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En septiembre pasado el gobierno de Gustavo Petro, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, tomó posesión de Air-e, la empresa que presta el servicio de energía en La Guajira, Atlántico y Magdalena, y que llegó tras la salida de Electricaribe. Hoy siguen los nubarrones en el panorama de la compañía. Pagar la energía a los generadores es todo un reto, como lo reconoció en esta entrevista Edwin Palma, agente interventor, y la meta de bajar las tarifas no está cerca.
Las deudas de los usuarios de Air-e suman $4,7 billones. Cada mes, según Palma, los robos de energía dejan $50.000 millones en pérdidas. Para este punto, la empresa no ha logrado restablecer los servicios tras un “hackeo” que se presentó en septiembre. El interventor le está pidiendo a la Superserviciosque permita que la empresa adelante la auditoría forense, teniendo en cuenta que la “custodia de los equipos” está generando problemas.
¿Qué puede decir sobre lo que encontró en la intervención?
Encontramos un desorden. Las empresas se pueden administrar, y más si son privadas, de la forma en que lo estimen. Pero creo que desde el punto de vista administrativo, del orden de la organización, no está bien. Llevamos poco tiempo en esta agencia, había un anterior interventor, como todos lo saben. Nos hemos dedicado a “organizar la casa” para determinar qué tenemos que hacer y, hacia fuera, qué tenemos que alinear: los temas regulatorios, financieros y administrativos. Estamos corriendo, pues hay unos términos legales para entregar un informe diagnóstico que espero poder revisar con el equipo esta semana para entregarlo en los términos de ley o antes.
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¿Cómo atiende la empresa las quejas de sus usuarios? Conocimos varios reclamos en Barranquilla de personas que presentan reclamaciones ante Air-e, pero dicen que no hay respuestas oportunas.
Para el presidente Gustavo Petro y para este Gobierno lo más importante son los usuarios, al punto que la semana pasada se convocó a una asamblea popular de usuarios. De las primeras reuniones que hice fue con los usuarios, para escucharles, atenderles y mostrarles los problemas que encontré, porque este proceso fue víctima de un hackeo que ha sido de público conocimiento. Pude evidenciar que había una ruptura entre la prestación del servicio, la administración de la compañía y los usuarios. Aquí se reciben entre 20.000 y 22.000 reclamaciones mensuales, muchas se despachaban negativamente para que se fueran a apelación ante la Superservicios.
He pedido revisar este proceso, que si hay decisiones de la Superintendencia que dicen que debemos corregir algunas actuaciones, podamos hacerlo y no todo tenga que mandarse a apelación. En muchos reclamos los usuarios tienen razón y le he pedido al equipo que donde haya razón y de acuerdo a la ley, hay que darle la razón y donde no tienen razón, se los diremos con toda la pedagogía y honestidad posible.
¿Qué ha pasado con el hackeo?
No hemos restablecido al 100 % los servicios porque ya estamos llegando al máximo de la ocupación de nuestros equipos. Nos tocó tener equipos de respaldo para mantener, por decirlo así, en una custodia los equipos afectados por el hackeo. Mientras se hace esa auditoría forense se nos está generando un problema de infraestructura.
Entonces, hemos pedido a la Superservicios que nos autorice hacer por nuestra cuenta una auditoría forense, guardando la cadena de custodia y todos los presupuestos legales con una firma especializada para poder darles ese insumo a las autoridades y poder utilizar esta infraestructura, que nos permita avanzar en el restablecimiento de las aplicaciones y de todos los softwares que fueron afectados.
El software que atiende las reclamaciones ya se levantó, pronto informaremos a los usuarios para que podamos restablecer todos los canales de reclamaciones y atención al usuario.
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En los barrios La Unión y Las Palmas, en Barranquilla, la comunidad se desconectó del sistema en 2022 porque aseguran que les instalaron unos medidores con infraestructura de medición avanzada y que se les elevó el consumo injustificadamente.
