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Millonarios y el Júnior de Barranquilla representarán a Colombia en la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante del continente. Sin embargo, el primero no llega en su mejor momento por culpa de las lesiones que lo han perseguido durante todo el 2024. De las 15 sufridas durante la temporada, entre las que están las de sus delanteros titulares Leonardo Castro y Santiago Giordana, cinco corresponden a problemas musculares. Según el sindicato de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), con corte de marzo de 2024, los equipos han padecido 71 lesiones y más de la mitad serían culpa del ajustado calendario de los partidos programados por la Dimayor. Desde 2019, Acolfutpro ha exigido negociar ese tipo de condiciones laborales, pero apenas le prestan atención.
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Ahora, el caso llegó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el Comité de Libertad Sindical de la OIT cursa una queja de Acolfutpro contra el Gobierno de Colombia por la presunta violación del derecho a negociar colectivamente las quejas de, en su momento, 1.117 jugadores. El sindicato de los futbolistas asegura que, desde 2019, los gobiernos de Iván Duque y ahora el de Gustavo Petro no han logrado que la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se sienten a negociar mejores condiciones para los futbolistas, de tal manera que se firmen acuerdos de aquí en adelante.
La OIT es un organismo reconocido por 187 países, entre ellos Colombia, que ha ratificado los convenios internacionales que protegen, justamente, la libertad sindical y de negociación colectiva, y que está comprometido vía Constitución a su cumplimiento.Colombia es reconocida internacionalmente como uno de los países donde menos se garantizan los derechos sindicales. De hecho, recién en 2022 pudo salir de una lista de países bajo especial observación que lo obligaba como Estado a rendir informes sobre el cumplimiento de los convenios.
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No obstante, así como las lesiones de los futbolistas del torneo colombiano, también son recurrentes las quejas que se envían desde el país al Comité de Libertad Sindical de la OIT. La mayoría son por sindicatos colombianos que se quejan de que sus empleadores no quieren negociar peticiones, como en este caso la Dimayor, y los casos pueden tratar hasta sobre el despido de trabajadores que organizan huelgas o la persecución homicida a sindicalistas, como sucedió en los años 80 y 90.
“El Ministerio del Trabajo debe ser garante del cumplimiento de esas normas”, señala Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), quien agrega que, en dado caso de que el Gobierno no logré que Acolfutpro y la Dimayor hagan las paces, la OIT emitirá un informe de recomendaciones contra el país. Sea cual sea la posición de la OIT, es una promesa a la que se le dará cumplimiento en el país, como explicó Edwin Palma, viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio del Trabajo. “En este gobierno, una de las primeras posturas que asumimos, en septiembre de 2022, es que esas recomendaciones sí son vinculantes”, señaló el funcionario. En palabras más sencillas, lo que el ministro asegura es que el Ejecutivo cumplirá todas las recomendaciones como si se trataran de una orden y no una sugerencia.
Lo último que se sabe de la queja ante la OIT es que el 2 de abril el Ministerio del Trabajo convocó a una reunión a las partes para intentar llegar a acuerdos antes de que haya decisión internacional. Es un tema que tiene en alerta al Gobierno, pues la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sindicalista de pura cepa, ha participado en reuniones donde las peticiones de Acolfutpro han sido rechazas por la Dimayor como balón que pega en el palo. La última palabra de la OIT es del total interés del viceministro Palma: “Tener muchos expedientes abiertos es preocupante. Quiere decir que un país no respeta sus compromisos internacionales ni respeta derechos humanos en el trabajo. Tiene un alto costo reputacional para el Estado y para el gobierno de turno”.
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La historia de este caso data de septiembre 2019, cuando América de Cali estaba en camino de lograr la primera estrella de su reciente bicampeonato. Entonces, Acolfutpro presentó un pliego de peticiones ante Jorge Enrique Vélez, expresidente de la Dimayor, y Ramón Jesurum, presidente de la FCF. El sindicato había logrado que más de 1.000 futbolistas, de 36 clubes de primera y segunda división, firmaran un pliego para discutir mejores condiciones laborales. Entre los temas, uno que sigue siendo un dolor de cabeza para los entrenadores: el calendario deportivo. Por mencionar solo un caso, un equipo como Millonarios disputó, en 2023, hasta 73 partidos oficiales, teniendo en cuenta que llegó a las fases finales de todos los torneos locales.
Asimismo, Acolfutpro busca modificaciones en el Código Disciplinario de la FCF. Por ejemplo, la Federación les prohíbe a los equipos y futbolistas acudir a la justicia ordinaria para resolver sus controversias, aunque tengan que ver con sus derechos humanos. El antecedente más recordado es el pleito entre Atlético Nacional y el Cortuluá por los derechos deportivos del delantero Fernando Uribe, en 2021. En su momento, Dimayor decidió castigar al equipo paisa al no permitirle inscribir cinco de sus jugadores, entre ellos quien fuera recientemente el capitán Dorlan Pabón. Los jugadores presentaron una tutela que llegó a la Corte Constitucional, la cual le ordenó a la Dimayor no volver a “cosificar” a los deportistas y recordó que el derecho a la tutela es de cualquier ciudadano, incluidos futbolistas.
