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Norma Hurtado, senadora del Partido de La U, es una de las congresistas con mayor trayectoria, interés y experiencia en el estudio del sistema de salud en Colombia. A lo largo de los intensos debates que han generado los intentos del Gobierno de Gustavo Petro por reformar el sector, Hurtado se ha destacado como una de las voces más críticas, señalando lo que en su opinión es la improvisación y la falta de recursos para cumplir lo prometido. Ha insistido, una y otra vez, en que las propuestas del Ejecutivo carecen de un aval fiscal sólido y ha promovido debates de control político para exigir responsabilidad al Gobierno.
En 2024, Hurtado fue clave para que la reforma a la salud se hundiera en la Comisión Séptima del Senado. En esta ocasión, cuando el proyecto vuelve a entrar en su tercer debate, la senadora, junto con sus colegas Ana Paola Agudelo y Lorena Ríos, ha presentado una propuesta alternativa de reforma. Esta iniciativa no es la del Gobierno, pero tampoco significa archivar cualquier posibilidad de reforma; busca, dice, ofrecer un camino intermedio y responsable. (Vea: No, el paracetamol (o acetaminofén) no causa autismo)
La propuesta alternativa ha generado críticas dentro del Gobierno y de sectores afines, que la acusan de favorecer los intereses de los gremios de las EPS. En esta entrevista, Hurtado responde a esas críticas y explica en detalle los alcances y objetivos de su proyecto, defendiendo su visión del sistema.
Presentan un proyecto alternativo que no es ni el proyecto del gobierno ni el archivo. ¿Por qué lo presentan y cuáles son sus elementos principales?
Lo presentamos porque nos tomamos el tiempo de escuchar tanto a los diferentes agentes del sector salud como a la academia, a los expertos y a las sociedades científicas, y sus preocupaciones. En este proyecto hay diferencias sustanciales con el texto del Gobierno, tantas que, como usted ha podido ver, el mismo presidente Gustavo Petro afirmó que nuestra ponencia no le servía, y el ministro lo aseveró—el ministro Jaramillo—, creo que equivocadamente. La propuesta alternativa no es para privilegiar los intereses de los privados. Las diferencias están en la transversalidad del documento que hemos puesto a consideración, no solo de la Comisión Séptima, sino de los expertos. Hemos concentrado en 10 puntos trascendentales la esencia de nuestra ponencia. Entendemos que esto ha generado incomodidad, pero sabemos que lo estamos haciendo bien.
Hay una diferencia muy importante en la ponencia alternativa. Mientras el proyecto del Gobierno insiste en estatizar la figura del aseguramiento social, nuestra propuesta defiende un modelo de aseguramiento mixto. ¿Qué es ese aseguramiento mixto? El que defiende la participación de actores públicos, privados y mixtos. En el tema financiero, también marcamos una diferencia importante: blindamos que los recursos de la salud se usen exclusivamente para la atención de pacientes. Esto es fundamental, porque en los dos últimos años hemos visto que los recursos de los pacientes se invierten en infraestructura, dotación y equipos básicos, y consideramos que eso no es el fin de los recursos.
¿Qué pasa con el cálculo de la UPC?
El cálculo de la UPC ha estado tensionado en estos últimos años. Vemos que el Ministerio de Salud, en una decisión unilateral, sencillamente no atendió el llamado de la Corte Constitucional. No conocemos de fondo las actas de lo que es el ajuste a la UPC, y hemos considerado, las tres senadoras que firmamos esta ponencia, que el Consejo Nacional de Salud puede garantizar una mayor transparencia, aportar mejor participación técnica y ser garante de la anualidad de la UPC y de su proyección. Nosotros colocamos al Consejo Nacional de Salud como eje central de la proyección de la UPC para los años subsiguientes.
¿Cuál es su postura frente a las EPS?
Consideramos que las EPS deben transformarse en Gestoras de Salud y Vida. Se encargan de contratar las redes y de auditar las cuentas. Nuestra apuesta es que se auditen las cuentas para autorizar el giro directo desde la ADRES. Esto genera transparencia, blinda los recursos del sistema y asegura el flujo oportuno de los recursos a hospitales y clínicas. Hoy el flujo está colapsado y no hay tranquilidad para la red prestadora, tanto pública como privada, en la llegada del pago de los servicios prestados. También buscamos eliminar las facultades extraordinarias para el presidente de la República y garantizar que los recursos destinados a la mediana y alta complejidad se respeten.
¿Por qué las EPS deben seguir encargándose de formar la red y auditar cuentas?
