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La presencia de los gobiernos más afines a Nicolás Maduro en la ceremonia de investidura presidencial programada para el próximo 10 de enero en Caracas ha estado cargada de mucha incertidumbre. ¿Qué peso tendría la aceptación de esta invitación para estos países y para la misma Venezuela?
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó el lunes que un representante de su gobierno, tal vez el embajador mexicano en Venezuela, Leopoldo de Gyves, estará en su representación. Hace solo 10 días, la mandataria había dicho que no se había recibido ninguna invitación para el acompañamiento.
Del lado colombiano también hubo noticias. El vicecanciller Jorge Rojas apuntó que el embajador en Caracas, Milton Rengifo, será quien asista a la posesión, aunque todavía está la duda si el presidente Gustavo Petro también se presentará en la investidura. Hace dos semanas, Petro sorprendió con un reto a más de medio centenar de representantes a la Cámara que le solicitaron no asistir a dicha ceremonia.
“Ahora me dicen que no vaya a Venezuela. Yo veré si voy o no voy”, dijo ante una audiencia que desaprobó dicho comentario.
La petición de los 75 representantes colombianos es comprensible. Con el resultado de las elecciones en Venezuela todavía en disputa, los legisladores, así como expertos y la ciudadanía, consideran que la asistencia legitimaría un proceso que permanece cargado de preguntas. Pero con el mero envío de diplomáticos a la ceremonia ya se ha reactivado la mayor preocupación.
¿Están Colombia y México reconociendo a Maduro?
No es tan sencillo como suena. En primer lugar, hay que hablar de qué es el reconocimiento internacional. El jurista australiano James Crawford, autor de La creación de los Estados en el Derecho Internacional, expresa que este es un acto unilateral de un Estado en el que acepta a otro Estado o Gobierno, permitiéndole participar en la comunidad internacional de acuerdo con los principios de derecho internacional.
Este proceso es vital tanto para que se cumpla con los derechos y deberes internacionales, se tengan relaciones diplomáticas y se mantenga una estabilidad interna, lo cual influye finalmente en la supervivencia de los gobiernos a largo plazo. Pero hay que hacer una gran aclaración: puede haber reconocimiento de facto (se acepta que un gobierno o régimen controla un territorio y sus funciones gubernamentales) y de jure (que implica que un Estado ha sido aceptado de manera formal y legalmente en el sistema internacional).
Todo funciona mejor con ejemplos, así que podemos citar el caso del Reino Unido con la Unión Soviética (URSS). Londres reconoció de facto a la URSS tras la Revolución Bolchevique entendiendo que ejercía un poder efectivo en grandes partes del territorio. Sin embargo, por diversos factores, como el temor a la propagación ideológica del comunismo, Reino Unido solo reconoció formalmente de jure a la URSS en 1924.
Otro caso importante es el de Federico Tinoco Granados, dictador de Costa Rica entre 1917 y 1919. En este caso, aunque la mayoría de los países no reconoció formalmente a Tinoco, sí hubo un reconocimiento de facto con su régimen para cuestiones prácticas, como proteger los intereses comerciales.
Estos dos casos nos permiten entender que interactuar con un gobierno, así sea en niveles bajos, no implica necesariamente su reconocimiento como legítimo, sino que puede ser una acción más pragmática para manejar asuntos bilaterales. En su obra, el jurista alemán Stefan Talmon también se refiere a la naturaleza de los reconocimientos y señala una diferenciación entre el reconocimiento implícito (que ocurre cuando no se realiza una declaración formal, lo que implica que no hay una legitimidad política total) y explícito (en el que un Estado declara de manera oficial y pública que acepta a un gobierno como legítimo).
Todo este contexto nos sirve para entender que el movimiento de Colombia y México al enviar a sus embajadores a Caracas es un acto cuidadosamente calculado en la diplomacia moderna. No es un reconocimiento explícito o de jure, pues ambos estados han condicionado tal acto a que Maduro muestre las actas electorales del pasado 28 de julio, sino que se reduce a un reconocimiento implícito o de facto que les permite a ambas naciones mantener relaciones prácticas con Venezuela, especialmente en temas clave como migración o energía. De esta manera, Petro y Sheinbaum evitan legitimar plenamente a Maduro y preservan su posición estratégica.
Aunque enviar representantes de bajo perfil a este tipo de eventos oficiales puede permitir relaciones funcionales, mientras se cuestiona la legitimidad del liderazgo, el peligro para esta dinámica llega al condicionarse el reconocimiento de jure como lo han hecho ambos gobiernos. El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, reiteró en una entrevista con El País que si no aparecen las actas no habrá reconocimiento. Esto es algo que ha repetido el gobierno colombiano en los últimos meses, pero la pregunta que queda es cuánto tiempo podría extenderse esta dinámica tan ambivalente sin que le cueste a nivel político a Sheinbaum o a Petro.
Como señaló el periodista Francesco Manetto en El País, “salir en una foto con el dirigente bolivariano, que en los últimos meses ha profundizado la represión contra sus adversarios, justo en el momento en el que se consuma su perpetuación en el poder es un trago que los líderes de la izquierda democrática prefieren no asumir”, y por eso tanto Sheinbaum como Petro envían a diplomáticos de no tan alto nivel. Esto tiene un costo político.
Aunque los gobiernos esquiven el problema por ahora, después del 10 de enero todo va a cambiar. La oposición, en cabeza de Edmundo González -quien sí ha presentado pruebas que respalden su proclamación de victoria en los comicios-, tiene pensada también una ceremonia de investidura. Si esto ocurre, y Venezuela entra a una escena de dos gobiernos paralelos, Sheinbaum y Petro enfrentarán un poderoso dilema: desconocer a un gobierno que ha presentado pruebas de su victoria o reconocer a uno que no lo ha hecho. La decisión se reduce a la presión sobre la publicación de las actas.
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