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El pliego va mucho más allá. El sindicato de futbolistas les pide a las autoridades del fútbol que renegocien el estatuto del jugador, que es básicamente la guía por la que se rigen las condiciones laborales entre futbolistas y clubes. Además, mejorar las condiciones del fútbol femenino, que cada año permanece en la incertidumbre por su realización. Y que, de hecho, probablemente está precarizado, como lo establece un pliego de cargos abierto, en 2023, contra la Dimayor por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. El pliego de Acolfutpro solicita también diálogos sobre pólizas complementarias de salud, los tiempos de descanso entre partidos, la tajada que les queda a los clubes por los dineros de la televisión y la adopción de protocolos contra la discriminación, acoso laboral y violencia de género.
Este diario se comunicó con Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, pero no obtuvo respuesta. El Espectador tiene en su poder un documento de defensa del expresidente Jorge Enrique Vélez, quien, en octubre de 2019, aseguró que había disposición para hablar, pero que las peticiones no eran de obligatorio cumplimiento. Han pasado cuatro años y medio, y no hay acuerdos. Las partes se reunieron el 6 de diciembre y 16 de diciembre de 2022, y el 17 de febrero, el 8 de mayo, el 10 de julio y el 7 de noviembre de 2023, y no pasó nada. Con el agravante de que en algunas de las reuniones estuvo Emilio García Silvero, director jurídico de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), quien ha visto como estas peticiones llegan a buen término.
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Sobre el pliego demandado por el sindicato, el viceministro Palma, quien llegó con las charreteras de haber sido presidente de la Unión Sindical Obrera, explica: “Las peticiones son las normales de cualquier organización. Es un conjunto de aspiraciones que no terminarán siendo el resultado de la negociación. Sin embargo, plantearon temas para la construcción de un consenso alrededor de un tema. Yo no soy experto en fútbol, sino en temas laborales colectivos; por lo tanto, no puedo calificarlas de buenas, malas o exageradas, como no puedo calificar las del sector eléctrico o agricultor”. El funcionario tiene el poder de tomar el control de otro expediente similar al de la OIT que cursa en Colombia y puede representarle miles de millones de pesos a la Dimayor.
Palma, como viceministro, podría tomar control de la investigación que cursa en la dirección de Inspección del Ministerio del Trabajo contra la Dimayor y la FCF. Como en el caso de la OIT, este despacho de Gobierno considera que existe mérito para indagar si las autoridades del fútbol han fallado en la protección del derecho a la negociación. El caso comenzó en septiembre de 2023 y entre sus consideraciones está que “el empleador directo de los futbolistas no es la FCF ni la Dimayor, y que estos no son los que firman la relación contractual, no son los que pagan los salarios, ni cancelan la seguridad social. Sin embargo, sí tienen incidencia en ciertas relaciones jurídicas, que pueden ser sujeto de negociación con Acolfutpro y tienen la obligación de iniciar las negociaciones”.
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Como lo explica el sindicalista Percy Oyola, “la negativa a negociar ha sido castigada con multas millonarias. Dinero que antes fortalecía los fondos del SENA, pero que, ahora, por vía legislativa, deben ir a fortalecer un fondo que existe en el Ministerio del Trabajo para la inspección, vigilancia y control”. El Código Sustantivo del Trabajo establece una penalización de entre cinco a diez veces el salario mínimo mensual más alto de la entidad accionada, en este caso FCF y Dimayor, por cada día de mora desde que se presentó el pliego de peticiones. “Imagínese si la queja está desde 2019, cuente cuántos días llevamos de acá a allá”, acota el viceministro Palma. Desde el 11 de septiembre de 2019, cuando se presentó el pliego, hasta el día de la nueva reunión entre las partes, el próximo 2 de abril, habrán pasado 1.665 días.
Dimayor eligió una táctica defensiva para enfrentar estos partidos. Ante el Ministerio del Trabajo ha radicado respuestas tales como que Acolfutpro no era un sindicato al solicitar la negociación del pliego, pues era solo una organización civil hasta el año pasado. “La Constitución reciente de Acolfutpro como sindicato acredita que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y mi representada tenían razón en no sentarse a negociar un supuesto pliego de peticiones presentado por una organización no legitimada para ello”, allegó la defensa de la Dimayor al Ministerio. Y agregó que, el pasado 7 de noviembre, las partes se reunieron en el club El Nogal, en Bogotá, y aunque al parecer se llegaron a ciertos acuerdos, Acolfutpro se negó a firmar actas de compromiso por “formalismos”.
La Federación Colombiana de Fútbol, a través de la firma Álvarez, Liévano y Laserna, respondió ante el Ministerio del Trabajo que tanto esa institución como la Dimayor no son empleadores de los futbolistas. Que esa es una responsabilidad de los clubes de fútbol profesional. “Se han adelantado reuniones con el señor viceministro Palma, algunas de ellas con la participación de la asociación Acolfutpro, en las que se ha puesto de presente el interés de entablar un diálogo constructivo entre los intervinientes. Habiéndose cruzado algunos correos, en que de buena voluntad y absoluta buena fe se ha propuesto la redacción del acta con que podría darse inicio a las conversaciones”, asegura la FCF.
Tanto la FCF como la Dimayor tendrán una nueva oportunidad, el 2 de abril, para demostrar que quieren negociar. Ambas podrían enfrentar a una rigurosa sanción, pero por ahora su estrategia en el campo judicial es defensiva. El gobierno de Gustavo Petro está maniobrando para que la Organización Internacional del Trabajo no termine emitiendo recomendaciones en su contra, por no garantizar la libertad sindical en el país, una de las promesas de campaña y un pilar de la nueva política del Ministerio del Trabajo de Gloria Inés Ramírez. Entre tanto, los futbolistas seguirán haciendo su trabajo mientras pasan el balón a Acolfutpro para que se dé la batalla jurídica.
jcote@elespectador.com
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