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Un día después de que el Gobierno ordenara el cierre de manera preventiva del Parque Tayrona, tras graves situaciones de orden público, una delegación del gobierno Petro firmó una serie de acuerdos de paz con el grupo las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Ese pacto, en el que el grupo criminal se comprometió a proteger a civiles y suspender los ataques a la fuerza pública, resulta una paradoja a la realidad que hoy enfrentan operadores turísticos, y quienes viven en la zona como campesinos e indígenas cuya subsistencia depende de los negocios que allí se desarrollan.
En bloque, estos últimos se unieron para “desobedecer” la orden gubernamental y, en mesas de concertación con Parques Nacionales Naturales (PNN) durante este jueves, estaban en diálogos para llegar a un acuerdo. Más allá de esos convenios, la decisión de cerrar el parque no es solo una medida preventiva, sino también el reflejo de una disputa armada que, desde hace varios años, se libra en la Sierra Nevada de Santa Marta entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, dos grupos que, mientras tanto, mantienen mesas de diálogos de paz con el gobierno Petro, sin ningún avance público.
La crisis tuvo un detonante claro. El pasado 16 de febrero, las autoridades reportaron dos bloqueos en dos puntos de ingreso al parque. Uno en El Zaino y otro en Neguaje, las dos principales entradas al área protegida desde Santa Marta. Además, las denuncias sobre esta retención incluyeron cobros no autorizados e ingresos irregulares de visitantes. PNN explicó que la situación “obligó al retiro del personal de la entidad y generó un escenario que impide asegurar condiciones mínimas de seguridad”. A esto se le sumaron amenazas directas contra funcionarios e intimidaciones a los trabajadores uniformados.
Al declarar cerrado el parque, el Gobierno sostuvo que la medida es para “proteger la vida y la integridad de visitantes, comunidades y funcionarios y garantizar su seguridad”. Aunque las autoridades no han atribuido a algún grupo las recientes amenazas que circulan en redes sociales contra el personal del Parque Tayrona, detrás de esos hechos hay un contexto más amplio: la confrontación entre el Clan del Golfo y las ACSN por obtener ingresos derivados de la extorsión al sector turístico y la reciente ofensiva de las Fuerzas Militares contra las Autodefensas Conquistadoras.
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Un experto en seguridad en la zona, que por seguridad pidió omitir su nombre, señaló que esta respuesta de la fuerza pública se da en medio de la aparición de alias “el Bendito Menor”, un mando militar de las ACSN que ha amenazado al presidente Petro en redes sociales y que estaría detrás de la masacre del pasado 9 de enero en Maicao (La Guajira), donde murieron cinco personas. El control territorial de las ACSN es de tal magnitud que, luego de su creación por el paramilitar Hernán Giraldo Serna, conocido por sus alias de “El Señor de la Sierra”, el clan Giraldo se ha expandido en cinco etapas con nombres diferentes.
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Primero Los Chamizos (1976-1982); luego las Autodefensas del Mamey (1983-1994); más tarde las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira (1995-2000); luego el Frente Resistencia (2001-2006); y el último, Los Pachenca, hoy Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. En paralelo, el Clan del Golfo, el grupo armado más grande del país, con casi 10.000 integrantes, comenzó hace unos años a disputar el control que ejercen las ACSN sobre los corredores estratégicos de la Troncal del Caribe, no solo en las extorsiones en el sector turístico, sino también en corredores claves para sus negocios de narcotráfico.
Esa pugna se ha traducido en homicidios, amenazas, control de economías ilegales y presión sobre comunidades, y tendría relación con las recientes afectaciones a trabajadores del Tayrona. El experto en seguridad detalló que por años el Clan del Golfo utilizó los servicios de las ACSN para mover la droga en los puertos de Santa Marta, y en 2018, la relación tomó otro rumbo con la incautación de un gran cargamento de droga que trajo grandes pérdidas para ambos socios. Esa operación se tradujo en una ruptura de los negocios que por años mantuvieron ambos grupos criminales.
En diálogo con El Espectador, Julia Miranda, quien estuvo por años en la dirección de PNN y conoce como pocos las dinámicas de estas zonas, señaló que “la situación es gravísima” y ha sido denunciada por muchas personas que conviven a diario con delitos como la extorsión y amenaza de grupos al margen de la ley. “Ahora, esa situación está amenazando la integridad de los trabajadores”. Miranda recordó que uno de los antecedentes más violentos fue el asesinato de Martha Lucía Hernández, directora del Parque Nacional Natural Tayrona, en enero de 2004 por parte de grupos paramilitares.
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En ese momento, agregó Miranda, hoy representante a la Cámara por Bogotá y en campaña para repetir curul, la situación llegó a un punto tan crítico que la solución fue “pedir el apoyo de la fuerza pública, al presidente de la República y al Ministro de Ambiente de ese entonces. Pero no se cerró el parque, sino que logramos que las instituciones que tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y el orden público en el país rodearan a los guardaparques”. Sin embargo, las disputas de grupos criminales siguen más que vigentes y el gobierno lo sabe.
En diciembre pasado, la Defensoría del Pueblo advirtió un riesgo alto en la Sierra Nevada de Santa Marta y su zona de influencia, debido a la escalada en la disputa por el control territorial entre el Clan del Golfo y las ACSN. La alerta temprana se extendió a 21 municipios de Magdalena, Cesar y La Guajira, incluidos Santa Marta, Ciénaga, Fundación, Valledupar, San Juan del Cesar, Riohacha y Dibulla, entre otros. Estas amenazas, de acuerdo con la Defensoría, responden al dominio de las ACSN en zonas específicas y la expansión del Clan en varios municipios.
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Según la Defensoría, la violencia en esta zona afecta de manera particular a pueblos indígenas como los kogui, arhuaco, wiwa, kankuamo y wayúu. También a las comunidades afrodescendientes, campesinas, pescadoras y a líderes sociales que, de alguna manera, aprendieron a vivir en medio de la extorsión y la presencia de grupos criminales. La Defensoría insiste en que el trasfondo es la disputa por rentas ilícitas derivadas del turismo, la ganadería y el narcotráfico, facilitadas por corredores estratégicos como la Troncal del Caribe y la salida marítima al Caribe.
Aunque el Gobierno y las comunidades avanzan en mesas de diálogo para definir las condiciones de reapertura del parque, la decisión final dependerá de que se restablezcan garantías reales de seguridad en el territorio. La confrontación entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada se recrudece especialmente con las elecciones al Congreso y presidencia, siendo Santa Marta clasificada en la categoría de riesgo extremo por la Misión de Observación Electoral (MOE). Con un escenario marcado por alertas de riesgo y presencia armada, el futuro inmediato del Tayrona no solo depende de acuerdos administrativos, sino de la capacidad del Estado para garantizar el bienestar de los trabajadores del Parque y contener los enfrentamientos de estos dos grupos.
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