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“La religión es el opio de los pueblos”, escribió un padre de un estudiante en el grupo de WhatsApp de un colegio en Texas, mientras una madre respondía con un “aleluya” ante la nueva ley SB-10 firmada por Greg Abbott, gobernador de ese estado estadounidense.
Una nueva normativa, vigente desde el 1° de septiembre, permite exhibir los Diez Mandamientos cristianos en todas las escuelas públicas del estado.
Los opositores a esta legislación advierten que la medida representa una clara violación a la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU., la cual establece que “el Congreso no aprobará ninguna ley que establezca religión alguna, o que prohíba el libre ejercicio de la misma, ni que coarte la libertad de expresión”.
Magda, una migrante que tiene un hijo de 10 años en una escuela de Texas, dijo “que la esencia de Estados Unidos es la diversidad cultural y la libertad de pensamiento”, explicó la madre citada por El País.
Agregó que no es necesario encasillar las religiones, sino “transmitirlas a nuestros hijos desde nuestras creencias, respetando cada una”.
Pese a las críticas, los partidarios de la ley argumentan que el cristianismo es un pilar importante en la historia de Estados Unidos. “Es responsabilidad de todos nosotros seguir la ley de Dios y creo que todos estaríamos mejor si lo hiciéramos”, expresó la representante republicana de Texas, Candy Noble.
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La separación entre Iglesia y Estado
Cesar Niño, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Militar Nueva Granada, dijo que aquella ley puede “romper los principios liberales” y que ello “influye en que el Estado empiece a dominar los espacios privados”.
El académico enfatizó que “mientras la política es pública, la fe debe ser privada”. Involucrar la religión en universidades o cátedras “significaría más adoctrinamiento”, lo que conlleva a “una castración intelectual”.
Además, señaló que “imponer símbolos o textos religiosos” conduce a una “educación teológica”, lo que rompe “la distinción entre las libertades de alumnos y docentes” y provoca la “dogmatización de los argumentos”, erosionando así una educación universal.
Esto recuerda la preocupación expresada por la ONU cuando la administración del presidente Donald Trump intentó influir en la libertad de expresión en universidades como Harvard y Columbia, calificando las protestas propalestinas que pedían el cese de la guerra en Gaza como “antisemitas” y amenazando con retirar fondos federales si no se seguían solicitudes gubernamentales sobre el tema.
El Proyecto 2025 y la religión
Desde que Trump asumió la presidencia en enero de 2025, surgieron dudas sobre los cambios que implementaría en Estados Unidos. Muchos críticos temían que el llamado Proyecto 2025, un plan elaborado por políticos conservadores para guiar la próxima administración republicana, comenzara a materializarse.
Actualmente, varias de sus propuestas parecen hacerse realidad, entre ellas, la idea de que las leyes y políticas estadounidenses deben inspirarse en las enseñanzas y la moral del nacionalismo cristiano, una iniciativa que se está difundiendo cada vez más en estados gobernados por republicanos.
Sin embargo, Niño aclaró que el “conservadurismo no es sinónimo de religiosidad”.
El Orden Mundial (EOM) aseguró que el Proyecto 2025 tiene cuatro pilares: cuidar la familia tradicional (prohibir el aborto y cuestionar a la comunidad LGBTQ+), desmantelar la administración federal para favorecer la autogobernanza estatal, proteger las fronteras exteriores (contener la migración irregular) y defender la soberanía nacional, incluyendo la contención de China.
Muchas de estas medidas, como las referentes al aborto, ya se han implementado en estados conservadores. Según Human Rights Watch, Trump emitió órdenes ejecutivas que “desmantelan protecciones cruciales contra personas transgénero” e intensificación las redadas migratorias en el país.
Esto indica que, aunque el mandatario se “desmarcó” del Proyecto 2025, sus principios parecen aplicarse bajo la administración republicana actual.
Estados como Luisiana y Arkansas también han adoptado dinámicas similares a las de Texas en cuanto a religión.
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El caso de Arkansas y Luisiana
En abril, la gobernadora Sarah Huckabee Sanders permitió que en Arkansas se exhibieran los Diez Mandamientos en edificios públicos como escuelas y bibliotecas.
John Williams, director de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Arkansas (ACLU), explicó que “el derecho a decidir qué creencias religiosas seguir, si las hay, pertenece a las familias y comunidades religiosas, no al Gobierno”. Familias locales, junto con la ACLU, demandaron en junio al estado por desacuerdo con la medida.
Por otra parte, en 2024, Luisiana aprobó la ley HB-71, que obligaba a exhibir normas religiosas junto con la Declaración de Independencia en universidades, colegios, guarderías y otros institutos públicos. La medida fue suspendida por un juez federal, y la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito ratificó el fallo.
Este tribunal también tiene jurisdicción sobre Texas, estado que ha recibido denuncias tras la entrada en vigor de la ley SB-10.
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Por Juliana Valentina Vélez
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