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Una carta que llegó al correo electrónico del Ministerio de Agricultura en el primer semestre del año pasado, en la que se solicitó información concreta sobre quiénes son los dueños extranjeros de la tierra en Colombia, y si esas adquisiciones se hicieron o no acorde a los parámetros legales, llevó a que esa cartera designara a un grupo de funcionarios para rastrear los títulos de cada uno de los 113 millones de hectáreas que componen al país.
Lea la primera entrega de este especial: Puerto Gaitán: se agitó la disputa entre indígenas y menonitas por más de 30.000 hectáreas cultivables.
En la respuesta a esa misiva de junio de 2023, y que pasó inadvertida para el grueso de la opinión, se indicó que en la legislación “no existen controles a la extranjerización de tierras, (…) no se permite conocer qué personas naturales o jurídicas de origen extranjero son propietarias de predios rurales”.
De inmediato se generó una alerta por un fenómeno que, según el gobierno del presidente Gustavo Petro, pone en riesgo desde la soberanía alimentaria de los colombianos hasta la propiedad de terrenos para connacionales.
Y es que, aunque el tema de la tierra ha estado siempre en el ADN colombiano, aún hay muchos vacíos para saber a ciencia cierta a quién pertenece y para qué se usa. Encontrar estos datos es tan complejo que luego de que se reconociera que no hay cifras oficiales y tampoco un catastro multipropósito actualizado- una tarea que se acordó en la firma del Acuerdo de Paz- el presidente Petro terminó validando una base de datos construida por Land Matrix, una ONG que es financiada por gobiernos europeos y que lleva registro de algunas transacciones de tierra a nivel mundial.
El Espectador, ante este panorama, revisó documentos, bases de datos y denuncias que evidencian que al menos un millón de hectáreas, de los seis millones cultivadas que tiene el país, estarían en manos de un pocos más de 30 empresas extranjeras. Un punto más para la alerta que se lanzó desde el Ejecutivo.
Durante una semana este diario estuvo en la altillanura y el Eje Cafetero, dos de las zonas donde se han registrado grandes transacciones de tierra por cuenta de empresas estadounidenses, europeas, mexicanas, chilenas, israelíes y de Islas Vírgenes para el cultivo de palma de aceite, maíz, soya y la producción de madera y siembra de aguacate hass, respectivamente.
El caso más activo parece ser el de los menonitas, una comunidad religiosa conservadora de origen europeo que llegó a Puerto Gaitán, Meta, entre 2014 y 2016. Hoy, algunas de las 156 personas que conforman el grupo aparecen ante las oficinas de registro del departamento como dueñas de más de 30.000 hectáreas, en las que construyeron sus casas, iglesias y siembran aproximadamente 400.000 toneladas de maíz y soya, la mayoría para su exportación.
Los apellidos Fehr, Klassen, Loewen, Wolfe, Peters, entre otros, empezaron a figurar en los grandes negocios agrícolas del departamento desde hace casi 10 años, generando un aproximado de 450 empleos directos en Puerto Gaitán y convirtiéndose en actores claves en el aumento de las áreas sembradas en la Orinoquia, tal como lo indicó el Departamento Nacional de Planeación (DNP) durante el mandato de Iván Duque.
Aunque estas familias de piel blanca y cabello rubio cuentan con una alta popularidad entre las personas del pueblo, que pasaron de la curiosidad a verlas como unos vecinos más, la Agencia Nacional de Tierra (ANT) adelanta acciones jurídicas. El motivo es por haberse establecido en terrenos baldíos de la nación y sobrepasar la Unidad Agrícola Familiar (UAF), es decir, el límite de tierra permitida que va de 680 a 920 hectáreas en la zona.
La noticia la destacó el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, quien contó que el grupo deberá regresar 8.346 hectáreas de los terrenos conocidos como Cuba Libre, La Cabaña y Malabar. En total, son 53 los predios que tienen los menonitas, quienes en diferentes oportunidades han argumentado una falta de conocimiento de la ley colombiana para responder a los señalamientos que les han hecho organizaciones ambientales y Coormacarena por posibles afectaciones ambientales.
En todo caso, estos terrenos podrían entregárselos al pueblo indígena sikuani, que viene pidiendo que 58.000 hectáreas, entre las que estarían las de los menonitas, sean declaradas como territorio ancestral para la caza de su alimento, la preservación de la vegetación y su libre desplazamiento, porque son seminómadas.
No son las únicas tierras en el Meta en manos de extranjeros. A 260 kilómetros de distancia de Puerto Gaitán, en Mapiripán, la empresa ítalo-española Poligrow tiene un aproximado de 10.000 hectáreas para el cultivo de palma, parte de este terreno, de acuerdo con la empresa, serían para el cultivo exclusivo de la palma y otro para la siembra de árboles nativos, buscando sostenibilidad ambiental.
