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La elección de Donald Trump como presidente reabrió el debate sobre el acceso al aborto en Estados Unidos. Durante su mandato anterior, Trump apoyó políticas dirigidas a restringir este derecho, lo que ha puesto en alerta a las organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, siguiendo de cerca cada uno de los pasos que se pueden proteger ante la llegada de su gobierno en enero de 2025. ¿Cuál es el panorama actual?
En junio de 2022, la Corte Suprema anuló el fallo Roe v. Wade, una decisión apoyada por los jueces nombrados durante la administración de Trump. Durante casi 50 años, Roe v. Wade garantizó el derecho constitucional al aborto en todo el país. Su revocación dejó la regulación de este procedimiento en manos de cada estado, lo que dio pie para un panorama legislativo fragmentado.
Desde entonces, 21 estados han implementado prohibiciones casi totales del aborto, dejando a 28 millones de mujeres en edad reproductiva sin la posibilidad de tomar decisiones sobre sus cuerpos y su gestación, según cifras de Planned Parenthood.
En entrevista con El Espectador, Fernanda Vanegas, directora asociada de Incidencia del Centro de Derechos Reproductivos (CRR) explicó que, debido a estas restricciones, “millones de mujeres se ven obligadas a cruzar varias fronteras para recibir atención. Las personas que prestan estos servicios están abandonando los estados afectados por el miedo a las restricciones, lo que ha dado lugar a lo que nosotras llamamos ‘Desiertos de salud materna’”.
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Mapa del aborto en Estados Unidos: protecciones y restricciones estatales
El 5 de noviembre, junto con las elecciones presidenciales que llevaron a Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca, 10 estados sometieron a votación referendos estatales relacionadas con temas locales, incluido el acceso al aborto. En siete de ellos, los votantes aprobaron enmiendas constitucionales para proteger este derecho, incluso en territorios tradicionalmente conservadores que en el pasado habían respaldado al presidente electo.
De acuerdo con Vanegas, las urnas han sido un escenario decisivo para la defensa del derecho al aborto, que genera un contraste con las crecientes restricciones en otros estados. La directora afirmó que estas medidas reflejan una protección en materia de derechos sexuales y reproductivos en los estados que las han adoptado. Resaltando que California, Colorado, Missouri, Montana, Nevada, Maryland y Nueva York, han generado protecciones legislativas específicas para este asunto.
Pese a las divisiones y a la incertidumbre nacional frente a la llegada del nuevo gobierno, que en anteriores ocasiones ha promovido agendas anti-género, algunos estados han empezado a tomar acciones para garantizar este derecho. El caso más reciente sucedió en California, en donde se tramitaron dos proyectos de ley que buscan proteger tanto a pacientes como a los proveedores de servicios de interrupción voluntaria del embarazo. Uno de ellos, busca garantizar y proteger la fabricación, distribución y administración de medicamentos abortivos, ante posibles intentos federales de prohibirlos. Y la segunda iniciativa, promueve la sanción a las entidades gubernamentales que interfieran con los derechos reproductivos en ese estado.
En los casos en que los estados han casi prohibido por completo el aborto, como ocurre en Arizona, donde desde abril de este año se reinstauró una ley de hace 160 años, California ha asumido la postura de recibir a las personas de Arizona para brindarles este servicio médico, mediante la ley SB-233.
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Y es en ese contexto en el que por estas medidas, que estigmatizan y prohiben el aborto en algunos estados, las personas que toman esta decisión se ven forzadas a desplazarse a otros estados que sí garantizan este derecho. Según estimaciones recientes del Instituto Guttmacher, publicadas por The New York Times, más de 171.000 personas viajaron en 2023 a estados donde el procedimiento sigue siendo legal. Entre los casos más significativos, más de 14.000 pacientes de Texas —donde el aborto está prohibido incluso en casos de incesto o violación— cruzaron la frontera hacia Nuevo México. Miles más, provenientes de otros estados del sur, se desplazaron hacia Illinois y Carolina del Norte.
La agenda presidencial representa un desafío para los derechos reproductivos
En declaraciones recientes, Trump ha mantenido una postura ambigua respecto al aborto farmacéutico, sugiriendo que no planea impulsar cambios inmediatos. Sin embargo, ha suscitado preocupación los vínculos de su administración con el Proyecto 2025, un plan de gobierno que incluye limitar el derecho al aborto, admitir menos refugiados, reducir el tamaño de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y eliminar las referencias al cambio climático de los documentos gubernamentales.
En entrevista con El Espectador, Fanny Gómez Lugo, directora de Women’s Equality Center, subraya que, aunque la agenda inicial de Trump podría no centrarse explícitamente en el aborto, las medidas contempladas en el Proyecto 2025 implican “una reconfiguración completa de todo el sistema de salud, que afectará no solo el acceso al aborto, sino también aspectos como educación sexual y derechos de minorías”.
De acuerdo con Gómez, desde que ocurrió la anulación de Roe vs. Wade, se han registrado 12 modificaciones legales y constitucionales impulsadas en las urnas para proteger el acceso al aborto en algunos estados, estas iniciativas reflejan la preocupación ciudadana ante el avance de políticas restrictivas a nivel federal.
Por otro lado, el Centro de Derechos Reproductivos ha advertido que una nueva administración de Trump podría exacerbar las desigualdades en la atención médica y aumentar las demandas legales contra pacientes y proveedores. Las organizaciones defensoras del aborto han intensificado sus esfuerzos para documentar posibles violaciones a los derechos humanos, visibilizar las consecuencias de las políticas restrictivas y utilizar herramientas legales para proteger este servicio de salud.
Por Luisa Lara
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