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Las mujeres siguen enfrentando desafíos para acceder a sus derechos sexuales y reproductivos. Así lo evidenció el último informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), socializado el pasado 21 de mayo en la Cancillería de la República, en donde se expusieron cifras a nivel mundial sobre la cantidad de mujeres que todavía no pueden elegir los métodos anticonceptivos que desean utilizar y la falta de su consentimiento a la hora de tener relaciones sexuales.
En Colombia, se habló de un eventual estancamiento en las cifras de mortalidad materna, con una mayor afectación en poblaciones afrodescendientes e indígenas. ¿Por qué el acceso es más difícil para ellas? ¿Cuáles son los factores determinantes? ¿Y qué papel juega la partería tradicional?
Para comprender mejor las problemáticas específicas de nuestro país, el informe, titulado “Vidas entrelazadas, hilos de esperanza: eliminar las desigualdades en materia de salud, derechos sexuales y reproductivos”, menciona algunos aspectos clave sobre el comportamiento de la mortalidad materna.
Esta, entendida como la muerte de una mujer durante el embarazo, parto o posparto, venía disminuyendo a nivel mundial desde el año 2000. Sin embargo, el progreso se estancó y “prácticamente no ha mejorado” desde 2016 por factores como las desigualdades económicas y educativas, las dificultades para acceder a los servicios de salud, y otros asuntos decisivos como la pertenencia étnica de las mujeres, su orientación sexual, identidad de género, religión y demás. “La discriminación por alguno de estos aspectos está unida a la capacidad adquisitiva que le permitiría a estas mujeres dar a luz en condiciones dignas”, dice Luis Mora, representante en el país del UNFPA.
En 2020, en plena pandemia por el covid-19, la mortalidad materna aumentó en algunos países, sobre todo en aquellos que atravesaban por crisis humanitarias y conflictos. En el caso colombiano, la tasa de mortalidad materna durante ese año fue de 66,4 muertes por 100 mil nacidos vivos. Según cifras del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), esta cifra bajó a 43,1 en 2022 y a 37,2 para la semana epidemiológica 51 del Instituto Nacional de Salud (INS) de 2023.
Ana Cristina González, cofundadora de la organización colombiana Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, opina, sin embargo, que no ha habido un progreso lo suficientemente considerable en los últimos años, “de manera más grave para las mujeres afrodescendientes e indígenas, que en algunos casos viven en zonas alejadas de centros de salud cercanos”. De hecho, cifras de 2023 del SIVIGILA evidencian que la mortalidad materna fue mayor para las mujeres que viven en la ruralidad de nuestro país, con una tasa de 50,5 muertes por 100 mil nacidos vivos, seguidas de aquellas que habitan en centros poblados, con una tasa de 35,1, y las que están en las cabeceras municipales, con 33,8.
El papel de las parteras tradicionales en la mortalidad materna
El informe de la UNFPA en Colombia se concentró en el caso particular del Pacífico colombiano. Expuso el caso de Shirley Maturana Obregón, quien tenía 18 años cuando acudió a un centro de salud en Chocó mientras estaba embarazada. Luego de escuchar que tendría que parir bajo unos procedimientos con los que no estaba de acuerdo (como parir sola, acompañada de su pareja, pero lejos de su familia), decidió volver a su hogar para dar a luz junto a su madre y hermanas con la ayuda de una partera tradicional.
Aunque Maturana tomó esa decisión, Mora recordó que a otras no les sucede lo mismo, pues existen algunas situaciones que impiden que salgan de sus territorios para acceder al sistema de salud formal. Por ejemplo, ir al médico a veces significa atravesar territorios en conflicto que representan una amenaza para sus vidas y la de sus bebés, o que implican también una inversión excesiva para su capacidad económica. Es por esto, como se lee en el informe de la UNFPA, que el riesgo de muerte durante el embarazo y parto de mujeres y niñas afrodescendientes duplica al de las mujeres blanco-mestizas de nuestro país. Según cifras del SIGIVILA para 2023, las mujeres afro tuvieron una tasa de mortalidad materna de 59,4 casos por cada 100 mil nacimientos, mientras las mujeres indígenas presentaron la cifra más alta, con una tasa del 104,3.