En este diagnóstico inicial encontramos, por ejemplo, denuncias de usuarios por contadores totalizadores y muchas quejas por medición estimada, estamos revisando en profundidad porque, por ejemplo, estos son casos en los que muchos usuarios han tenido razón.
A este caso, en particular, de Las Palmas y La Unión, pedí a mi equipo que le prestamos especial atención para mirar qué está pasando allí y si hay algunas respuestas que dependan de nosotros, darlas inmediatamente. Le hemos dicho a la ciudadanía que estamos dispuestos a revisar los casos para que se respete lo que señala el marco jurídico vigente.
¿Se puede negociar con los usuarios?
Hay muchas cosas por mejorar, y eso quedará consignado en el informe. Al final la idea es que ese documento cuente la verdad, lo que se hizo bien y lo que se hizo mal para que llegara una intervención. Una empresa no se interviene por capricho de un gobierno, y más en este caso, en que la misma empresa fue la que pidió que se interviniera. Hay factores exógenos que sin duda pueden estar afectando al mercado y la compañía, pero también hay factores administrativos e internos que, a mi juicio, preliminarmente, no voy a decir que estuvieron mal, sino que pudieron haberse hecho mejor.
Queremos promover un círculo virtuoso, en el que haya una buena prestación del servicio y los usuarios se comprometan también con la compañía, porque hoy hay un círculo vicioso: sobre la base de que supuestamente se presta un mal servicio o hay un servicio ineficiente, entonces no se paga o se romantiza el robo de energía. Si no se paga y si no se recauda, entonces no se pueden hacer las inversiones para mejorar la calidad del servicio.
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¿La prestación del servicio está en riesgo por la situación financiera?
Si el Gobierno no hubiera intervenido Air-e, la región ya estaría experimentando apagones parciales o totales ante la imposibilidad de comprar energía, que fue lo que llevó a la compañía principalmente a ser intervenida. Empezó a dispararse la tarifa, aparentemente no se hicieron inversiones en 2023, encontramos proyectos de normalización que debieron haberse hecho y no se hicieron, más o menos se habían girado recursos para unos 180 proyectos, encontramos que se hicieron cuatro, hay 73 en solicitud de terminación anticipada. En este momento, incluso, está el equipo de Air-e intervenida hablando con el Ministerio, revisando uno por uno esos proyectos a ver qué se puede hacer, porque al final son usuarios subnormales que merecen que se les normalice el servicio de energía.
El Gobierno se ha comprometido, y varios hechos así lo demuestran, para poder, preliminarmente, garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica, con distintas acciones, no solamente conduciendo esta compañía en estas circunstancias, sino haciendo ajustes regulatorios con la ayuda del Fondo Empresarial, de la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y Energía y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
Hay un compromiso político de hacerlo de la mejor manera para superar la multicausalidad de esta situación del mercado de energía eléctrica, no solamente de los tres departamentos que cubre Air-e, sino de los cuatro que cubre Afinia. Con EPM acordamos iniciar mesas técnicas para ver soluciones estructurales. El tema tiene que abordarse como un problema nacional y tiene que tener soluciones estructurales, el resto son pañitos de agua tibia.
¿Cómo va el propósito de bajar las tarifas? Hubo un anuncio en contravía de esa promesa…
Fue un anuncio en ese momento muy doloroso, por eso nosotros lo asumimos. A diferencia del proceso de intervención que se dio hace años con Electricaribe, hoy es más grave la situación, porque nos coge en la coyuntura de una condición climática compleja, el fenómeno de El Niño. El Ideam dice que va a llover, pero no llueve. Esto, sumado a la alta exposición a bolsa con precios que llegaron hasta los $2.000 kilovatio hora, complica el panorama para los usuarios. Hoy estamos en el trabajo de poder contratar la energía, ya pensando en 2025, ojalá en más del 80 % y a un precio que podamos trasladar a los usuarios. Pero la reducción de la tarifa requiere soluciones estructurales. También está el tema cultural, del pago, de evitar al máximo los fraudes. Identificamos robos de energía por cerca de $1.600 millones diarios. Eso hace insostenible cualquier compañía.
