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A menos de 50 días de la primera batida en las urnas el próximo 8 de marzo, en la que se definirá la conformación del nuevo Congreso y se depurará el listado de candidatos presidenciales, siguen las preocupaciones de diferentes sectores en torno a la seguridad y las garantías para estos comicios. Las alertas radican desde las numerosas amenazas a los aspirantes de cargos públicos y llegan a posibles denuncias de fraude en medio de un escenario caldeado por la decisión del gobierno nacional, que cuenta con altos tintes electorales, de reducir el salario a los congresistas.
Esta primera cita del 2026 convocada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, en el Hotel Tequendama de Bogotá, permitió a esta cartera recibir los informes de diferentes entidades sobre el avance de procesos de campaña en el que tanto partidos, órganos electorales e incluso el propio Gobierno señalaron algunos riesgos de cara a estas elecciones.
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El punto inicial se situó en el apartado de seguridad. Y es que la expansión de los grupos criminales ya tiene a más de 700 municipios con alerta de posible intervención en los procesos electorales, según los reportes entregados tanto por la Defensoría del Pueblo como por la Registraduría.
A ello se suma que desde octubre los procesos licitatorios de la Unidad Nacional de Protección para la adquisición de una nueva flota de vehículos para la seguridad de los candidatos no han avanzado o, en su defecto, han quedado desiertos. De hecho, en ese mes se lanzaron cuatro ofertas, de las cuales apenas una tuvo éxito y las otras tres no tuvieron oferentes, hecho que ha impedido un mayor despliegue por parte de esta entidad.
Sin embargo, el ministro Benedetti señaló que “se ha demostrado que en casi 3.000 eventos ha habido más de 35.000 efectivos del Ejército, la Policía y la Armada para cubrir los eventos de cada uno de los candidatos. Se han manejado más de 960 nuevos escoltas de la Policía y la UNP para garantizar la seguridad de candidatos a la Presidencia y más de 180 del Congreso”.
En ese panorama son Cauca, Antioquia y Norte de Santander los departamentos que presentan mayores riesgos, a los que además se suman Magdalena y Valle del Cauca.
Para el caso de Norte de Santander, además, la crisis en Venezuela es un detonante que ha provocado el paso de integrantes de la Segunda Marquetalia y el ELN a suelo colombiano y por lo que se insistió en una comisión de seguimiento fronterizo en la que pueda haber una observación en los más de 2.200 kilómetros de frontera que comparten los dos países.
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Esas medidas serían un punto de análisis entre el presidente Petro y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la cita que tendrán los mandatarios en la Casa de Nariño. En tanto, para el caso de Ecuador, el ministro del Interior dijo que “nos tienen cerradas las fronteras” en Putumayo.
Por parte del Ministerio de Defensa, el viceministro Javier Andrés Baquero resaltó los alcances del despliegue de fuerzas militares para garantizar este tipo de procesos e insistió en que desde su cartera se siguen adoptando medidas para dar garantías en las urnas, no solo durante las jornadas de votación, sino propiamente en todo el marco del calendario electoral.
Asimismo, dentro del amplio listado de advertencias, otra de las inquietudes reportadas se radicó en la financiación de las campañas. Y es que según dijo Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), tan solo cuatro de los 3.144 candidatos que se impulsan para llegar al Congreso han realizado reportes de ingresos y gastos. Esa situación estaría sujeta a lo que en algunos partidos señalaron como problemas a la hora de cargar los reportes y soportes en la plataforma de Cuentas Claras. Es más, ese aplicativo apenas fue abierto para los candidatos hace poco más de una semana.
Sin embargo, dentro de los seguimientos realizados por parte de los organismos electorales, más de 100 campañas habrían invertido hasta COP 500 millones en gastos de publicidad que no han sido reportados y que podrían implicar en una posible superación de los topes electorales. Incluso algunos asistentes a este evento llegaron a considerar la posibilidad de que ya se habrían infiltrado dineros irregulares dentro del proceso electoral.
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Y aunque desde el Pacto Histórico y el Centro Democrático los procesos se han facilitado al ser listas cerradas —en el caso de Senado—, aún existe, dentro de esos mismos partidos, incertidumbre sobre los movimientos de algunos de sus candidatos. Además, varios sectores políticos han remarcado las dificultades que se presentan para acceder a préstamos bancarios, punto del que el Gobierno ya se estaría encargando a través del Ministerio de Hacienda.
Pero la financiación no solo se queda en este punto. En tan solo seis meses las consultas para elección de candidatos triplicaron sus topes de gasto, pasando de COP 6.000 millones en las realizadas el pasado 26 de octubre por el Pacto Histórico —en la que salió vencedor el senador Iván Cepeda— y los comicios, en el mismo sentido, del próximo 8 de marzo en el que los candidatos podrán gastar COP 18.000 millones. La decisión fue adoptada por el Consejo Nacional Electoral y la calificaron en medio de la Comisión de Garantías Electorales como “una disparidad” entre los diversos actores que buscan llegar a la Presidencia.
Y no suficiente con estas alertas, en medio de la sesión a la que asistieron delegados de 27 partidos políticos y varios organismos de observación, un choque entre la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) generó incertidumbre alrededor de esas consultas presidenciales.
De una lado, el órgano dirigido por Hernán Penago ya había anunciado que estos procesos contarían con un único tarjetón –que fue revelado durante la sesión– buscando especialmente garantizar “el derecho al voto secreto”. Penagos dijo al respecto que también se busca evitar inconvenientes de procesos previos en los que incluso se llegaron a expedir fotocopias por la falta de material electoral.
Con esta decisión, los nueve candidatos de la denominada Gran Consulta por Colombia de la centroderecha y del Pacto Amplio en la izquierda, compartirán un único espacio. Eso sí, la Registraduría insistió que con ello se podría garantizar la existencia de suficiente material para los más de 42 millones de colombianos habilitados para votar en caso de ser necesario.
Sin embargo, la medida no fue compartida por el Consejo Nacional Electoral. Así lo expresó el presidente de ese organismo, el magistrado Cristian Quiroz (Alianza Verde), quien señaló que “esta es una preocupación que hemos compartido con la sala plena. Tenemos una falta de pedagogía porque es la primera vez que vamos a tener las dos consultas. (…) Recibirán una tarjeta con las dos consultas y no podrán marcar las dos consultas. La preocupación mía es el tiempo que tendremos para llegar a todo el pueblo colombiano”.
Y aunque no habrá marcha atrás para este proceso, Quiroz insistió en la necesidad de que los partidos redoblen esfuerzos para la pedagogía en esas consultas, pues señala que se podría incrementar el número de votos nulos en marzo.
Culminada la cita, Benedetti lideró un encuentro más en el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE) en el que lo delegados del Ministerio de Defensa y la UNP acompañaron por más de dos horas para abordar posibles soluciones a estas nuevas alertas emitidas en el marco del proceso electoral. Desde la cartera política se espera realizar una nueva cita antes de ir a las urnas, mientras se refuerzan las medidas para solventar las numerosas advertencias.
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