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Seis contratos celebrados entre octubre de 2023 y febrero de 2024 por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para la compra de carrotanques, carros de bomberos y materiales de construcción hacen parte del nuevo capítulo del que es considerado el escándalo de corrupción más grande del gobierno de Gustavo Petro.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación administrativa en contra de cinco empresas, dos exfuncionarios de la Ungrd y cinco personas naturales por su presunta participación en un monopolio de contrataciones liderado por Luis Eduardo López Rosero, más conocido como “El Pastuso”, quien habría torcido contratos por más de $86.000 millones de recursos públicos.
Al entramado de corrupción de la Ungrd, que hoy es investigado por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, se suman las pistas de la SIC sobre las presuntas movidas de López Rosero, ya condenado a seis años de prisión, para lograr que cinco empresas que fueron de él ganaran millonarios contratos con la entidad encargada de atender desastres y emergencias en Colombia.
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El Espectador conoció la resolución de la SIC con la que dio apertura oficial a la investigación en contra de López Rosero, su esposa, los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, nueve exempleados del contratista y cinco empresas que, aunque estaban a nombre de terceros, eran manejadas por “El Pastuso” desde las sombras.
La SIC empezó a tirar del hilo en el caso luego de que en marzo de 2025 la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común interpusiera una denuncia administrativa sobre “quejas ciudadanas relacionadas con irregularidades presentadas en la contratación pública de carrotanques para llevar agua a la población más necesitada del departamento de La Guajira”.
Esas movidas, al parecer irregulares, estarían relacionadas con un “presunto acuerdo ilegal que viola la competencia” de privados que buscan contratar con entidades del Estado, como la Ungrd. Al empezar a revisar la información del caso, el ente de control encontró que, en realidad, no sería uno sino seis contratos irregulares y todos apuntarían a López Rosero.
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Seis empresas, un solo dueño
La información recopilada por la SIC en su investigación administrativa da cuenta de que cinco empresas del sector de la construcción y obras de ingeniería serían propiedad de Luis Eduardo López Rosero: Luket S.A.S., Brand S.A.S., Impoamericana Roger S.A.S., Kalmo S.A.S. y Proyectos RML S.A.S. Sin embargo, solo en una ellas el contratista aparecía como su representante legal.
En las demás eran su esposa, Sandra Liliana Brand Pantoja, y terceros como Martha Cecilia Burbano y Roger Alexander Pastas Fuertes, quienes aparecían como las personas a la cabeza de las empresas. Ahora el ente de control busca confirmar o descartar si, en realidad, se trataría de personas que solo ponían sus nombres al servicio de López Rosero.
Para determinar la responsabilidad del contratista, la SIC recabó información sobre las operaciones de las cinco empresas y la contrastó con los aportes de Olmedo López, Sneyder Pinilla y el propio López Rosero ante la Fiscalía. El ente de control observó que entre las seis empresas hubo una dinámica de “rotación entre representantes legales, lazos comunes de revisor fiscal y contador, secretarias idénticas, objetos sociales idénticos, lazos familiares entre ellos, entre otras irregularidades”.
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Esa movida habría permitido que el monopolio de López Rosero se quedara con contratos con sobrecostos por más de $86.000 millones, en los que también se habrían entregado coimas a exfuncionarios de la Ungrd.
Luket S.A.S., la primera empresa sobre la cual está puesta la lupa, es la única en la que López Rosero aparece como su representante legal. Fue creada el 23 de mayo de 2012, está registrada ante la Cámara de Comercio de Pasto y su representante legal suplente es una mujer llamada Carmen Lucía Álvarez. Esta firma presentó propuesta a cuatro procesos de contratación adelantados por la Ungrd y se quedó con tres de ellos.
Todos suman poco más de $1.051 millones, dinero que estaba destinado a la compra de materiales de construcción para atender emergencias en San Pablo (Nariño), Quibdó (Chocó) y Guapi (Cauca). Las empresas que compitieron por esos contratos también serían propiedad de López Rosero.
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Otra de esas firmas es Impoamericana Roger S.A.S., creada en octubre de 2017 y registrada ante la Cámara de Comercio de Cúcuta. Su primer representante legal fue Jorge Alberto Domínguez, asesinado en septiembre de 2024, meses después de que estallara el escándalo de los carrotanques para La Guajira. Roger Alexander Pastas Fuertes, hoy investigado, pasó a ser su gerente el 2 de julio de 2019.
Bajo su gerencia, Impoamericana se quedó con los otros tres de los seis contratos a los que hoy la SIC les sigue la pista, por $106.000 millones. Esa plata, según la información recopilada en la investigación administrativa, iba para la compra de 60 carrotanques y de 20 carros de bomberos.
En la lista sigue Brand S.A.S., creada el 11 de mayo de 2019 por Sandra Liliana Brand Pantoja, esposa de López Rosero. Pero entre el 14 de junio de 2022 y el 1 de marzo de 2024, la representante legal fue otra mujer llamada Martha Cecilia Burbano. Una movida que, en palabras de la SIC, “cobra sentido en la hipótesis de la investigación”, pues fue en ese lapso cuando Brand participó en cuatro procesos para contratos con la Ungrd.
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También está Kalmo S.A.S., creada por Karen Margarita López Brand, hija de Luis Eduardo López Rosero y Sandra Liliana Brand Pantoja, y Proyectos RML S.A.S., creada por Rivas Mora Construcciones y la ya mencionada Luket S.A.S., en julio de 2018. Las acciones le pertenecían a López Rosero y Roger Alexander Pastas Fuertes también fue su representante legal suplente en 2022.
