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Una nueva ola de violencia se ha vivido esta semana en el Cauca y el Valle por cuenta de los ataques del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc a la Fuerza Pública. La muerte de policías y civiles, así como la afectación a otras personas por los ataques con explosivos a la estación de Policía de Morales (Cauca) y la de Jamundí (Valle), llevaron a que el gobierno tomara nuevas medidas para tratar de hacerle frente al poder de grupos criminales que plagan los departamentos. Aunque la disidencia es uno de los grupos con mayor poder, fuentes judiciales le contaron a El Espectador sobre el amplio abanico de actores armados que hacen presencia allí, cómo se financian, se conforman y sus dinámicas delictivas.
Este diario tuvo conocimiento que desde la dirección de Crimen Organizado de la Fiscalía General se ha rastreado que en la zona el actor armado más fuerte es EMC, con sus frentes Jaime Martínez, Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Franco Benavides, entre otros. Estas estructuras ilegales, comandadas por alias Iván Mordisco, son las protagonistas de la escalada violenta en el departamento desde marzo pasado, cuando el Gobierno levantó el cese al fuego con esta disidencia. Igualmente, en Cauca hace presencia el frente de guerra oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y, según fuentes al interior de la Fiscalía en el departamento, el Clan del Golfo está incursionando en la zona y armándose cada vez más para entrar a competir por el territorio con los otros grupos.
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Entre las investigaciones de la Fiscalía se encontró que en Cauca y en el Valle, a pesar de las diferencias que hay entre grupos, tienen en común fuentes de financiación y las acciones que llevan a cabo en contra de la población civil. Por eso, desde la Fiscalía se adelantan dos líneas investigativas sobre estos grupos: una, sobre sus finanzas, y otra, sobre sus actos criminales. Según un investigador de alto nivel en la región, “estos grupos basan su economía en cultivos ilícitos, minería ilegal y extorsiones en su mayoría. También, se valen del narcotráfico”, de ahí, la primera línea que tiene el ente investigador. Por otra parte, se hace el seguimiento a “homicidios, desplazamiento, extorsión, tráfico de armas y actos terroristas como los que se vivieron en Morales y Jamundí”, dijo el investigador.
En el caso particular del EMC de Iván Mordisco, el ente investigador, de acuerdo con la información que ha recopilado en los dos departamentos, ha evidenciado que “esta disidencia funciona bajo la misma estructura que manejaban en otros tiempos las Farc. Trabajan con sus bloques según la región, con sus respectivos frentes y columnas móviles debidamente estructuradas, armadas y con división geográfica para no cruzarse entre ellos”. Ahora, señalan las investigaciones, “se ha encontrado una organización verticalizada, frente a lo que es el Estado Mayor Central. Tiene parámetros y directrices desde arriba hacia abajo, es decir, que las columnas obedecen a parámetros impuestos desde la cúpula de la disidencia”.
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A este panorama hay que advertir sobre una teoría que viene cogiendo fuerza por parte de la inteligencia militar y que acaba de ser suscrita también por la Defensoría del Pueblo: que el ELN y la Segunda Marquetalia (disidencia comandada por alias Iván Márquez) están delinquiendo de manera conjunta en Cauca y Nariño. “Hay cierto nivel de coordinación y cooperación entre estructuras de la Segunda Marquetalia y el frente Comuneros del Sur del ELN. Esto debido a que se ha obtenido información de interés que permite identificar que estas dos organizaciones criminales desarrollaron actividades para enfrentar a las estructuras que hacen parte del EMC. Entre enero y marzo de 2024 se agudizaron estos enfrentamientos”, dice un informe militar conocido por este diario.
Aunque el gobierno de Gustavo Petro anunció nuevas medidas de seguridad para la Fuerza Pública en los departamentos, no mencionó la colaboración que adelantarían con la Fiscalía para lograr frenar las acciones de los grupos criminales. Sin embargo, desde el búnker de la Fiscalía en Bogotá, se tiene pensado “desplegar apoyos a las secciones del Cauca para apoyar las investigaciones”. Por el momento, la dirección de Crimen Organizado del ente investigador “está tratando de conseguir las órdenes de captura necesarias contra las cabecillas de cada una de las estructuras que están en estos departamentos”. Además, el trabajo se está adelantando entre las direcciones territoriales de la Fiscalía, equipos de policía judicial y Fuerza Pública.
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En los consejos de seguridad que ha adelantado el gobierno, la batuta la han llevado las Fuerzas Militares y la Policía. Pero, en la mesa, en silencio, se ha sentado también el ente investigador, que actúa hasta el momento como un recolector de pruebas, que se encarga de enfrentar los grupos en el escenario judicial. De acuerdo a lo conocido por este diario, tras los ataques en Morales y Jamundí, se reforzó la alianza entre la Fiscalía y los organismos de inteligencia del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía, con el fin de recolectar pruebas para obtener las órdenes judiciales en contra de los violentos en esa zona del país.
Por ahora, todo parece indicar que el Estado irá con todo tras el EMC al suroccidente del país. El mismo ministro de Defensa, Iván Velasquez, aseguró que con las recientes acciones criminales de esta disidencia, han demostrado, dice el alto funcionario, que no existiría un compromiso real con un acuerdo de paz como lo está proponiendo el gobierno, sino que buscarían aprovecharse de medidas como el cese al fuego afianzarse en temas de narcotráfico y minería ilegal.
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