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La fisioterapeuta Sofía Velásquez Ferrer decidió que, pase lo que pase, no será mamá. Y no porque le disgusten los niños o tenga otras ilusiones. Así lo determinó para que nadie más en este mundo, dice, vuelva a sentir lo que ella ha sentido desde el 6 de noviembre de 1985. El día en que su madre, Marina Ferrer, quedó atrapada en el Palacio de Justicia durante la toma y retoma. El día en que escuchó por última vez por teléfono a una inocente mujer pidiendo auxilio bajo un escritorio, en un despacho del Consejo de Estado, y de quien, 39 años después, solo se han encontrado unos huesos de sus pies. Sofía Velásquez demandó a la Nación en 2022 y un juzgado de Bogotá le acaba de dar la razón. Y aunque diversas instituciones quedaron sentenciadas a repararla, para Velásquez no es, ni será, suficiente.
El Juzgado 37 Administrativo de Bogotá condenó al Ejército y a la Policía por la muerte de Marina Ferrer, en hechos que siguen sin ser esclarecidos por las autoridades. Además, sentenció en específico a Medicina Legal por la omisión altamente revictimizante de sus funcionarios al momento de recoger, identificar y entregar los restos de Marina Ferrer y de las más de 100 víctimas que dejó el holocausto iniciado por el M-19 y enardecido por el Ejército. El último día para magistrados, auxiliares, escoltas, funcionarios y empleados de la cafetería y hasta visitantes ocasionales, como Marina Ferrer. Una comerciante cartagenera que vendía zapatos y joyas en el centro de Bogotá para mantener a sus tres hijos, y que entró al Palacio solo para visitar una amiga, la cual, aparte, no estaba.
“Los daños morales que me causó y me sigue causando esta situación son incalculables. Y aunque en ese momento estaba estudiando la carrera que hasta el día de hoy me está dando para vivir, la fisioterapia, el dolor por la pérdida de mi madre aún continúa. El no saber a ciencia cierta lo que pasó y solo tener de ella unos pocos huesos”, dejó constancia Sofía Ferrer en el expediente que, ahora, está bajo consideración del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Con la asesoría de la organización defensora de derechos humanos dhColombia, la familia Ferrer apeló la reciente decisión, pues no la consideran una victoria. En su lugar, creen que la tasación de los perjuicios fue insuficiente y que se puede ordenar mucho más que una disculpa pública de las instituciones involucradas.
Por ahora, por omisión y acción, la Policía y el Ejército fueron condenadas. “Las autoridades colombianas conocían la amenaza inminente de la toma del Palacio de Justicia y, estando en la posibilidad de adoptar medidas para impedirla, no actuó, e incluso, redujo la vigilancia, lo que facilitó la incursión guerrillera”, señaló el juzgado. Asimismo, el juzgado tenía a su mano sentencias que, a lo largo del tiempo, han reconocido la “desorganización, improvisación, desorden y anarquía de las Fuerzas Armadas que intervinieron, y la ausencia de voluntad para rescatar sanos y salvos a los rehenes”, como lo señaló el Consejo de Estado en 1994. Y, por supuesto, la condena contra Colombia impartida desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2014.
Sobre Medicina Legal, el juzgado argumentó que esta institución permitió que cualquier familiar llegara a los espacios donde dispusieron los restos de algunas víctimas. Los hijos de Ferrer acudieron y lo que encontraron fue el desorden total de lo que eran cuerpos calcinados, partes indistinguibles y enseres personales. Días después, de la toma y retoma, Medicina Legal le entregó un cuerpo a los Ferrer, al que le dieron santa sepultura. Sin embargo, tras la sentencia de la Corte Interamericana, se le ordenó a la Fiscalía investigar si realmente las autoridades habían entregado los cuerpos correctos. Al exhumar lo que había sido la tumba de Marina por décadas, en 2015 el ente investigador constató que la gran mayoría de ese cuerpo correspondía a Cristina Guarín, una empleada de la cafetería.
En 2022, la Fiscalía realizó una ceremonia que llamaron entrega digna, en la que le entregaron a Sofía Velásquez algunos huesos que definitivamente corresponden a los pies de su madre, pues se pudieron rescatar de la tumba donde realmente estaba Guarín. En documento oficial, le explicaron que había la posibilidad de que, con el avance de las investigaciones, pudiese haber más entregas. Hoy los restos del caso Palacio, en identificación, reposan en 73 cajas en las instalaciones de Medicina Legal. “Llevamos 39 años y cinco meses desde que la perdimos, en una situación que, además de absurda, ha sido demasiado cruel. Con la zozobra permanente de que llegue alguna notificación de la Fiscalía a decir que encontraron algo más”, sentenció Sofía Velásquez.
Asimismo, la reciente condena está basada en el dictamen pericial del centro forense Equitas que concluyó que “no se garantizaron los estándares mínimos internacionales y nacionales de entrega digna de personas en condición de desaparición”. Sumado al hecho de que, aunque Sofía Velásquez le solicitó a la Fiscalía la compra de una bóveda en un cementerio privado, dado que el caso está en etapa de entrega digna, el ente investigador se niega. Es decir, esta es la fecha en la que la familia de esta víctima sigue pagando las acciones y omisiones del Estado. “Como un ser humano al que le han vulnerado todos sus derechos, solo pido que me vean con justicia, con conciencia y que este fallo sea revisado”, concluyó Sofía Velásquez.
jcote@elespectador.com
@SebasCote95
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