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El año pasado, después de la caída del puente El Alambrado, que une al Valle del Cauca con Quindío, la Contraloría solicitó reportes a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Instituto Nacional de Vías (Invías) sobre las condiciones de los puentes en el país.
A partir de esa información, el órgano de control informó que en Colombia hay 40 puentes en situación crítica a cargo de la ANI, cuatro de ellos en daño extremo con falla total y 36 con daño grave. La delegada para el sector infraestructura de la Contraloría afirmó a este diario que, además, el Invías reportó que de los 1.872 puentes de la red vial nacional, 137 presentan una condición crítica.
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De acuerdo con Luis Fernando Mejía, contralor delegado para el sector infraestructura, el órgano de control le pidió a la ANI “que gestione lo necesario y suficiente a efectos de que la criticidad de estos 40 puentes sea pronta y adecuadamente subsanada, para que se garantice la conservación de la vida y los bienes de todas las personas que diariamente los utilizan a lo largo y ancho del país”, y que este mismo requerimiento se hará al Invías.
Las infraestructuras a cargo de la ANI
En la lista de los puentes en riesgo a cargo de la Agencia hay infraestructuras en Antioquia, Sucre, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Huila, Cauca, Putumayo, Cundinamarca y Meta. Los que más preocupan son los puentes con daño extremo con falla total. En esta categoría hay tres que se ubican en la vía al Llano: Estaquecá, Puente Aserio y Puente Susumuco.
Coviandina, la concesión a cargo del corredor Bogotá-Villavicencio, aclaró que las tres infraestructuras fueron construidas por el Invías, y que aunque el mantenimiento está a cargo de la concesión, las labores no incluyen rehabilitación, reconstrucción ni la ejecución de obras nuevas “que son responsabilidad del Estado”. El privado también dijo que los puentes se han visto afectados en varias ocasiones por crecientes o avenidas torrenciales y que, de hecho, el puente Estaquecá (que ha resultado afectado en seis ocasiones) está actualmente fuera de servicio desde la avalancha de julio de 2023, ya que han ocurrido nuevos derrumbes y, pese a las labores de limpieza, sigue cubierto de escombros.
La vía al Llano es un corredor clave para el país, entre otras cosas, según las estadísticas del Registro Nacional de Carga (RNDC), por esta carretera se mueve el 7 % del total de la carga nacional. Para entender los puntos críticos, incluyendo los puentes, el Gobierno anunció este mes la inversión de $234.000 millones, además, el Invías adjudicó un contrato por $37.000 millones para obras en dos puntos, uno de ellos es justamente el puente Estaquecá.
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El otro con daño extremo es Arenoso II. Al respecto, Juan Carlos María, gerente de la concesionaria Ruta al Sur, explicó a El Espectador que en marzo de 2022 se presentó una creciente súbita del río Arenoso que afectó la estructura, pero que la empresa construyó un nuevo puente para la segunda nueva calzada. La infraestructura se puso en servicio en julio de 2023.
En general, la Cámara Colombiana de la Infraestructura aclaró que ninguno de los puentes mencionados fue construido por los privados que estuvieron a cargo de las cuatro generaciones de concesiones en el país: “Todos los puentes que generan alertas fueron ejecutados por el Invías o incluso por el entonces Ministerio de Obras Públicas. Es decir, se trata de estructuras que llevan más de 30 años en pie”.
Dicho de otra forma, los 40 puentes que hoy están en la lista son viejos y, según los privados, es responsabilidad del Estado asignar los recursos necesarios para rehabilitarlos. La situación de estas infraestructuras tiene varias consecuencias, además del riesgo que implican para las personas que las usan, su deterioro se traduce en implicaciones económicas, por los problemas para el transporte de carga y las afectaciones para el turismo.
Poner manos a la obra con estos puentes permitirá cuidar la economía de las regiones, pero también garantizar la seguridad de los usuarios que transitan por la zona.
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Otros hallazgos de la Contraloría
Mejía explicó que la Contraloría, a través de la delegada de infraestructura y de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) está haciendo seguimiento a todos los proyectos. A partir de las auditorias fiscales se han determinado 17 hallazgos fiscales a la Aerocivil por $100.699 millones, cuatro a la ANI por $29.639 millones y 38 al Invías, por $41.191 millones.
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