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Colombia se alista para tener un sistema de alertas tempranas, el cual –una vez esté en ejecución– permitirá desplegar acciones inmediatas de prevención en torno a feminicidios y violencias basadas en género. Un paso determinante para intentar ponerles freno a los más de 745 crímenes de este tipo que se han registrado en el país tan solo en este 2024.
En efecto, el Gobierno del presidente Gustavo Petro acaba de expedir un decreto que reglamenta este tipo de procedimientos y que, a más tardar, debe estar operando en un plazo no mayor a seis meses, lo que se traduce en que en junio o julio de 2025 ya debe estar plenamente en funcionamiento.
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De acuerdo con el decreto 1476 del 12 de diciembre pasado –a cuyo contenido completo accedió El Espectador–, las alertas tempranas para prevenir feminicidios deben estructurarse desde el Ministerio de la Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, y su despliegue preventivo debe ser de carácter inmediato una vez estén operando.
Su objetivo, según el documento oficial, es “identificar y advertir situaciones de riesgo de violencias basadas en género, especialmente violencia feminicida y barreras de acceso a justicia, atención y protección de víctimas de violencias basadas en género”. A esto hay que sumarle que, ante la necesidad de llevar esta estrategia a regiones apartadas y de difícil conectividad, el equipo que lidera Márquez debe diseñar mecanismos de “territorialización” para que el alcance de estas medidas sea realmente nacional y profundo.
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Otro aspecto clave que empata con este ítem del decreto, el cual tiene la firma del presidente Petro, la vicepresidenta Márquez, tres ministros (Justicia –Ángela María Buitrago–; Salud –Guillermo Alfonso Jaramillo–; y TIC –Mauricio Lizcano–) y de dos cabezas de departamentos (Dane –Beatriz Urdinola– y Función Pública –Paulo Molina–), está encaminado a que habrá un capítulo especial de estas alertas sobre “riesgo feminicida”.
Aquí se determinó que habrá “registro de los y las familiares de las mujeres en riesgo feminicida y de las víctimas de feminicidio”, y una ruta de activación inmediata de prevención basada en cinco aspectos.
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El primero es contactar de inmediato a las posibles víctimas o a terceros cercanos a ellas para determinar el “nivel de emergencia”; además, si hay menores de edad vinculados a los casos de riesgo, debe haber despliegue del ICBF y de la Policía para garantizar su protección, pero “garantizando la no separación de la madre, o mujer cuidadora en riesgo”.
Los pasos adicionales son la remisión del caso a las autoridades y entidades competentes para activar las medidas de atención y protección para minimizar los riesgos de que se ejecute el feminicidio; también se tiene que garantizar un seguimiento a cada caso luego de atentado y, por último, emitir todas las acciones adicionales necesarias que permitan garantizar los derechos de las mujeres.
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Acciones de este tipo buscan evitar crímenes como el que el pasado 8 de diciembre sacudió a Bogotá, pues ese día se supo que Catalina Leyva –de 24 años– desapareció luego de salir hacia supuesta entrevista laboral; su cuerpo fue hallado después con signos de violencia sexual. Y, según la Defensoría del Pueblo, este caso y los otros 745 registrados en 2024 en el país, cuentan con el agravante de que en al menos ocho departamentos (Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Meta, Magdalena, Guaviare y Huila) no tienen ni un solo espacio destinado a la protección de mujeres en riesgo extremo ser asesinadas.
Incluso, lo que hace que la radiografía sea más alarmante en el país y de ahí la necesidad del Ejecutivo de expedir el decreto que este diario ahora revela, se tienen documentados en estos casos de feminicidio al menos 44 contra niñas y 11 contra mujeres trans. Ni siquiera, según fuentes del propio Gobierno, sirvieron acciones como la declaratoria de emergencia por violencia de género –decretada en 2023– para frenar este tipo de criminalidad.
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Por eso, de acuerdo con el documento oficial, es necesario que se reglamente el funcionamiento del Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de las Violencias Basadas en Género, el cual hace parte de una estrategia más global que ya lleva algunos meses desarrollándose y que se bautizó como Sistema Integrado de Información sobre Género.
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A estas instancias están vinculados varios ministerios y entidades, y deben presentar informes periódicos de cómo estas estrategias están impactando en la sociedad y, por supuesto, en la prevención de feminicidios y otras violencias basadas en género. Además, según el decreto, todas las acciones se ejecutarán, en cuanto a cada organismo vinculado, “de acuerdo con sus competencias y con cargo a las disponibilidades presupuestales, al marco fiscal de mediano plazo y al marco de gasto de mediano plazo”. También se dispondrá del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial.
Ahora bien, estas acciones necesarias para garantizar la prevención de las violencias basadas en género, también llegan en momentos en que el presidente Petro ha sido duramente cuestionado –incluso desde el propio seno del progresismo– por defender funcionarios suyos salpicados por este tipo de casos, como Armando Benedetti, Hollman Morris y, aunque se terminó cayendo su designación en la diplomacia, Daniel Mendoza; todos ellos niegan los señalamientos que hay en su contra.
En todo caso, quedan seis meses más contados a partir del 12 de diciembre pasado, cuando el jefe de Estado y parte de su equipo plasmaron sus firmas en este documento, para terminar de delinear los procesos que hacen falta para que el país cuente con herramientas potentes con las que se intentará prevenir la violencia creciente contras las mujeres.
Este es el decreto completo del Gobierno del presidente Petro:
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