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Aunque lidera una entidad con acceso a la información más confidencial del Estado en materia de seguridad, que además tiene un presupuesto de $190.000 millones y una planta de 460 funcionarios, las movidas de Carlos Ramón González suelen pasar inadvertidas. Ese ha sido el estilo de toda su carrera política y empresarial, con una corta excepción de 10 meses en los que figuró ante todo el país como la mano derecha del presidente Petro en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
En febrero de este año, al salir de ese cargo, para darle paso al regreso de Laura Sarabia, se convirtió en el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), un departamento que, precisamente por el carácter de su misión, producir inteligencia y contrainteligencia, encajó con el bajo perfil de González. A la par, también continuó siendo el enlace tácito entre el Gobierno y buena parte de la bancada de la Alianza Verde, específicamente el sector petrista, hoy en dura puja con los “independientes” por el apoyo a las reformas sociales.
Sin embargo, en el último mes su nombre ha salido a flote en dos controversias que lo tienen ad portas de un debate de control político y una declaración en la Corte Suprema de Justicia, esta última relacionada con el que es, probablemente, el mayor caso de corrupción durante el gobierno Petro: el de los contratos de carrotanques y otros servicios en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y las supuestas coimas entregadas en el Congreso.
En medio de una investigación por presunto cohecho propio y enriquecimiento ilícito, relacionada con el caso, Carlos Ramón González tendrá que asistir el próximo lunes al alto tribunal para explicar si tuvo o no un rol en esa trama de corrupción. Extraoficialmente se conoció que Olmedo López, exdirector de la UNGRD, le habría dicho a la Fiscalía que González, mientras estuvo en el Dapre, tuvo conocimiento de los presuntos pagos a congresistas para impulsar reformas del Gobierno.
Al menos dos personas de su círculo ya fueron mencionadas puntualmente como posibles responsables. Una de ellas es Sandra Ortiz, exsenadora de la Alianza Verde y hasta hace poco consejera de Petro para las Regiones. Según Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, fue ella quien actuó, presuntamente, como mensajera para darle $3.000 millones al presidente del Senado, Iván Name, también del Verde y por ende el segundo relacionado con González. De acuerdo con Pinilla, él mismo le entregó otros $1.000 millones al presidente de la Cámara, Andrés Calle, buscando favorecer las reformas. Todos han negado estar involucrados.
Aunque González ya no está en el Dapre, a cargo del famoso “computador de Palacio”, varias de sus fichas siguen al frente de importantes entidades del Ejecutivo. En la lista se destacan Jorge Londoño, director del Sena; Luz Dana Leal, directora de Empleo de esa misma entidad y esposa de González, entre otros. Incluso se ha dicho que la hoja de vida de Sneyder Pinilla llegó a la UNGRD a través del hoy director de la DNI. En este punto es de resaltar que ambos han hecho política en Santander.
Esta influencia burocrática de un sector del Verde y los escándalos de corrupción acentuaron las diferencias en el interior de esa colectividad. Varios congresistas de la bancada pidieron las renuncias de Name y Ortiz e incluso el senador “Jota Pe” Hernández reclamó la de González, algo curioso si se tiene en cuenta que fue él quien lo llevó a la lista del Senado de la Alianza Verde en las elecciones de 2022. Todo indica que ese fuego amigo solo se resolverá con una escisión del partido, en la que el sector de Carlos Ramón González se quedaría con el nombre original.
El manejo de la inteligencia
Cuando lo posesionó como director de la DNI, el presidente fue contundente en lo que buscaba con su gestión. “Ningún opositor, miembro de la justicia o la prensa y mucho menos miembros del parlamento deben ser vigilados, como ocurrió en el pasado; incluso yo fue víctima”, le dijo el mandatario a Carlos Ramón González el pasado 23 de febrero, ratificando que en su Gobierno no se daría la orden para interceptar o “chuzar” ilegalmente.
De acuerdo con el mandatario, la principal misión de González sería perseguir a los “capos del crimen, llámese corrupción, contrabando, ganaderías ilícitas en la selva amazónica, oro ilícito, extorsión, esclavitudes modernas, cocaína, etcétera”. Sin embargo, para algunos congresistas de oposición, hay indicios de que el funcionario no estaría cumpliendo con los dos mandatos.
El senador David Luna, de Cambio Radical, pidió citarlo a un debate de control político en la plenaria, para que responda si el Gobierno está interceptando ilegalmente a miembros de la oposición, periodistas y militares en retiro. “La Dirección Nacional de Inteligencia no se puede convertir en el DAS multiplicado por cuatro”, dijo el senador.
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Así las cosas, González tendrá que responder, entre otras cosas, si la entidad ha adquirido equipos sofisticados de interceptación sin reportarlo, si estaría adelantando la “verificación de mensajes de WhatsApp a través de una agencia en Brasil” o si ha alquilado oficinas cerca de las viviendas de algunos congresistas de oposición. En total serán 20 preguntas las que deberá responder, aunque desde ya algunas personas que trabajan con el director señalan que muchas dudas no podrán ser resueltas por tratarse de temas de seguridad nacional.
A través de un comunicado, la DNI negó estar interceptando y aseguró que está incorporando “estándares internacionales de derechos humanos en las actividades de inteligencia y contrainteligencia”. Así mismo, dijo que no cuenta con los medios tecnológicos ni tiene la voluntad política de “perseguir”, todo esto para “garantizar que la oscura época del DAS no se repita jamás”.
Este no es el único cuestionamiento sobre la gestión de González en la entidad. En las últimas semanas también fue criticado por un proyecto de decreto que, según un reporte del periodista Yohir Akerman, buscaría unificar los servicios de inteligencia; es decir, quitarles fuerza a los departamentos que el Ejército, la Armada y la Policía tiene para tal fin y dejar toda la información bajo el control de la DNI. El tema despertó dudas sobre posible espionaje, pero luego fue negado por el propio presidente, quien aseguró que la medida sería una “completa equivocación” e implicaría ir “hacia el totalitarismo”. Al final, quedó el interrogante de cómo se diseñó ese borrador.
Por ahora, Carlos Ramón González seguirá al frente de la poderosa DNI, recibiendo información que pocos tienen y encargado de temas confidenciales como el manejo del archivo del DAS y la construcción del Plan Nacional de Inteligencia. El próximo lunes atenderá el llamado de la Corte Suprema y en las próximas semanas el debate de control político en el Senado. Entre tanto, en la Casa de Nariño, más de uno asegura que el presidente lo protegerá en cualquier escenario, pues se trata de uno de sus amigos más cercanos.
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