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El gobierno del presidente Gustavo Petro quiere devolverle la autonomía a las universidades y, además, ampliar la cobertura en educación superior en los territorios del país. Para conseguirlo, desde el Ministerio de Educación le apuestan a una estrategia: la de reformar el modelo de acreditación de alta calidad, que, en palabras más sencillas, es como una especie de “garantía” que comprueba que los programas que se dictan en las instituciones (y los mismos planteles) están ofreciendo educación de calidad.
Para conseguir esta meta el Gobierno les ha apuntado a algunas reformas y a la aprobación de decretos, como el 0529 de 2024. Este decreto, explica el Ministerio, entre otros cambios, propuso que cada una de las instituciones de educación superior (IES) tuviera la oportunidad de adaptar su oferta educativa a las necesidades de los territorios donde operan. Un ejemplo es el de la Universidad de la Amazonia, que con este nuevo sistema consiguió la acreditación para ofertar los programas de derecho e ingeniería agroecológica en la sede de San José del Guaviare. Con esta transformación del sistema el Ministerio también incluyó la modalidad híbrida.
Pero para entender mejor estos cambios es necesario comprender que en la actualidad las instituciones de educación superior cuentan con dos figuras que respaldan su calidad: los registros calificados y la acreditación de alta calidad. Los primeros son un requisito obligatorio y les entrega una especie de licencia a los programas al cumplir con las condiciones de calidad y son supervisados por la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces).
La acreditación de alta calidad, por su parte, la pueden recibir tanto los programas académicos como las IES, y es un trámite opcional donde se evalúan varios factores, como la calidad del profesorado, la infraestructura disponible y el impacto de los egresados en cada uno de sus campos. Los encargados de entregarlo son el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Para ambos certificados las IES deben crear una oficina que se encargue de reunir cada uno de los requisitos exigidos por el Ministerio.
El problema con el modelo que venía funcionando, a los ojos de Alejandro Álvarez Gallego, doctor en ciencias de la educación y exviceministro de Educación Superior, es que el Ministerio no tuvo la capacidad para recibir la cantidad de trámites que las IES debían realizar para cumplir con los requisitos y obtener los registros calificados de sus programas. “Se desbordaron las solicitudes y, en algunos casos, si una universidad quería abrir un programa nuevo, debían esperar dos, tres o cuatro años y para renovarlo tenían que volver a hacer el proceso”, asegura.
Álvarez, licenciado en Ciencias Sociales, explica este represamiento con una cifra: de las 303 IES que tiene en la actualidad el país, solo 93 tenían vigente la acreditación en alta calidad. Además, este sistema, al que dentro del mundo educativo lo catalogaron como uno burocrático, se estaba centrando, dice, en que las universidades únicamente llenaran los formatos y “cumplieran” requisitos, dejando que se “colaran muchas instituciones de garaje”.
También, asegura, tenía otro aspecto negativo: los programas aprobados no se podían modificar y debían contener los mismos lineamientos durante los siete años del registro. “En ese tiempo hay cambios en la sociedad, avanza la tecnología, el conocimiento o la ciencia”, añade.
A raíz de estas situaciones, asevera Ivaldo Torres, representante de los rectores ante el CESU, se había planteado desde hace un par de años la idea de renovar el modelo. “Se estaban dando muchas prácticas que no necesariamente cumplían con los criterios de calidad, que era lo que se buscaba, sino que solo cumplían con las formalidades”. Entonces, anota, el Ministerio le apostó a la reforma, que comenzó en abril con la expedición de este decreto que, de acuerdo con la cartera, durante este año ha permitido que se renueve la acreditación institucional en alta calidad para 13 instituciones.
Desde el Consejo Directivo de la Red de Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas (RedTTU), comentan que este nuevo decreto contribuyó a facilitar el crecimiento de la matrícula de programas de pregrado de 30 ITTU. Para 2024, las matrículas superaban los 185.000 estudiantes inscritos. Entre las claves de este incremento, anotan, está que “las instituciones ampliaron su oferta a nuevos lugares de desarrollo, incluyendo municipios rurales, rurales dispersos y PEDET”.
