campaña política. Como todo se trató de pagos por fuera de la campaña, la ponencia resalta que ni el presidente Petro, ni el gerente Roa ni los auditores reportaron la supuesta donación que habría costado $931 millones, no solo para disimular que la había hecho una entidad que no podía, sino para no superar el tope permitido.
4. Una factura de $356 millones de publicidad en televisión
Todas las transacciones por propaganda electoral deben ser reportadas en el portal de Cuentas Claras. En este sentido, lo que encontraron los ponentes es que, al parecer, la campaña de Gustavo Petro no reportó un pago de $356 millones que le pagó a Caracol Televisión para que emitiera varios videos de publicidad en su canal. Según los hallazgos, las cuentas mostraron que sí se hizo un reporte por este valor, pero durante la segunda vuelta y, al parecer, la propaganda se emitió durante el 2 y 23 de mayo, es decir, cuando el candidato Petro estaba todavía en primera vuelta.
5. Los $202 millones de otra campaña política del Pacto Histórico
El quinto hallazgo de la ponencia apunta a que la campaña Petro Presidente no reportó oficialmente un pago de $202 millones para la preparación de testigos electorales, un dinero que, al aparecer, habría salido de la campaña al Senado del Pacto Histórico que nunca se utilizó. Lo que argumenta el proyecto de fallo es que ese dinero se gastó a través de la empresa Ingenial, que se encargó de preparar a los testigos, pero también, al parecer, de comprar elementos tecnológicos durante la primera vuelta presidencial. La ponencia del CNE asegura que nadie de la campaña Petro Presidente reportó el pago.
6. Los vuelos en avión privado de los que no se reportaron $1.249 millones
Para facilitar el movimiento del candidato presidencial y de su círculo más cercano durante la campaña, el gerente Ricardo Roa firmó un contrato con la entonces reputada empresa Daily Cop que se perfilaba como la primera compañía que, para 2022, iba a poner a circular en la web la primera criptomoneda colombiana. El negocio se pactó para que los contratantes le prestaran su avión privado a la campaña durante 120 horas de vuelo. Hasta ahí, nada irregular. El problema apareció, según la ponencia, cuando en Cuenta Claras aparecieron inconsistencias sobre ese pago. Primero, porque, al parecer, se borraron una factura de $4.000 millones que habrían costado los vuelos.
Y segundo, porque luego de haber eliminado ese valor, volvieron a ajustar el precio. Según la ponencia, esas inconsistencias no son otra cosa que una maniobra para eliminar los verdaderos valores del contrato. Por eso, insiste el proyecto de fallo, la campaña dejó de reportar $1.249 millones que se contrataron con Daily Cop.
7. El pago de $121 millones de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO)
Los documentos que rastrearon los ponentes para este punto muestran que la unión sindical aprobó un pago de $600 millones para gastos de la segunda vuelta, pero que, en realidad, una buena parte de esos recursos se usaron en la primera. En concreto, fueron $121 millones que se habrían gastado el 27 de mayo de 2022 en alimentación y transporte de subdirectivas. Sin especificar si los recursos beneficiaron a funcionarios de la campaña, la ponencia señala que la campaña no los reportó y que, además, como en casos anteriores, fueron donaciones de personas jurídicas que están prohibidas por la ley.
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Hasta aquí llega la ponencia del CNE frente a los cargos que busca imputarle contra el presidente Petro, al gerente Roa, y a los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, por gastos no reportados en la primera vuelta presidencial. No obstante, como segundo cargo, el proyecto de fallo señala que, durante la segunda vuelta, hubo otros cuatro pagos no reportados que, en total, suman $1.646 millones.
8. El pago de $100 millones para un evento en el Movistar Arena
El 16 de junio de 2022, a tres días de la segunda vuelta presidencial, la campaña de Gustavo Petro tenía todo listo para hacer un evento de cierre en el Movistar Arena de Bogotá. Para su alquiler, dice la ponencia, Ricardo Roa firmó un contrato con la empresa TBL Live SAS en cuyos registros quedó registrado un pago por sus servicios de $250 millones. Sin embargo, los ponentes señalan que la campaña solo reportó un pago de $150 millones, por lo que habría omitido en reportar los otros $100 que habría costado el servicio de la empresa contratada. Según el proyecto de fallo, el hecho de no reportar el monto real que quedó en facturas de la Dian habría sido una estrategia para no sobrepasar los topes electorales.
