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La reciente muerte de 11 personas en Barranquilla, por consumir licor adulterado, le da más valor a un pequeño laboratorio, que funciona en el centro de Bogotá y es el cuartel que tiene la Gobernación de Cundinamarca para luchar contra el licor adulterado y de contrabando. Hace ocho años se dieron los primeros pasos para consolidar este centro de investigación química que, además, de detectar bebidas alteradas, salva cientos de vidas.
Hoy el laboratorio es referente al analizar todo tipo de licores: desde aguardientes nacionales, whisky y vinos importados. Sus ingenieros han sido protagonistas en detectar bebidas potencialmente mortales para los cundinamarqueses como el denominado Rey de Reyes o “Cabañita”, elaborados con sustancias peligrosas como el metanol, y han apoyado a las autoridades aportando evidencia a la Fiscalía para judicializar a los responsables de lucrarse con este mortal negocio
El contar con un laboratorio propio es una ventaja para el departamento, pues mientras otros entes territoriales deben esperar hasta tres meses para contar con los resultados de una muestra, en Cundinamarca son 15 días para concluir si un lote de licor es adulterado; qué tan riesgoso para la salud, y determinar patrones y cifras, para que la Policía pueda dar con el paradero de quienes distribuyen estos productos ilegales.
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Aunque sus ingenieros no saben cuántas vidas han logrado salvar a través de tubos de ensayo y pipetas, saben que es necesario mantener un proyecto de este calibre, para continuar luchando contra las rentas ilícitas. Su trabajo fue reconocido este mes, cuando LGC, una empresa británica experta en la evaluación de licores, entregó un aval internacional al laboratorio por su buen manejo en la investigación y protagonismo contra los licores hechizos.
“El trabajo y la certificación internacional demuestra calidad e idoneidad para que Cundinamarca sea la única entidad territorial en Colombia que tiene un laboratorio. Eso significa prontitud en los dictámenes de las pruebas que analizamos y no depender de terceros para salvar vidas, combatir las rentas ilícitas y articularnos con la justicia”, comenta Luis Armando Rojas, secretaria de Hacienda de la Gobernación.
El costo humano
El trago adulterado es un problema desde cualquier óptica, cuenta Rojas. Su consumo ha dejado ejemplos graves en adultos, ancianos o hasta en niños. El ejemplo más reciente se dio en Barranquilla esta semana, cuando las autoridades reportaron la muerte de 11 personas por ingerir una sustancia comercialmente vendida como “Cococho”, pero que a ojos de la ciencia era un cóctel mortal compuesto de alcohol etílico y metanol, ambos utilizados para tareas industriales y que, al ser consumidos por humanos, deja desde casos de ceguera hasta la muerte.
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La tarea del laboratorio es identificar cuáles de estos productos, en apariencia legítimos y con registros sanitarios al día, pueden constituir un riesgo claro para la salud pública. Y es que Daniel Torres, el ingeniero a cargo de liderar el laboratorio, explica que la producción masiva de tragos adulterados es un flagelo de vieja data y que cada vez más se perfecciona para burlar a las autoridades. Las organizaciones recogen botellas de los basureros, modifican sus estampillas, adhieren etiquetas falsas y las localizan a precios que pueden llegar a ser un 50 % menores a los tragos originales y seguros.
Torres agrega que no se está hablando de cantidades pequeñas, pues un solo lote de un licor adulterado está compuesto de miles de unidades y botellas que llegan a los mercados irregulares y a los hogares de Cundinamarca. Cuando se logra incautar un cargamento de estas bebidas, tanto en el laboratorio como en la Policía, saben que millones de botellas siguen circulando en los comercios y calles del departamento.
Y es que, en cifras de las autoridades, al año circulan, en promedio, 100.000 botellas de licor ilícito en Colombia. El consumo se dispara en épocas festivas, como Navidad o celebraciones puntuales como Halloween. En Cundinamarca, considerado como uno de los centros de consumo del país, la situación es crítica: en julio la Gobernación incautó más de 1.500 unidades de licor adulterado en Bogotá; en mayo, otro cargamento de 5.500 botellas fue interceptado por la Policía.
“El laboratorio cambia la ecuación en la lucha contra los licores ilícitos. En el pasado se perdió mucho tiempo y recursos atacando a los tenderos y consumidores de a pie, pero no a las estructuras criminales. Este centro químico ofrece pruebas para que la justicia aprehenda a quienes mueven el negocio. En 2025 hemos incautado cerca de 10.000 botellas adulteradas o de contrabando y se han recopilado pruebas científicas en 18 procesos o noticias judiciales”, subraya Rojas.
Perjudicial para las finanzas
El negocio del licor adulterado no solo amenaza la salud de los consumidores: también golpea con fuerza las finanzas del departamento. Cada botella falsificada significa impuestos que nunca entran a las arcas públicas, recursos que deberían destinarse a salud, educación o infraestructura. La Secretaría de Hacienda calcula que, solo en Cundinamarca, las pérdidas por evasión y contrabando superan los $ 40.000 millones anuales, una cifra que equivale a varios programas sociales en los municipios.
Las finanzas empiezan a sentir un golpe en el bolsillo con este problema si se tiene en cuenta que las bebidas alcohólicas, junto con la renta al tabaco y los hidrocarburos, son unas de las principales fuentes de ingresos tributarios para el departamento. La fórmula, cuenta Rojas, empieza a desabalancearse: entre más dinero se evada con licores adulterados o de contrabando, menos plata habrá en Cundinamarca para construir colegios, hospitales u otras obras de infraestructura que benefician a los 116 municipios, como troncales viales o programas destinados a apoyar la situación de escasez que se vive en las zonas rurales.
“Cuando una botella de aguardiente ilegal circula en el mercado, no solo pone en riesgo a quien la consume; también le quita al departamento los ingresos que usamos para financiar hospitales y colegios”, explica Luis Armando Rojas. Por eso, el laboratorio es visto como una herramienta de doble impacto: protege vidas y, al mismo tiempo, blinda el recaudo tributario frente a mafias que lucran a costa del erario.
Tanto Torres como Rojas coinciden en que el laboratorio ha significado un golpe a las rentas ilícitas del licor. En tan solo ocho años aseguran haber creado un modelo que puede replicarse en el resto del país y utilizar a la ciencia como aliada en la lucha contra la ilegalidad.
“Nuestra obligación es y siempre será cuidar la vida de los ciudadanos, y si al hacerlo también podemos proteger las rentas para la inversión social, entonces es un doble propósito. El laboratorio y la química se ponen del lado del desarrollo en Cundinamarca”, finaliza Rojas.