Hemos evaluado mucho y hay una experiencia que no se puede improvisar. Hay una experiencia que permite generar un margen de confianza en lo que ha sido la conformación de la red. Además, esta misma experiencia la hemos orientado a que ayude al sistema de salud en lo que son las auditorías para proceder al giro directo.
Hoy hay grandes traumatismos con este giro directo; hoy hay algunas postulaciones de las EPS intervenidas que no conocemos cuál es su propuesto: en un mes giran el 45% de la prestación realizada, al mes siguiente no giran, al mes siguiente giran el 32%, y eso debe estabilizarse y regularse. Incluso el superintendente dio instrucciones de estabilizar los pagos a la red pública y privada, pero poco se ha visto en la práctica.
¿Cómo afecta esto a los pacientes de alto costo?
La fragmentación del sistema ha sido una gran preocupación para los pacientes. Los pacientes de alto costo, como los de cáncer, enfermedad renal, enfermedades catastróficas y huérfanas, están sufriendo ante la ruptura de un sistema que los dejó a la deriva. Queremos blindar estos recursos y asegurar que se cumpla con su atención. Además, retomamos del cuarto aval fiscal un punto importante: antes de implementar cualquier nuevo modelo de salud, se deben pagar primero las deudas del sector, llamadas obligaciones del corriente. Esto es necesario para oxigenar la red pública y la red privada, porque estas deudas se causaron en 2023, 2024 y 2025, dentro del gobierno del cambio.
Estas son algunas de las cosas en las cuales nosotros consideramos que tenemos la posibilidad de generar compromiso, solidaridad, pero especialmente responsabilidad, con un sistema que era imperfecto, pero era un sistema menos traumático. Hoy tenemos un sistema de salud completamente traumatizado.
Sobre las críticas respecto a las deudas que han hecho senadores como Wilson Arias, ¿qué les responde a quienes dicen que el Estado asumiría deudas de las EPS?
Desde el estudio del proyecto de salud en la Cámara de Representantes ya había inquietud marcada sobre las deudas. Porque es un sistema que se transformará en el colapso si no hay pagos oportunos a la red pública y privada. Les quiero recordar algo. Desde la misma Comisión Séptima de la Cámara y su plenaria se esta hablando de habilitar al Ministerio de Hacienda, para que a través del grupo Bicentenario (conglomerado financiero estatal vinculado al Ministerio de Hacienda y que agrupa entidades como el Banco Agrario, Bancoldex, Finagro, Findeter o el Fondo Nacional del Ahorro), se creen mecanismos de crédito para el sector salud enfocados al pago de pasivos de las EPS.
En ese mismo proyecto que se aprobó en la Cámara de Representantes (con mayoría del Ejecutivo) también se habla de que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, reconocerá a las ESES públicas gradualmente recursos del presupuesto general de la Nación para el pago de acreencias que vienen de las EPS. Y también desde ese mismo proyecto que viene de la Cámara, se habla de habilitar a la ADRES para que actúe como garante y se creen mecanismos de créditos destinados al pago de pasivos en el sistema de salud. (Puede ver: Cambio en estatutos: el gobierno va por Nueva EPS)
Entonces, ¿qué es lo que les parece extraño, si fue lo mismo que lideraron ellos en la Cámara de Representantes? Osea, cofunde y reinarás. ¿Cómo hacemos una reforma sin mirar la crisis financiera del sistema? ¿Tenemos que ser indiferentes a eso? Tenemos que ponerlo sobre la mesa. Por eso es importante abrir el debate. Si en algo nos hemos equivocado, para eso es el debate: para corregir, ajustar, llevar otros expertos, hacer de este articulado un consenso de país que beneficie al sistema de salud y especialmente ponga al paciente en el centro, no los intereses de un lado o de otro.
¿Qué mensaje quiere enviar a hospitales, clínicas y a la comunidad?
Más que a la red, el mensaje es para el ministro de Hacienda y el ministro de Salud: tenemos que sincerarnos y ser honestos. Hoy hay una necesidad urgente de recursos para el sistema de salud, porque la red pública y al red privada están en una crisis profunda. Y esa crisis afecta la prestación de servicios a pacientes que hoy necesitan del Estado. Estos puntos deben ponerse sobre la mesa al hacer una reforma, y los colombianos deben saberlo. (Puede ver: Eutanasia en Colombia: 2024 registró 352 casos)
¿Qué espera que pase con este proyecto en la comisión?
Lo más importante es que haya debate. Construimos este documento de la mano de las doctoras Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo, y de otros compañeros que hicieron aportes técnicos importantes. Consideramos que es fundamental debatir de cara a la comunidad, porque los ciudadanos merecen saber cómo se pasará de un aseguramiento individual a un aseguramiento social y qué consecuencias tendrá para su vida.
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