9. El pago de $177 millones para testigos electorales de la segunda vuelta
En este punto de la ponencia, las conductas empiezan a repetirse. Como habría ocurrido durante la primera vuelta, la campaña Petro Presiente habría cometido el mismo error en junio de 2022, cuando, a través de la empresa Ingenial, se contrató la preparación de testigos electorales para todo el país. Lo que explica la ponencia es que esa compañía no tenía el presupuesto para pagarles, por lo que había recibido una donación de una tercera sin que quedara en los registros oficiales de los gastos de la campaña. Por esa razón, el proyecto de fallo señala que el hoy presidente, el gerente Roa y los auditores omitieron reportar un pago de $177 millones que sirvió para pagarle a los testigos que estuvieron supervisando la segunda vuelta.
10. Logística de $530 millones para el transporte de testigos que pagó la Colombia Humana
Para los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz Torres no hay duda de que un pago de $530 millones que hizo el partido Colombia Humana para el transporte y alimentación de los testigos electorales de la segunda vuelta fueron gatos que la campaña Petro Presidente omitió reportar. Según su ponencia, es claro que esos servicios beneficiaron y fueron a favor del entonces candidato, por lo que no habría ninguna razón para no adjuntarlos a las cuentas de la campaña. Sobre este punto, el documento aclara que ese pago sí fue reportado por el partido, pero no da más detalles sobre por qué, si quedó en cuentas de esa colectividad, también debía estar en las de la campaña presidencial.
11. El uso de jet privado para la segunda vuelta y la audiencia de un pago de $962 millones
De nuevo, la historia se repite. Según la ponencia de los magistrados Prada y Ortiz, el avión privado que la empresa Daily Cop ofreció “donarle” al candidato presidencial y círculo cercano operó también durante la segunda vuelta. Según el documento, el valor de los servicios prestados por la compañía de criptomonedas ascendió a $ 1.762 millones, pero la campaña solo reportó a Cuentas Claras un total de $799 millones. Lo que sostienen los ponentes es que los encargados de las cuentas omitieron reportar $962 millones de lo que realmente costaron los servicios de transporte aéreo de lujo. Esto, de acuerdo con el proyecto de fallo, se dio para evitar sobrepasar los topes electorales.
12. El segundo pago de la USO, esta vez por $379 millones, que no se habría reportado
De nuevo, lo que sostiene la ponencia es que la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo aprobó un pago a favor del Pacto Histórico y, en sus archivos oficiales, quedó registro escrito que el dinero era para la campaña presidencial. En total, fueron varios pagos por un valor de $379 millones que terminaron, dice el documento, en gastos de la campaña, pese a que la donación había sido hacia esa coalición política. Lo que señala el proyecto de fallo es que, como en casos anteriores, el dinero no podía llegar a pagos que tuvieran que ver con la campaña porque este tipo de contiendas no aceptan donaciones de personas jurídicas como la USO.
Hay ruido político por una estrategia de posible dilación
Ahora bien, más allá de los enredos con los reportes, en los pasillos del Consejo Electoral también se viven otras tensiones. Por un lado, de acuerdo con fuentes consultadas por El Espectador, el origen político de los magistrados los tiene en una especie de confrontación en torno a si avanzar o no con la discusión de la ponencia de Ortiz y Prada.
De hecho, ya hay dos bandos definidos que –si bien en público evitan pronunciarse– en privado ya han mostrado la inclinación por cómo votarían de fondo sobre la ponencia más allá de la discusión jurídica que se desató por su contenido.
En una de las alas de la Sala Plena del CNE están Ortiz (Partido Liberal) y Prada (Centro Democrático), que apoyarían su documento, junto a Maritza Martínez (Partido de la U), César Lorduy (Cambio Radical) y Alfonso Campo (Partido Conservador). Pero, para ser mayoría, hace falta otro voto y por eso hay expectativa en torno a si el liberal Altus Baquero podrá o no retomar su silla tras un fallo del Consejo de Estado que anuló su elección, el cual está ahora mismo pendiente de revisión en la Corte Constitucional.
