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Dos temas tienen a la coalición del Pacto Histórico sintiendo recelo y desconfianza: el escándalo de presunta corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), pues no saben si podría haber congresistas de la bancada involucrados; y las elecciones al Congreso y presidenciales de 2026, porque ya empezaron a asomarse varias candidaturas, algunas incluso de ministros y altos funcionarios.
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Este jueves, finalmente, la Presidencia firmó el decreto 0606 con el que se oficializó la renuncia de Sandra Ortiz de la Consejería para las Regiones, luego de ser salpicada en el caso de la UNGRD y la supuesta entrega de dinero en el Congreso para el trámite de las reformas. Pero su salida no dio por terminado este complejo capítulo que enfrenta el Gobierno y tampoco consumó la suspicacia que sienten algunos integrantes entre ellos mismos.
Aunque horas antes de que se firmara este decreto, varios congresistas del Pacto Histórico dieron una rueda de prensa desde la Plaza de Bolívar, en la que convocaron a una asamblea nacional por las reformas, y en la noche anterior estuvieron reunidos en la Casa de Nariño, internamente se siente molestia y hay división, por lo que examinan qué medidas tomar.
Ponerle freno a estas divisiones será fundamental, al menos para los próximos meses, pues para el próximo 31 de mayo y 1° de junio en la sede de la Universidad Nacional de Bogotá están convocando a sindicatos, simpatizantes y comunidades populares para examinar las reformas y redactar unas preguntas para un referendo en el que se le preguntaría a los colombianos si están de acuerdo o no con los proyectos que parecen haberse estancado en el Congreso. Fuentes cercanas a la coalición dijeron que el Gobierno medirá qué tantas personas llegarán a la cita para así saber con qué apoyo popular cuenta para sus iniciativas.
No obstante, las divisiones podrían restarle fuerza. Algunos congresistas mencionan, incluso, que hubo malestar en la noche de este 15 de mayo porque el presidente Petro los citó a hablar en Palacio, pero nunca llegó a la sala en la que se encontraban directores de los 13 partidos que integran la coalición y otros congresistas. Aunque estaba en las mismas instalaciones, el mandatario solo habló con sus ministros y examinaron la emergencia que vive La Mojana, Sucre, por cuenta de las inundaciones.
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Viendo que habían transcurrido ya tres horas desde su llegada a la Casa de Nariño, muchos de los congresistas decidieron marcharse después de una “charla informal” sin la presencia del jefe de Estado, en la que igualmente hablaron de unificar los movimientos en un solo partido de cara al 2026 y de cómo apaciguar las aguas que levantó el escándalo de la UNGRD. Están a la espera de que finalmente se dé la “reunión inmediata” que anunció el presidente en su cuenta de X tras enterarse de la ponencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) en su contra por presunta violación del tope de gasto.
Además, la coalición le enviará una carta a la Fiscalía que comanda Adriana Camargo para que lleguen al fondo del escándalo de la UNGRD, y así poder descartar que algunos miembros del oficialismo estén implicados en los supuestos hechos de corrupción. Con esto, dijeron, volvería la confianza entre ellos.
El otro problema es que en medio de las dudas y justo cuando deberían estar más unidos para mostrar una imagen fuerte y respaldo al jefe de Estado, hay otro asunto que les toca la puerta: los comicios de 2026. Desde ya avizoran que definir candidatos podría terminar siendo una pelea mayor.
Convertirse en partido político, como lo desea el mismo presidente para darle cuatro años más al progresismo en el poder, podría implicar menos curules y una disputa fuerte por contar con un aval y definir el orden de las listas. Y es que pese a que faltan todavía dos años para que los colombianos vuelvan a las urnas, ya algunos congresistas piden que se realicen votaciones internas para definir candidaturas e incluso votaciones primarias para que se garantice transparencia en el proceso.
La mayoría de legisladores no son los únicos en buscar una silla en el Congreso, pues en la tarea estarían también algunos funcionarios y ministros. Suenan los nombres de la ministra de Vivienda, Catalina Velasco; del director de la SAE, Daniel Rojas; el del director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman; e incluso el de Laura Sarabia, directora del DAPRE y la funcionaria más cercana a Petro. Ninguno de los mencionados ha dicho tener esa intención públicamente.
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De acuerdo con algunos congresistas, hay temor en que funcionarios del Gobierno estén haciendo campaña mientras están en su cargo, y traen a colación el ejemplo del exdirector de la UNGRD Olmedo López, quien supuestamente tuvo candidatos en varios puntos del país para las elecciones regionales de 2023.
Parte de las sospechas están en que algunos congresistas, especialmente representantes, no son convocados por los ministros cuando estos van a las regiones que representan en el Legislativo. Algunas voces sostienen que incluso los funcionarios optan por supuestamente invitar a legisladores de otros partidos.
De parte de los altos funcionarios, apuntan a que simplemente están cumpliendo las tareas que les dejó el presidente: acelerar la ejecución presupuestal, acercarse más a la población y mejorar la comunicación de los resultados del Gobierno.
En el cónclave que a finales de marzo tuvieron el gabinete y Petro en Paipa se dejó claro que debían mejorar la comunicación y se definió una estrategia para que los ciudadanos reciban atención de las carteras de manera personalizada.
Mientras se resuelven estas divisiones, el presidente Gustavo Petro espera solucionar otro caso: las investigaciones que andan en su contra por presuntas irregularidades en su campaña electoral de 2022, reforzando su discurso del “golpe blando” y buscando que su expediente del CNE pase a manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, donde dos de sus tres investigadores pertenecen al Pacto Histórico.
De hecho, este jueves Gloria Arizabaleta y Alirio Uribe (Pacto) y Wilmer Carrillo (de la U) le pidieron al CNE que traslade la investigación a la célula legislativa, argumentando que la entidad no tiene las facultades para indagar un caso de esa naturaleza, hecho con el que no concuerdan los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático).
A los ruidos de corrupción y las investigaciones a la campaña, al presidente se le suma este nuevo contratiempo, que seguramente buscará controlar para que su propuesta de constituyente marche y el progresismo tenga otro período presidencial, como es su intención.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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