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La profesora Naomi Klein nos recuerda cómo el Estado de Israel ha presentado históricamente su proyecto de construcción nacional bajo la bandera ambientalista, de preocupación con el cambio climático. Una de sus principales políticas es una de reforestación y siembra espectacular de árboles. Se han consolidado amplias plantaciones de pinos y eucaliptos en donde antes había huertos y aldeas palestinas. Este proceso ha sido promovido especialmente por el Fondo Nacional Judío que, con el lema “hacer verde el desierto”, afirma haber sembrado 250 millones de árboles en Israel desde 1901.
Esta política en que se siembran árboles en la medida en que avanzan el despojo y la ocupación nos recuerda cómo no hay ambientalismo sin justicia social. Como nos advirtieron tantos líderes populares ambientales, desde Chico Mendes hasta Berta Cáceres, la crisis climática no puede abordarse como un problema aislado (para ingenieros y modeladores del clima), sino que debe situarse en relación con historias de colonización y con presentes de desigualdad, pobreza, privatización, racismo y militarismo.
Un número muy reducido de países (y de élites al interior de los países) concentra el grueso del consumo suntuoso de recursos y de las emisiones. Estados Unidos, con una población de alrededor de 340 millones de personas, emite actualmente más de 14 toneladas de CO2 por habitante al año, mientras que India, con más de 1.400 millones de habitantes, registra apenas 2 toneladas per cápita. Esto significa que, a pesar de que India cuadruplica la población de Estados Unidos, este último continúa generando muchas más emisiones tanto en términos históricos como en el presente, lo que refleja la profunda desigualdad en la responsabilidad frente a la crisis climática.
La desigualdad y otras crisis sociales están trenzadas con la crisis climática. Sin embargo, pocas soluciones las abordan juntas: desigualdad y contaminación, racismo y extractivismo. En Colombia no logramos vincular las violencias contra campesinos e indígenas asesinados en las montañas de la Sierra Nevada, las calles de Turbana o Pitalito, con la devastación del calentamiento global o de los huracanes impredecibles. Así, pese a que el Ministerio de Medio Ambiente del actual gobierno ha puesto el corazón en las luchas contra la minería de cobre de campesinos de Jericó, la prohibición del fracking liderada por lideresas del Magdalena Medio y la transición energética, Colombia sigue encabezando listados de violencia contra defensores del medio ambiente.
El informe de Global Witness (dedicado a “todas las personas, comunidades y organizaciones que, con valentía, alzan su voz o actúan para defender su derecho a la tierra y a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible”) afirma que, en 2024, 146 personas fueron asesinadas o desaparecidas por realizar esta labor. 48 de ellas en Colombia. Aunque se registró una reducción en las represalias contra defensores con respecto a 2023, la violencia sigue siendo cotidiana.
El informe advierte que grupos armados aterrorizan territorios antiguamente gobernados por la guerrilla de las FARC. Y que los conflictos por la tierra son uno de los motivos de los asesinatos: veinte de las víctimas fueron pequeños campesinos defendiendo parcelas y modos de vida y diecinueve defensores pertenecían a comunidades indígenas, entre ellos trece del pueblo Nasa en el Cauca. De estos últimos, seis eran guardias indígenas o formaban parte de las autoridades propias responsables de resguardar el territorio y los derechos sobre la tierra.
No puede entonces dejarse la protección de los protectores del agua y los suelos en manos de un solo ministerio. La protección de sus vidas, misiones, y sueños constituye quizá la tarea más urgente para los últimos meses de este gobierno.
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