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Una reacción de último minuto del comisionado de paz, Otty Patiño, y la paciente persistencia de la diócesis local en la reconciliación posible consiguieron alargar por 90 días más el frágil acuerdo de no agresión entre los Shottas y los Espartanos en Buenaventura. Son dos bandas delincuenciales, integradas por unos 1.700 jóvenes, cuyas actividades extorsivas y enfrentamientos violentos por el control de la droga en la ciudad han causado gran sufrimiento a buena parte de sus 320.000 habitantes.
No obstante, ni siquiera esta endeble paz, que a cada rato entra en crisis por la falta de atención y el incumplimiento de compromisos del Gobierno nacional, ha logrado sacar al puerto de la lista de las ciudades más violentas del país. Sí se respira más tranquilidad, pero cerró el 2023 con una escandalosa tasa de homicidios de 42,3 por cada 100.000 habitantes.
El negocio de drogas juega de acicate de la violencia en ese puerto exportador. No obstante, hay más de fondo.
Como en varios lugares atribulados de Colombia, allí abunda la riqueza. Las empresas portuarias movilizan 19 millones de toneladas de productos al año (alrededor de la mitad del comercio exterior de Colombia).
El 90 % del área de Buenaventura es rural y, a pesar de su deterioro reciente, tiene una gran diversidad de ecosistemas, entre ellos bosques de niebla, humedales, manglares y bosques húmedos.
En 2023, la Nación le giró a la ciudad, mediante el Sistema General de Participaciones, poco más de $346.000 millones; en números simples, esto equivale a unos $3,5 millones por vivienda, sobre todo para educación y salud. Y por todo concepto, la ciudad proyecta, según cifras de la Alcaldía, que recibirá $800.000 millones en 2024, esto equivale a casi $8 millones por hogar al año.
A la mayoría de los bonaverenses no les toca casi nada del baile de los millones, ni se aprovecha la biodiversidad para crear riqueza para ellos. Alrededor del 60 % de sus habitantes viven en la pobreza y el 9 %, en la miseria. Las arcas municipales están quebradas. La alcaldesa, que empezó en enero pasado, encontró que 88 de las 172 cuentas bancarias del municipio están embargadas por deudas y el déficit fiscal acumulado es monumental. Por malas decisiones, hasta la Sociedad Portuaria, otrora boyante, da pérdidas y no volvió a repartir dividendos, afectando más a sus 500 socios minoritarios.
Una investigación de Andrés Medina-Garzón, de la Universidad Javeriana, da en el clavo de por qué la riqueza no le llega a la gente. Concluye que ha habido un “desarrollo ausentista”, eso quiere decir que no creó vínculos para fomentar el desarrollo industrial en la zona, como sucede en puertos grandes del mundo. Los empresarios pertenecen a élites políticamente influyentes y “están ausentes y desarraigados”, según dijo un entrevistado a Medina. Además, la institucionalidad pública es débil y ni los entes privados ni los públicos vigilan bien los recursos. Los titulares de adjudicaciones irregulares de convenios, contrataciones fraudulentas y cámaras de comercio con malas mañas durante las elecciones de alcaldes alternan con los de la violencia.
Es decir, Buenaventura retrata de manera dramática lo que estamos haciendo mal como país.
Ante este panorama y con los grandes carteles de la cocaína acechando el conveniente puerto, a los jóvenes pobres solo les queda volverse shottas o espartanos útiles al crimen organizado, pero no es contradictorio que, a la vez, pidan a gritos paz, para ver si alguien les construye otro futuro.
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