La otra opción es un conjuez, aunque dependiendo de quién asuma este rol –si se llega a ese punto– se sabría si les da la mayoría a los partidarios de avanzar en la formulación de cargos contra la campaña presidencial de Petro o si se junta con el otro bando.
En esta parte, que con base en las cuentas actuales pareciera ser minoría, están Fabiola Márquez (Pacto Histórico), Alba Lucía Velásquez (Polo Democrático) y Cristian Quiroz (Alianza Verde). Estos tres magistrados van en línea con la tesis del jefe de Estado en torno a una posible extralimitación de funciones del CNE al querer formularle cargos directamente al presidente y, además, coinciden en la tesis de que los gastos en testigos electorales durante el día de las votaciones no tendrían que reportarse como egresos de campaña, otra de las tesis de la defensa del mandatario.
Todos, de manera informal, se han cruzado mensajes y han sostenido algunos encuentros para analizar caminos jurídicos y políticos en torno a qué deberían hacer cuando por fin se cite la Sala Plena del CNE para debatir si avanzan o no con la ponencia que se radicó hace dos semanas. Y, por supuesto, sus jefes políticos no han estado ausentes de estas deliberaciones, porque cualquier paso que se dé tendrá repercusiones en las toldas de las que cada uno proviene y efectos en su proceder frente al Gobierno.
Por eso, según fuentes del propio tribunal electoral, no es gratuito que desde ambos bandos se desplegara una estrategia que –al fin de cuentas– terminará dilatando el avance de este proceso administrativo. El primero en lanzar su carta fue el Pacto Histórico de Petro, que recusó al magistrado Prada por considerar que no es una persona imparcial para juzgar la campaña del jefe de Estado; de paso, se hizo hincapié en que está llamado a juicio en la Corte Suprema por posible fraude procesal y soborno a testigos.
Y justo este miércoles el Centro Democrático –partido de Prada– destapó la suya al también recursar a las magistradas Márquez y Velásquez por su cercanía con Petro y posible falta de parcialidad a la hora de asumir de fondo el caso.
Las tres recusaciones tienen que dirimirse en Sala Plena, instancia en la que –además– está pendiente de tramitar la solicitud que hizo la defensa del presidente Petro para que se anulara lo actuado y se pasara el expediente a la Comisión de Acusación de la Cámara. Esta última instancia tiene previsto este jueves pedirle al CNE que le remita todo el expediente por una presunta falta de competencia al haber vinculado al jefe de Estado, así como recoger nuevos testimonios, entre ellos el del polémico contratista Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca’, vinculado al expediente por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta Nicolás Petro, primogénito del jefe de Estado.
Pero todo esto se traduce en que deben pasar varias semanas antes de que el pleno del Consejo Electoral entre a definir si estudia o no la ponencia, lo que implica que los términos globales del proceso administrativo se apretarán más. La razón es que este tipo de acciones tienen un plazo de hasta tres años para ser investigadas, contados a partir del cierre de la campaña, lo cual se cumpliría en 2025.
De hecho, esto último también motivó la cita privada que Petro convocó en la noche de este miércoles en la Casa de Nariño, a la cual fueron varios delegados del Pacto Histórico y otras fuerzas de izquierda quienes, junto a Petro, Laura Sarabia (directora del Dapre) y Luis Fernando Velasco (ministro del Interior) –entre otros– acordaron nuevas líneas estratégicas de acción política.
El Espectador estableció que se ratificaron en la tesis de que hay un supuesto “golpe blando” contra la primera administración de izquierda y que el relato de que el pueblo debe rodear al actual inquilino de la Casa de Nariño debe potenciarse; esto implica el llamado a nuevas movilizaciones callejeras. Otro punto que se abordó es la necesidad de que la colación del Pacto se vuelva un partido formal para enfrentar las elecciones del 2026 y evitar así perder el poder.
Todo esto se enmarca, como lo han dicho Petro y sectores de oposición como el expresidente Álvaro Uribe, en medio de una campaña anticipada en la que la polarización subirá día a día de tono. El relato así lo demuestra.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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