Al año, sacarían aproximadamente 17.000 toneladas de aceite de palma y su presencia en la zona, sostienen, genera 850 empleos en el municipio, que años atrás estuvo inmerso en la guerra y la siembra de cultivos ilícitos.
Precisamente, el cultivo de palma en la región creció exponencialmente bajo el marco de varias estrategias gubernamentales para sustituir los productos ilegales y aprovechar las grandes hectáreas de tierra improductivas. Nada más en el meta, la administración espera que el área sembrada de este cultivo crezca en un 40 % en los siguientes años.
Ahora bien, en torno a la firma hay un caso activo en el que se investiga si se violó el límite de la UAF, es decir, si tendrían cultivos de palma en terrenos baldíos de la nación. La cifra por determinar ronda las 4.000 hectáreas y compromete los predios Macondo 1, Macondo 2 y Macondo 3.
De acuerdo con un documento del ministerio de Agricultura, la empresa europea es uno de los casos que estudia el grupo de funcionarios designados para la investigación de la extranjerización de la tierra. Indica la cartera que aunque en primera instancia se le dio la razón a Poligrow, que aseguró que su producción estaba bajo los parámetros de la ley, en febrero del año pasado se interpuso recurso de apelación.
En Vichada, el departamento vecino del Meta, hay otros dos casos que despiertan la atención del Gobierno. Y aunque no son nuevos y de hecho han demostrado en los anteriores gobiernos que su tenencia de la tierra es legal, al ministerio de Agricultura le parece relevante hacer nuevamente una revisión.
Uno de estos es una poderosa empresa estadounidense con un amplio catálogo de productos, algunos de estos suministrados a cadenas de comida rápida a nivel mundial, entre las que se encuentra McDonald’s. Se trata de Cargill, empresa estadounidense que, según la Contraloría, es propietaria de 44 predios rurales en el Vichada (67.000 hectáreas). Estos se evidencian en documentos de la Oficina de Registro de Puerto Carreño.
El terreno de Cargill fue adquirido por un valor de $87.000 millones para el cultivo de cereales, semillas y otras materias para la nutrición animal. En 2017 adquirió Pollos Bucanero y un año más tarde a Campollo. Actualmente, de acuerdo con el Registro Único Empresarial, tiene tres filiales activas: Cargill de Colombia Ltda, Cargill Nutrición y Salud Animal (Provimi S.A.) y Cargill Proteína.
El mismo ente de control precisa que la empresa fue investigada por acumulación de terrenos adjudicados como baldíos, pero el caso se dio por terminado en 2016 por no haber sido subsanado en término. Esta firma tuvo nexos con el exembajador Carlos Urrutia, quien salió de su cargo público por hechos que lo vinculaban con una cuestionada compra de tierras en este departamento con destino al ingenio Río Paila. Él y las firmas mencionadas siempre han negado cualquier tipo de irregularidad.
La otra firma extranjera que hace presencia en Vichada, específicamente en La Primavera, es el Grupo Timberland Holding Wood Limited, que se registró en las Islas Vírgenes como un conglomerado para producir maderas. Pero, aún no hay certeza de cuántas tierras posee, pues está estudiándose si 12 predios de aproximadamente mil hectáreas cada uno estarían relacionados con la empresa.
Y es que, además de que todos fueron registrados con la misma terminación: Timberland Holdings Limited, tendrían similitudes en su junta directiva, como lo ha denunciado el senador Arias. Algunos de estos terrenos, que se evidencian en la base de datos de Land Matrix son Paraíso, La Diana, Potosí, La Libertad, La Paz y El Morichal.
La ANT indicó que podría tratarse de un grupo empresarial que hizo pequeñas transacciones, cada una con un diferente NIT. El caso igualmente fue investigado, pero el Grupo Timberland demostró que se trataba de personas jurídicas diferentes e insiste siempre en la legalidad de sus transacciones.
La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, dijo en medio de un debate de control político en el Congreso al que fue citada en septiembre pasado que este tipo de casos demostraban “artificios jurídicos como múltiples personerías jurídicas creadas para concentrar tierra”.
Otras de las empresas internacionales y transnacionales que hacen uso de la tierra en la altillanura, de acuerdo con la base de datos, son Frontera Energy Colombia, Major International Oil SA., Río Paila Castilla. En los dos primeros casos, al tratarse de firmas dedicadas a la producción de biomasa y de petróleo, está en entredicho si registrarían como dueñas de la tierra o, como empresas con permisos para la exploración.
Ahora bien, así como en la altillanura colombiana ha sido un reto saber cuánta tierra tienen las empresas extranjeras, en el Eje Cafetero y otros departamentos colindantes pasa algo muy similar con el cultivo de aguacate hass, que es actualmente el tercer producto de mayor exportación en el país y el segundo entre los exportados que más dejan regalías.
