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El presidente Gustavo Petro anunció que Colombia seguirá explorando las vías diplomáticas para abordar una nueva crisis con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dentro de los escenarios adoptados durante este nuevo quiebre de las relaciones entre Washington y Bogotá estará una propuesta para la eliminación de los aranceles agroindustriales, así como una renegociación del Tratado de Libre Comercio de forma equitativa para los dos países.
La decisión se adoptó tras las tensiones generadas entre los dos jefes de Estado luego de que Trump señalara que su homólogo colombiano es un “líder del narcotráfico”. Desde la Casa de Nariño también se decidió llamar a consultas al embajador en Washington, Daniel García-Peña, quien se presentó ante el presidente Petro en la mañana del lunes.
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Tras su regreso, García-Peña se reunió en la Casa de Nariño con el mandatario nacional; la canciller, Rosa Villavicencio; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino y otros funcionarios del alto gobierno para analizar los escenarios posibles a los que estaba expuesto Colombia.
Dentro de los anuncios realizados por el jefe de la Casa Blanca se estimó, entre otros, la imposición de nuevos aranceles a los productos colombianos que llegan a suelo estadounidense, además de la finalización de las ayudas en los programas de lucha contra las drogas. Sin embargo, al cierre de esta edición las medidas no habían sido anunciadas por la Oficina Oval.
Si bien no existe una comunicación directa entre las partes, el presidente Gustavo Petro se reunió con el jefe de negocios en Bogotá, John McNamara. Sin embargo, previo al mismo, el presidente cuestionó la no presencia de un embajador en cabeza en Colombia desde hace varios años – Francisco Palmieri fue delegado por el gobierno Biden, y McNamara por Trump -, aunque remarcó que “con ambos tengo buenas relaciones personales”.
No obstante, expresidentes y excancilleres señalaron como crítico el segundo llamado a consultas de García-Peña en menos de seis meses, pues se necesita diálogo directo en medio de las tensiones. Cabe señalar que el primer retorno del delegado por Bogotá en Estados Unidos se produjo en julio, luego de señalamientos por parte de la Casa de Nariño al secretario de Estado de estar presuntamente fraguando un plan para un golpe de estado junto con políticos colombianos. Aquella crisis duró poco menos de una semana.
Según dijo el excanciller Julio Londoño Paredes a El Espectador esta “es una medida inferior al rompimiento de relaciones cuando hay una fuerte discrepancia entre dos Estados. Falta ver si los Estados Unidos hace lo mismo”. Sin embargo, los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana sí insistieron por “serenidad, prudencia y sentido nacional, por encima del egoísmo, en el manejo de esta crisis que pone en riesgo la seguridad, el bienestar de pueblo y sectores claves de la economía colombiana”.
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Como señalan los exmandatarios, de presentarse los recortes estimados por Trump, el principal afectado sería el sector defensa, que tiene una importante financiación de programas estadounidenses para la lucha contra el narcotráfico. En materia arancelaria, se afectarían los principales sectores económicos en el país, que solo en 2024 significaron ingresos por más de USD 14.000 millones.
En medio de este panorama adverso para el gobierno colombiano, las diferentes carteras se volcaron con las posturas del presidente Petro, señalando al unísono la “defensa de la soberanía nacional” que estaría siendo atentada desde la Casa Blanca. Es allí, por ejemplo, cuando Petro señala que por parte de Trump se estaría dando luces a una intervención militar en territorio colombiano, así como ya se ha dado a entender en el caso venezolano.
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Voces del congreso estadounidense también se han pronunciado alrededor de esta crisis. Mientras que en el espectro demócrata se insiste en que retirar las ayudas a la seguridad colombiana es hacerlo a la lucha contra el narcotráfico y la seguridad de los Estados Unidos; en la bancada de los republicanos se estarían impulsando esas sanciones a Colombia respaldando la falta de acción del gobierno Petro en esta materia.
Según le dijo a este diario la exvicepresidenta del gobierno Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, existe una “necesidad urgente de desarrollar una estrategia de diplomacia paralela desde la sociedad civil, los directores de los partidos políticos, los expresidentes, algunos excancilleres, y, por supuesto, los empresarios para hablar al oído de los tomadores de decisiones en Estados Unidos y explicar que la actitud desafiante de Gustavo Petro para con Estados Unidos”.
En medio, se fijó la postura del excanciller Luis Gilberto Murillo. Hoy con intenciones presidenciales, Murillo se ofreció en ayudar a desescalar las tensiones con la Casa Blanca. Un rol similar adoptó en el mes de enero, cuando a los pocos días de Trump en el poder se escaló la primera tensión con el presidente Petro con motivo de la deportación de migrantes colombianos. Aquella crisis también fue abordada por Laura Sarabia – quien días después ejercería como Canciller – y el propio embajador García-Peña, quien para la fecha del 26 de octubre se encontraba en territorio colombiano.
En respuesta a esta petición, la Comisión Segunda del Senado, en dirección de Mauricio Giraldo (Conservador), anunció que desde el Congreso se buscaría la alternativa de abrir nuevas líneas de diálogo dado que “es indispensable que los canales diplomáticos retomen su papel institucional, actuando con prudencia, respeto y profesionalismo, y que quienes los dirigen cumplan con la Constitución y la Ley, evitando una política exterior confrontativa. Nuestro país necesita diplomacia de Estado, no militancia”.
Además, por parte de la Cámara de Representantes, Luz Pastrana (Independiente) manifestó a El Espectador que la mejor forma de revertir la situación es “facer un ‘reseteo responsable’ con EE. UU.: crear una mesa técnica bilateral sobre antinarcóticos con salvaguardas de DD. HH. y verificación independiente, un acuerdo marco comercio-empleo; alivios transitorios, certificaciones sanitarias aceleradas entre otros”.
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Para la congresista exintegrante de Cambio Radical, se perentorio “bajar el volumen, subir la técnica, ponerle pausa por al menos unos días al mandato por X que está llevando el presidente Petro, usar entidades y empresas como interlocutores efectivos: AmCham, USTR, gobernadores y alcaldes con interés exportador, buscar una Coalición país-país con empresarios, sindicatos y academia, donde se presenten cifras de empleo por cadena productiva”.
Por su parte, desde la bancada oficialista, el representante Alejandro Toro dijo a este diario que, si bien los canales de diálogo se deben mantener abiertos, sí era necesario un llamado a consultas del embajador Daniel García-Peña. Además, el representante del Pacto Histórico cuestionó la postura que se ha adoptado de algunos sectores opositores por “ponerse de lado de un hombre que ha irrespetado todos los protocolos”.
Sin embargo, precisamente de los sectores de la oposición ha habido labores para mitigar esta crisis diplomática. Tal es el caso del precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, quien en la tarde del lunes se reunión con el subsecretario de Estado Christopher Landau. Allí, según comunicó el equipo de Pinzón, el diálogo se centró en una persuasión para evitar sanciones contra Colombia pese a las remarcadas diferencias entre Donald Trump y Gustavo Petro.
Ahora bien, desde estossectores también se ha sacadorédito sobre esta nueva crisis, proyectando resultados en materia electoral. Precandidatos y congresistas han insistido en una necesidad de cambio pararetomar relaciones directas y “fuertes” con la Casa Blanca. Estos mismos sectores políticos también han sugerido que esta crisis se sirve como abono a los intereses del presidente Petro sobre la búsqueda de debilitar y/o romperlas relaciones con la Casa Blanca y enrutar sus intereses electorales hacía 2026 bajo el paraguas de la “defensa de lasoberanía” comouna de sus cartas discursivas camino a los comicios de mayo y junio del próximo año.
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Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
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