¿Cuántos usuarios están en deuda?
El porcentaje de recaudo es cercano al 75 %. En septiembre, producto del hackeo, bajó al 58 %. Queremos terminar diciembre con una senda cercana al 78 %. Para hacer frente a las pérdidas técnicas necesitamos invertir y para eso necesitamos que la gente pague. Las pérdidas no técnicas son las asociadas a los fraudes y ahí necesitamos, como le pedimos a la Fiscalía, hacer un gran equipo. Ojalá el Congreso penalizara severamente esta práctica, como lo ha exigido desde hace años Asocodis.
Necesitamos combatir este flagelo porque al final la energía que se roban termina siendo asumida por los usuarios que con muchos sacrificios pagan puntualmente y de forma honesta el servicio. También tenemos temas de recaudo y de deudas. El Gobierno debe y se está poniendo al día, a pesar de la situación fiscal, pero hay alcaldías, hay gobernaciones. En total, las deudas de usuarios suman $4,7 billones, $90.000 millones son del sector público. Cada peso cuenta y es útil para la operación de esta compañía. Aquí cada quien tiene su cuota de responsabilidad y todos deberíamos asumirlas.
¿Cómo están pagando la energía si no tienen recursos?
Con mucha dificultad, porque justo en noviembre el pago de la factura de energía fue cercano al medio billón de pesos. Hicimos un acuerdo de pago, lo incumplimos, una vez cumplido se nos va a generar el de diciembre, que por fortuna baja bastante, una reducción del 50 %, pero tenemos muchos líos. Como la empresa está intervenida y hay una decisión del Ministerio de Minas que dice que las generadoras no pueden limitar el suministro a pesar de los problemas de impago, pues se va generando una deuda. Esperemos que los precios de bolsa bajen, que la deuda no se acumule en grandes cantidades y que sea sostenible en el tiempo para poder llevar a la compañía a un punto de equilibrio.
Hoy tenemos contratado cerca del 60 % de la energía, ahí operan varias garantías financieras, generalmente el prepago, porque los bancos ni las aseguradoras nos están respaldando esa compra de energía. Esperamos que el Gobierno pronto nos pueda dar una garantía financiera a través del Fondo Nacional de Garantía, que nos permita contratar energía a largo plazo y en el menor precio posible. Necesitamos que la gente nos ayude pagando y a no robarse la energía. Se roban cerca de $50.000 millones al mes.
¿Qué pasó con el anuncio de suspender pagos a terceros en la factura?
Aunque hubo un anuncio, nunca se suspendió y no se puede suspender porque son recursos públicos y nos meteríamos en un lío. Abrimos una discusión sobre la tasa de seguridad, a nuestro juicio creemos que podemos separar ese pago, pero la Gobernación tiene una lectura distinta y vamos a arrancar una mesa. Luego miraremos el tema de alumbrado y el tema de aseo.
¿Cómo se está cobrando la opción tarifaria?
Quedaba un saldo y lo que hizo el anterior interventor fue diferirlo a 10 años, lo cual llevó a que bajaran las facturas.
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¿Qué pasará con el saldo que el Gobierno dijo que asumiría?
El Gobierno hizo lo que le corresponde, presentar el proyecto de ley dentro de la iniciativa de ley de financiamiento, pero dependía del Congreso.
¿Qué sabe de los posibles racionamientos disfrazados de mantenimientos que denunció el anterior interventor?
Esa fue una denuncia pública que él hizo. Nosotros estamos revisando si fue o no y quedará en el informe, porque ya van escritas más de 450 páginas. Espero revisar ese documento con el equipo esta semana para hacer la entrega oficial a la Superintendencia.
¿Qué sigue después de que presente el informe el 12 de enero?
La Superservicios tiene que tomar uno de tres caminos: administra la empresa temporalmente, administra la empresa con fines de liquidación u ordena su liquidación. Es lo que señala la ley.
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