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La historia de la Universidad Nacional de Colombia se confunde con la de la república. En 1832 el general Santander creó su primer antecedente y en 1864 el jurista José María Samper quiso recuperarlo. Pero fue el médico Manuel Plata Azuero quien presentó el proyecto de la Ley 66 de 1867, que le dio vida. Su más grande transformación se produjo en 1935, inspirada por el presidente Alfonso López y su ministro de Educación, Darío Echandía.
Pocas instituciones se parecen tanto a su país como la Universidad Nacional. Como en ninguna otra, en ella se han formado colombianos de todos los sectores, disciplinas y regiones. Es la conciencia crítica del país y la mejor garantía de acceso equitativo de la juventud colombiana a la educación superior. La conozco bien porque en sus aulas cursé mis estudios de pregrado y de maestría, en ellas me he desempeñado como profesor y a través de CAUN, su Colegio de Abogados, formo parte de la destacada comunidad de sus egresados.
No es la primera vez que acusa factores de crisis, pero hoy atraviesa un auténtico estado de zozobra porque está doblemente sitiada. En primer término, por grupos violentos que deciden apropiarse de sus sedes y, en segundo lugar, por sus propios directivos cuya responsabilidad es alta en la crisis actual. Una carta suscrita por cerca de 50 profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas señala su agudo problema de gobernabilidad, originado en la falta de claridad del proceso de selección del nuevo rector y, específicamente, en el método escogido por el Consejo Superior Universitario (CSU) para designarlo.
En carta a la ministra de Educación, la asociación de egresados de la universidad, ADEXUN, señala que en momentos difíciles deben buscarse soluciones y no responsables. Aun así, no pueden ignorarse decisiones del CSU y actitudes del nuevo rector. Aquel afectó la transparencia de un proceso cuya regulación depende de normas jurídicas pero también éticas y este asume que en la alma mater no está ocurriendo nada grave, según se desprende del comunicado que emitió el lunes anterior. Es increíble: manifiesta preocupación por la ausencia de soluciones rápidas, pero ignora un hecho de bulto: más allá de lo jurídico y de lo institucional, el eje del problema es él mismo. Los hechos son tozudos.
En pronunciamiento adicional, ADEXUN llama a la prudencia en el lenguaje y pide evitar actitudes ofensivas y amenazantes. Afirma que los hechos acaecidos en estas semanas “ponen en riesgo la institucionalidad, desdicen del talante democrático que hemos predicado durante décadas, afectan gravemente la imagen y el prestigio de la universidad construidos por generaciones durante más de 150 años y entorpecen el normal desarrollo de la vida universitaria”.
La gran responsabilidad es del CSU, cuyos miembros deben asumir con honor el compromiso que entrañan sus dignidades. Pero también es del ingeniero designado como nuevo rector, a quien las asociaciones de egresados invitan a reflexionar, en la idea de que piense más en la universidad que en sí mismo, de manera que facilite la toma de nuevas decisiones que superen este vacío de autoridad que agobia a la alma mater.
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