Según se lee en el informe, uno de los puntos clave de este panorama es que el sistema sanitario colombiano ha “ignorado a las parteras tradicionales y los valores culturales que presentan”, para, por ejemplo, ayudar en la disminución de la mortalidad materna en estas poblaciones.
Leidy Manuela Mosquera, directora de la Red Interétnica de Parteras y Parteros del Chocó, lo explica de manera más clara: aunque algunas mujeres, como Maturana, acuden a la partería por decisión personal, para otras se convierte en la única opción que tienen debido a las dificultades económicas y de acceso que enfrentan. Es usual que, a lo largo de la costa pacífica colombiana, las parteras se conviertan en las únicas que pueden proveer servicios de salud en territorios sumamente retirados de las cabeceras municipales. Debido a eso, para Maturana es fundamental fortalecer y apoyar la labor de las parteras.
Si bien la Unesco reconoció a la partería como Patrimonio de la Humanidad en 2023, Mosquera dice que no eso ha sido suficiente. “Lo que queremos es la aceptación. Muchos centros de salud nos tienen en cuenta, pero a la hora de tomar decisiones cruciales nos dejan por fuera. En cambio, si uniéramos esfuerzos, podríamos evitar muchas muertes de madres en situaciones vulnerables”, explica.
En palabras de José Luis Wilches, Asesor de Salud Sexual y Reproductiva, aunque todavía no se sabe hasta qué punto el empoderamiento de las parteras ha desempeñado un papel clave en las iniciativas nacionales para prevenir la mortalidad materna, sí puede afirmarse que, desde el reconocimiento en 2023, y junto a otras diversas intervenciones de salud, los fallecimientos por ese motivo en el Chocó disminuyeron un 40 %. “Nosotras no queremos que nos lleven a trabajar a las ciudades”, aclara Mosquera. “Lo que queremos es que, desde donde estemos trabajando, tengamos aceptación y se nos brinden implementos para trabajar de manera más eficiente, como una integración con la telemedicina que, de hecho, nosotras hacemos de manera informal a través de nuestros celulares”.
Todavía falta para que las mujeres sean autónomas
El informe del UNFPA destaca datos positivos a nivel mundial, como el hecho de que el número de mujeres que utilizan métodos anticonceptivos modernos se haya incrementado al doble, y que, actualmente, al menos 162 países estan implementando leyes contra la violencia doméstica, y desde el año 2000, las muertes maternas hayan disminuido en un 34%.
Sin embargo, alerta sobre la situación en 25 países donde el 67 % de las mujeres encuentran obstáculos para acceder a servicios de salud. Por otro lado, en 69 países, una cuarta parte de ellas no puede tomar decisiones sobre su autonomía médica, y la misma proporción tampoco puede decidir sobre cuándo tener relaciones sexuales con su marido o pareja. También, 1 de cada 10 vive con barreras para el uso de anticonceptivos.
La desinformación sobre la sexualidad y reproducción sigue siendo frecuente, en un panorama donde, según Mora, “predominan los estereotipos de género a la hora de abordar la salud sexual y reproductiva”. Además, en el informe se lee que todavía hay persistencia de prácticas médicas discriminatorias según el origen étnico racial. El informe menciona otro panorama poco abordado, y es el hecho de que las enfermeras obstétricas profesionales estén siendo reemplazadas en el mundo por lo que llama “sistemas médicos dominados por hombres”, lo cual, afirma, también afecta el riesgo de mortalidad materna, pues una atención prestada por ellas podría evitar el 41 % de estos casos.
En suma, Mora y González hicieron un resumen de las posibles soluciones a implementar, como una mayor inversión en derechos sexuales y reproductivos a nivel mundial, para que así se robustecen los sistemas médicos y prevengan en mayor cantidad las muertes maternas.
Esto, en palabras de Mora, debe ir unido a una atención inclusiva, sin importar la etnia, religión, capacidad económica, orientación sexual o identidad de género de las mujeres que busquen atención en salud. González, por su parte, enfatiza en la necesidad de que existan soluciones personalizadas lideradas por cada comunidad de acuerdo a sus características socioculturales. Ambos coincidieron en que hace falta consolidar cifras más claras sobre las vulneraciones existentes para que, así, se trace un marco claro de políticas públicas, “porque, si nos vamos a mirar los casos particulares de cada región, seguro tendríamos indicadores mucho más altos”, concluye González.
Por Luisa Fernanda Orozco
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