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El 16 de mayo de 2022, el coordinador de la Escuela Media del prestigioso colegio Nueva Granada de Bogotá llamó a la mamá de una estudiante de 13 años para informarle que en la institución educativa estaban circulando fotografías de los torsos desnudos (sin cara) de tres niñas sin identificar. El profesor le explicó que quienes estaban enviando esas imágenes dijeron que los cuerpos correspondían a niñas estudiantes, incluyendo a su hija, Ana*. De inmediato, y haciendo explícita la gravedad del asunto, los padres de familia le aclararon al profesor que esas fotos no eran de Ana y le exigieron al colegio que se protegieran sus derechos y su buen nombre. Lo que empezaba a vivir su hija era un episodio de matoneo y acoso sexual digital en un entorno en el que, en teoría, los niños deben vivir seguros.
Después del reporte del colegio a la mamá sobre esas fotografías, que denominaron como de pornografía infantil, Ana le contó a sus papás y a su círculo más cercano que empezó a ser excluida por sus compañeros. “La van a cascar por sapa”, le dijeron en un recreo, justo después de que aclaró en la oficina de escuela media que ella no era la persona de las fotos. Un hecho que su defensa calificó como de revictimización. El colegio le aseguró a los padres de familia que estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance para encontrar a los culpables y tomar las medidas de disciplina necesarias y que iba a escalar la situación a las autoridades competentes. Así fue avanzando el tiempo, entre una Ana acosada permanentemente y excluida por sus compañeros, pero a la espera de que el colegio cumpliera su promesa.
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Ana avanzó a octavo grado y entró a la Escuela Alta (en inglés, High School) en agosto de 2023. Hasta ahí también la persiguieron las fotografías. En enero de 2024, su profesora de Inglés, incluso, fue testigo de la exclusión que vivía, en un entorno de acoso verbal y sexual que el colegio no había logrado controlar. Las imágenes seguían reenviándose entre sus compañeros y, para agravar el asunto, ya estaban circulando en colegios en otras ciudades del país. Los padres de Ana buscaron ayuda psicológica para ella. Para febrero de ese año, la coordinadora de High School evidenció que el tema podía ser un caso grave de acoso sexual y le pidió a Ana que revelara los nombres de los estudiantes que la estaban acosando, mientras que el sicólogo del colegio se enfocó en preguntarle si ella era realmente la de las fotografías.
Para este momento los padres solicitaron una reunión de carácter urgente con el rector del colegio, reunión que se llevó a cabo tres semanas después. Entre reuniones con los coordinadores, el rector y el sicólogo del colegio, pasaron dos años desde que se conocieron los primeros hechos. Al evidenciar que el Nueva Granada no hizo nada para explicar, prevenir y mitigar lo ocurrido, la paciencia se acabó. El 1 de abril de 2024, ante evidentes síntomas de Síndrome de Estrés Postraumático, y sin encontrar un remedio para que el colegio volviera a ser un espacio seguro para la niña, sus papás la retiraron. La respuesta ante la decisión fue la gota que rebosó el vaso. “Lamentamos que ella (Ana) no haya estado lista para lograr su regreso”, contestó, desmarcándose de cualquier responsabilidad.
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La abogada de la familia empezó a documentar el caso. Lo primero que evidenció fue que el colegio se demoró casi dos años en reportar lo que ocurría a las autoridades. Y lo segundo, y más delicado, es que, al hacerlo, le restaron importancia a la denuncia de Ana y el caso quedó enmarcado en un tipo de procesos que no tienen que ver con asuntos sexuales. El expediente de Ana tenía todas las evidencias para tratarse como un caso grave de acoso sexual. Con pruebas en mano, la familia y su abogada presentaron una tutela para que la justicia lograra lo que nadie, hasta ese momento, había conseguido: proteger los derechos de una menor de edad a la dignidad humana, integridad personal y educación. El proceso arrancó el 6 de septiembre de este 2024 y el 20 de ese mismo mes, el Juzgado 59 Administrativo de Bogotá se pronunció.
En el fallo, le dio toda la razón a la joven estudiante y a su familia. Lo que la justicia probó es que Ana vivió una situación de acoso escolar “sistemática y no esporádica. Si bien es cierto, los hechos constitutivos de acoso escolar se presentaron en dos espacios de tiempo diferentes, no hay duda de que se trata de una conducta continua y reiterada, aun cuando no hayan sido perpetrados por los mismos estudiantes. En efecto, está acreditado que los actos de matoneo escolar fueron sistemáticos, ya que se concretaron de diferentes formas, entre ellas difusión de material fotográfico, insultos, aceptación por parte del Colegio de la existencia de ambientes no sanos en clase y aislamiento, todo lo cual conllevó a que Ana solicitara a sus padres el cambio de colegio”, se lee en la sentencia.