Pero, advierten desde la RedTTU, si bien desde diversos actores del sector esperaban que este proceso fuera más sencillo y expedito, en la práctica no ha ocurrido completamente. “Facilitó la actualización de los registros calificados en cuanto a nuevos cupos y lugares de desarrollo, pero sigue siendo necesario que el Ministerio reduzca los tiempos de respuesta para que exista mayor certidumbre para la ampliación de cobertura”, sugieren.
La otra parte de la reforma es la modificación del Acuerdo 02 del CESU, que regula la acreditación de calidad y que, en este momento, está en consulta ciudadana. Pero para Sergio Lancheros, del grupo de Investigación en Política Públicas de Educación Superior de la Universidad Nacional, hay un punto que no le suena mucho en ese texto: el que se refiere a los resultados de aprendizaje esperados, porque, en su opinión, representaba una “amenaza” para la autonomía de las IES. “Los programas y las actividades de las IES se moldeaban a los resultados de aprendizaje esperado sobre los estudiantes, limitando buena parte de la actividad de los programas”, añade.
Por eso, comenta Álvarez, el principal acuerdo que se plantea en la reforma de este artículo es que les entrega autonomía a las IES para que ellos, por medio de sus oficinas de aseguramiento de la calidad, creen su propio modelo de acreditación. Esto, anota, les permite a las IES “hacer el ejercicio de evaluación permanente y de mejora” y, además, podrán acreditar sus unidades académicas, que son las facultades o centros de investigación.
Este último punto es el que le ha generado inquietudes a la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), pues como explica Elizabeth Bernal, secretaria general de la Asociación, en el documento todavía no hay claridad en cómo se relaciona esta propuesta con los procesos que existen en la actualidad. ¿Esto se está pensando para que, por ejemplo, ya no sea necesaria la acreditación de programas, sino que se pase a unidades? ¿Cómo se va a relacionar con la acreditación institucional?, se pregunta.
La preocupación de la Ascun frente a estos vacíos se centra en que no está claro si ahora este será un proceso al que las instituciones deban someterse, sin tener claro cuáles serían los beneficios y la articulación en el modelo. También, dice Bernal, le angustia que no saben con certeza si el Ministerio tendrá la capacidad para asumir esta función, sobre todo en este momento donde persiste el represamiento en los registros calificados. “No sabemos si podrá soportar una nueva operación, porque nos estamos dando cuenta de que a veces se está quedando corto con lo que existe”, anota.
Otra de las dudas tiene que ver con si esta oportunidad de acreditar a las unidades académicas llevará a que la interdisciplinariedad se deje de lado, pues ahora, en su opinión, al fomentar que se acrediten de forma autónoma, “va a ser más difícil que las facultades se articulen entre ellas, porque, por el contrario, van a buscar fortalecerse solas”. Las consecuencias de esto, apunta, podría ser, por ejemplo, que no vayan a compartir entre ellas docentes o que no se impulse en conjunto temas de investigación.
Sobre este punto, Álvarez, quien estuvo muy de cerca a este proceso, da un parte de tranquilidad al explicar que para saber si es de calidad una unidad, no se les va a pedir a las IES que acrediten su programa, sino que acrediten su unidad académica, al que precisamente pertenece el programa. Y para ello, las IES, de forma autónoma y junto con sus oficinas de aseguramiento de la calidad, van ajustando y flexibilizando los programas de acuerdo con las necesidades. Entonces, ¿qué papel jugaría el Ministerio de Educación? La cartera solo va a llegar hasta el nivel de acreditar las unidades.
Ahora, mientras el Ministerio recopila los comentarios para emitir un nuevo documento, desde la Ascun hacen un llamado al Gobierno para que no aplique esos cambios de manera apresurada. “Hemos vivido unas transformaciones en los modelos de calidad en los últimos años que han sido bien intencionados, pero al momento de aplicarse no se miden las consecuencias”, asegura Bernal. Su sugerencia es arrancar, primero, con unos pilotos para ver si las buenas intenciones se traducen en realidad.
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