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En febrero pasado, el antiguo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso Gómez, regresó a Colombia en extradición tras 16 años preso en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Durante los meses previos, el gobierno de Gustavo Petro lo postuló como gestor de paz para apoyar su idea de diálogo con los grupos armados, una tarea para la cual necesita que el exjefe paramilitar esté libre. Tres meses después, el colombiano ha escuchado que instancias judiciales han decidido sobre la libertad de Mancuso, pero, hasta ahora, no hay una salida clara. De hecho, el asunto está más enredado de lo que parece. Esto es lo que se sabe del caso.
La mano del sistema Justicia y Paz
En 2005, el Estado creó el sistema de Justicia y Paz para el desarme paramilitar, la sentencia de criminales y la reparación de las víctimas de estas organizaciones ilegales. No obstante, en 2008, el expresidente Álvaro Uribe avaló la extradición de Mancuso a Estados Unidos, así como de otros 13 exjefes paramilitares, al considerar que no estaban cumpliéndole al sistema de desmovilización. El máximo mandatario los señaló, además, de reincidir en el crimen. Desde entonces, de manera reiterada, Mancuso entregó información de crucial importancia para las Salas de Justicia y Paz de los tribunales superiores nacionales, con las cuales se llegó a la condena de decenas de miembros paramilitares. El ahora nombrado gestor de paz, además, fue objeto de sentencia por varias salas, que durante los últimos años lo condenaron aún con su ausencia.
Por ello, con la llegada de Mancuso quedó en duda su situación jurídica, con decenas de procesos encima, sentencias condenatorias en su contra y una solicitud de gobierno ejerciendo presión. El pasado 4 de marzo, días después de su regreso, una jueza de ejecución de penas del sistema de Justicia y Paz fue la primera autoridad judicial en pronunciarse sobre la libertad de Mancuso. Señaló que era un hombre libre, por un tiempo a prueba de cuatro años, por cuanto le ha cumplido a las víctimas y ha entregado sus bienes. Sin embargo, le prohibió visitar a los departamentos donde infundió terror por años: Córdoba, Antioquia, Cesar, Sucre, La Guajira, Norte de Santander, Magdalena, entre otros.
La situación empezó a complicarse cuando el 13 de marzo, una semana después de la anterior decisión, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, por su cuenta, le negó la libertad a Mancuso y su postulación como gestor de paz. En su despacho, como dato para entender la magnitud de los crímenes del exparamilitar, había 33 solicitudes de prisión preventiva. Como respuesta final, señaló que no se le pueden conceder amnistía a personas que han cometido graves violaciones de derechos humanos de manera sistemática. Ese fue el primer choque entre autoridades judiciales.
La JEP se mete en el camino
El 18 de marzo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó por completo el sometimiento de Salvatore Mancuso a ese órgano de justicia transicional, el cual nació con la desmovilización de las FARC. Aunque desde el principio la JEP aseguró que no aceptaría exparamilitares, ni les otorgaría beneficios jurídicos a ellos, Mancuso entró como “bisagra” o punto de conexión entre paramilitares y las fuerzas de seguridad del Estado. En un comunicado y a través de una resolución, la JEP aseguró que asumía todos los procesos judiciales del personaje en cuestión, asumiendo la capacidad de decidir sobre su libertad y restándole poder a las Salas de Justicia y Paz de los tribunales.
La noticia apenas se estaba digiriendo cuando, el pasado 20 de marzo, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, contrariando a la JEP y a la sala homologa del tribunal de Barranquilla, ordenó la libertad de Mancuso, basado en un expediente iniciado por el mismo exjefe paramilitar a través de una acción de tutela. En la misma decisión reconoció a Mancuso como gestor de paz y señaló a la JEP de “entrometerse” en los asuntos exclusivos de la Ley de Justicia y Paz, la cual, bajo la premisa de la desmovilización paramilitar, otorgó salas a distintos tribunales en Colombia. Y se crearon para resolver, justamente, casos como los de Mancuso.
Otras decisiones para más confusión
A principio de mes, este 9 de mayo, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá siguió asumiendo competencia sobre el caso Mancuso y decidió levantar 57 órdenes de captura contra el exjefe paramilitar. En específico, se sustituyeron las medidas por otras no privativas de la libertad, con las que el exlíder paramilitar podrá ejercer funciones de gestor de paz, siempre y cuando se presente ante las autoridades judiciales que lo requieran. Los beneficios fueron otorgados por las contribuciones a la verdad que ha realizado Mancuso y porque, desde que volvió al país, no hay pruebas de que haya reincidido en el crimen.
Además de ello, este 21 de mayo, la misma Sala del tribunal capitalino suspendió los efectos de cuatro sentencias condenatorias contra Salvatore Mancuso, basándose en los aportes a la justicia que, de nuevo, le reconocen al protagonista de esta para nada esclarecida situación jurídica. Por si fuera poco, la audiencia tuvo que terminarse pronto, pues los defensores de Mancuso argumentaron que, en la tarde de este 21 de mayo, tenían cita con otra jueza de ejecución de penas del sistema de Justicia y Paz para, como se ha reiterado, la definición de su libertad. Esa audiencia quedó suspendida por cuanto hay una alta corte que debe tomar cartas en el asunto y, hasta ahora, no lo ha hecho.
La hora de la Corte Constitucional
El 20 de marzo pasado, cuando la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá hizo caso omiso a la decisión de la JEP y ordenó la libertad de Mancuso, también tomó una decisión clave en todos estos expedientes: planteó un conflicto de competencias entre jurisdicciones y, en pocas palabras, le solicitó a la Corte Constitucional que defina de una vez por todas sobre la situación jurídica de Mancuso. Desde entonces, la alta corte está estudiando un expediente inédito y podría tomar una decisión clave para una persona que ha estado privada de su libertad hace 16 años y que, según ha asegurado, busca contribuir a la paz de Colombia. Las víctimas, por su parte, han denunciado que sería toda una vergüenza que la justicia lo deje libre, por el dolor que causó en las regiones de control paramilitar.
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