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En el fallo de 36 páginas, el juez evidenció que el colegio Nueva Granada “omitió el deber previsto en su propio código de honor de informar a las autoridades administrativas este tipo de hechos, pues al minimizar la trascendencia de la situación consideró que dicha obligación era exigible únicamente en caso de requerirse medidas de restablecimiento de derechos, todo ello a partir de lectura incorrecta de la situación. Es decir, se subestimó la afectación que dicha situación generó en la salud física y mental de la niña Ana”. La sentencia logró probar que el colegio solo activó el protocolo de atención correcto el 24 de mayo de 2024, dos años después de que supiera la existencia de los hechos. En últimas, que las acciones del Nueva Granada “no han sido eficaces, oportunas, correctas y suficientes para el caso concreto”.
En otras palabras, el juzgado resumió el caso explicando que el colegio Nueva Granada vulneró los derechos fundamentales a la dignidad humana, integridad personal, educación en conexidad con el principio del interés superior de la niña Ana, al no garantizarle un acompañamiento idóneo ni haber activado las rutas de atención de manera oportuna y correcta, pues a pesar de tener conocimiento en dos oportunidades de los hechos constitutivos de acoso o matoneo escolar, no respondió diligentemente en la clasificación del tipo de situación, lo que hizo que las medidas y actuaciones adelantadas fueran insuficientes y deficientes para la atención y protección”. En consecuencia, la sentencia emitió varias órdenes para reparar los daños.
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Entre las órdenes del juez Hernán Guzmán Morales está una en la que le dio 15 días al colegio para realizar un acto de disculpas privadas y asunción de responsabilidad frente a Ana y sus padres. Además, le dio 10 días al rector del Nueva Granada para que, una vez termine el proceso disciplinario con los alumnos implicados en estos hechos, coordine y realice otro encuentro para pedir perdón. Lo anterior, dice el despacho, con el fin alcanzar una real reparación y restablecimiento de los derechos de Ana. A dos días de que se termine el año judicial, las partes llamadas a reparar, al parecer, no han cumplido con el llamado de la justicia y, por eso, ya cursa un incidente de desacato. Lo que reposa en el Juzgado 59 Administrativo de Bogotá es que nadie ha cumplido las órdenes del juez Guzmán Morales.
Lo que la abogada de Ana le explicó al despacho es que, aunque el 2 de octubre, en una reunión convocada por ella y la familia de la menor, el rector Eric H. Habegger acudió y pidió disculpas parcialmente, lo que terminó sucediendo fue un acto de burla, no solo para Ana y sus papás, sino para la administración de justicia. A esa reunión de hace dos meses acudió solamente uno de los excompañeros de la menor que pidió disculpas por lo ocurrido, en compañía de sus padres, a pesar de ser claro que muchos más niños estuvieron involucrados. También estuvo Habegger y otro representante del colegio. Cuando llegó su momento de hablar, el rector expresó que lamentaba los hechos y que “obviamente estamos acá para disculparnos, aceptar nuestras responsabilidades, como fue mencionado por el juez”.
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Sin embargo, lo que alegó la defensa de Ana es que el rector y el colegio volvieron a minimizar lo sucedido e insistieron en que todo se trató “de un simple error de clasificación de la alerta”. Además, explicó la defensa de la menor, el rector trató de reabrir el debate sobre qué fue lo que realmente sucedió, cuando la justicia ya había dicho sin más rodeos que lo que vivió Ana en el colegio Nueva Granada fue una situación de acoso y matoneo escolar sistemática. Al considerar que la reunión del 2 de octubre no cumplió con el objetivo ordenado por el juez Guzmán Morales, la defensa de la menor interpuso un incidente de desacato hace ya un mes. Hasta ahora, el Juzgado 59 Administrativo de Bogotá no ha resuelto el caso.
A la espera de que se conozca esa decisión, la familia y la abogada de Ana también tienen la mirada puesta en la posibilidad de que la Corte Constitucional seleccione este caso y reitere lo que ya debería ser palabra escrita en piedra: los colegios tienen una obligación inaplazable de identificar, de manera oportuna y correcta, los casos de matoneo escolar que producen cambios en el rendimiento académico y en el comportamiento de sus estudiantes. Asimismo, deben desplegar, con diligencia, acciones contundentes para, desde un enfoque de género, investigar, contrarrestar y eliminar la violencia sexual ejercida contra sus estudiantes y, además, implementar mecanismos para reparar y contrarrestar los efectos de esa violencia en entornos educativos. Justo lo que vivió Ana en el prestigioso colegio Nueva Granada. El Espectador contactó a la institución educativa y le envió un cuestionario por escrito, pero al cierre de esta edición no había contestado.
*El nombre de la niña fue cambiado para su protección.
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