Las movidas de “El Pastuso”
Tras identificar la matriz de empresas de Luis Eduardo López Rosero, la SIC encontró pistas sobre la forma en la que el contratista habría logrado manejar la participación de las firmas de su emporio en las contrataciones de la Ungrd. “Habría ejercido un control fáctico y operacional sobre el comportamiento de las empresas mencionadas.
Se resalta que dicho control competitivo se habría ejercido de manera indirecta (control oculto) sobre Kalmo, Impoamericana y Brand por medio de sus familiares y/o personas de confianza. Por su parte, dicho control competitivo se habría ejercido de forma directa sobre Luket y Proyectos RML, donde desempeñaba cargos con responsabilidad administrativa”, se lee en el documento conocido por este diario.
La resolución de apertura de la investigación administrativa también reseña que López Rosero habría entregado más de $7.000 millones en coimas a las dos cabezas de la Ungrd, hoy condenados por la justicia ordinaria, por el desfalco a la entidad: Olmedo López y Sneyder Pinilla.
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Parte de las alertas sobre las movidas ilegales llegaron a la SIC el 18 de abril de 2024, cuando la Contraloría envió “información sobre presuntas irregularidades relacionadas con las prácticas comerciales restrictivas de la competencia y competencia desleal” en los contratos de la Ungrd. De ese mismo informe hacía parte un escrito de la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), sobre la denuncia.
“La denuncia señaló la presunta existencia de irregularidades en el proceso de contratación para la adquisición de los 40 carrotanques por parte de la Ungrd, por medio de la identificación de posibles vínculos contractuales entre las tres empresas invitadas a cotizar, así como entre sus representantes legales y accionistas”, dice la resolución de la SIC.
Irregularidades que se replicaron en las otras cinco órdenes de proveeduría por las que hoy hay 13 personas y cinco empresas que tienen abiertas investigaciones administrativas en su contra. Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, dice la investigación, era el encargado de “verificar la idoneidad del proveedor”, que en los seis casos habría sido, a fin de cuentas, el mismo López Rosero.
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Lo que el ente de control ha encontrado hasta el momento, y que fue afirmado por los propios Olmedo López y Sneyder Pinilla ante la Fiscalía en el proceso penal, es que esas verificaciones estuvieron plagadas de irregularidades auspiciadas por coimas del contratista, que llegaban a ser de hasta el 14% del valor de los contratos: el 1% para Pinilla y el 13% restante para Olmedo López.
Esos sobornos configuraron, en concepto de la SIC, “un escenario de coordinación, colaboración y activa comunicación entre Luis Eduardo López Rosero y personas de la Ungrd encargadas de adelantar los procesos de contratación de esta entidad”. Es decir, las seis órdenes de proveeduría se habrían entregado en negocios con cartas marcadas.
“Se pudo constatar que los investigados habrían aprovechado el rol estratégico de los funcionarios del Ungrd para acceder a información privilegiada y datos relevantes sobre el desarrollo de los distintos procesos, aprovechando el régimen de excepción y la urgencia de las contrataciones”, se lee en la resolución.
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Agrega que la Ungrd tenía siempre listos los nombres de las seis empresas controladas por López Rosero, para solicitarles a las mismas que presentaran propuestas y así cumplir, en apariencia, con los requisitos de la ley, que establece que tres oferentes deben presentar propuestas para evaluar a quién se le entregan los contratos, en el marco del sistema de Adquisición de Asistencia Humanitaria de Emergencia.
La SIC busca también confirmar si López Rosero habría sostenido reuniones con Pinilla, en las que le habrían entregado información al contratista sobre las condiciones particulares para la adjudicación de cada orden de proveeduría.
Con esa información, dice la teoría del ente de control, el contratista dictaba las órdenes particulares para que sus fichas en las seis empresas que controlaba enviaran sus propuestas en plazos récord de hasta menos de dos horas, garantizando los sobrecostos, las coimas previamente pactadas con los funcionarios de la Ungrd y la asignación de los contratos a sus empresas, ante la exclusión de otros oferentes y dando la apariencia de una falsa transparencia en los procesos.
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“Tengo RML, tengo Brand, tengo a Impo (Impoamericana), tengo a Luket. Podría llamar a preguntarle a la contadora. Ella es la que maneja todas las empresas. Como son varias, no tengo la claridad”, le dijo el propio López Rosero a la Fiscalía dentro del proceso por el que llegó a un preacuerdo y fue sentenciado a seis años de prisión.
En esa misma diligencia, como lo recoge la SIC, López Rosero “afirmó que él era quien tomaba las decisiones en cuanto al manejo de estos agentes del mercado”. En ese sentido, el contratista, “materializó el control competitivo por medio de su participación directa en las referidas sociedades, así como a través de familiares y personal de confianza”, planteó el ente de control.
Con la resolución de apertura de investigación en sus manos y un memorando de entendimiento firmado con la Fiscalía General de la Nación, la SIC seguirá adelante con el proceso administrativo en contra de las cinco empresas, al parecer, controladas por López Rosero, contra él mismo, su esposa, Olmedo López, Sneyder Pinilla, nueve personas que trabajaron en las firmas contratistas y que habrían participado de esas movidas que fueron el palo en la rueda para la libre competencia en las contrataciones de la Ungrd.
Todo, en el marco de un entramado de corrupción por el que ya hay condenas penales y al que, de comprobarse lo investigado por la SIC, se podrían sumar multas de hasta $142.350 millones, por intentar burlar la ley.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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