De acuerdo con Corpohass, hay un aproximado de 35.000 hectáreas sembradas con aguacate hass en el país, pero, explican, no tienen discriminadas las que son de propiedad de grupos extranjeros. La “fiebre” por el “oro verde” o aguacate hass que vienen sintiendo las personas de Quindío, Caldas, Risaralda, Antioquia, Huila, Tolima y Valle pareció una especie de llamado para al menos 10 empresas de Chile, México, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Israel y Sudáfrica, que terminaron cautivadas por los suelos fértiles, el clima óptimo y las abundantes precipitaciones en el país y compraron tierra.
Precisamente, una de las características del hass es la gran cantidad de agua que necesita para crecer. Las denuncias en países como Chile y México por el uso excesivo de agua y las afectaciones ambientales generadas por empresas productoras son numerosas, algo que, según la directora de Corpohass, Katheryn Mejía Vergel, no aplicaría en Colombia: “Somos el único país del trópico en el que se produce aguacate hass, por lo que no se puede comparar la producción de esos países con la de Colombia”.
Green SuperFood y Altos del Valle (Chile), Managro Fresh (Israel) Camposol (Perú), Westfalia y Anglo Gold Ashanti (Sudáfrica), Cerro Prieto (Perú), Wakate (USA) y Michoacán (México) son empresas importantes en el sector aguacatero y claves en la última gran exportación que hizo Colombia a Estados Unidos (1.500 toneladas) para el evento deportivo de mayor audiencia y en el que se consumieron aproximadamente 70.000 toneladas de este producto: el Super Bowl.
Pero lo que son aplausos para algunos, incluido el Ministerio de Agricultura que celebró la gran cantidad de cajas que se enviaron desde Colombia a Estados Unidos, para otros es motivo de preocupación, pues algunas de estas empresas, a pesar de la afirmación de Corpohass, ya han tenido problemas con las autoridades, pero sobre todo, con las comunidades por sus presuntas afectaciones a la vegetación y el uso indebido del agua.
La Corporación Autónoma del Quindío (CRQ), por ejemplo, suspendió en 2021 de manera preventiva las actividades de Green SuperFood, que tendría aproximadamente 2.000 hectáreas repartidas entre Quindío y Tolima, por no contar con los permisos necesarios para abrir vías, captar aguas y romper una tubería donde se vertían las aguas residuales en el Quindío.
La también chilena Altos del Valle fue sancionada en 2022 por la CRQ por provocar daños ambientales a la cuenca del río Navarco. Se le exigió un pago de $64 millones, restaurar ecológicamente la zona afectada y erradicar algunos de los árboles de aguacate.
Proyecto de ley busca regular la extranjerización
Para regular la tenencia de tierras colombianas en manos de extranjeros, el senador Arias presentó un proyecto de ley en el Congreso, con el apoyo de la ministra Mojica, para que la posesión no pueda exceder el 15 % de la totalidad del suelo rural de la frontera agrícola del municipio en que se encuentre.
“Hay un absoluto desorden en la información sobre la propiedad de la tierra y a veces a propósito. El activo más importante de la nación son las tierras baldías y, sin embargo, no se ha establecido un inventario. Ello da lugar a que haya apropiaciones indebidas”, señala el senador.
Sobre esto, Natalia Espinosa, investigadora de tierras y quien integra el equipo de Land Matrix Colombia sostuvo que el millón de hectáreas de tierra en manos de extranjeros puede ser aún mayor: “Las cifras están siempre en debate, pero el millón que se ha identificado, y que creemos, no es la dimensión real, ha sido para generar una mayor transparencia en las transacciones de tierra que se hacen entre inversionistas”.
Desde el ministerio de Agricultura se tiene la postura de apoyar todo proyecto que busque regular la compra de tierras de parte de extranjeros con el fin de garantizar la soberanía alimentaria. Además, dice la cartera se buscará disminuir las importaciones de alimento al país para fortalecer la siembra.
“Cuando hablamos de recuperar la soberanía del suelo, es volver a producir los alimentos que hoy en este país se consumen. Pero no se pretende frenar la inversión extranjera”, cuenta Itayosara Rojas, investigadora y asesora del ministerio.
El Gobierno dice tener toda la voluntad para dejar por sentado de quién es la tierra, especialmente si hay inversión extranjera. En todo caso tomará tiempo, pues son en total 113 millones de hectáreas por investigar y la inversión extranjera es clave para la potenciación del desarrollo económico del país.
* Todas las empresas citadas fueron consultadas por este diario. Algunas no se pronunciaron y otras defendieron la legalidad de sus actuaciones.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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