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El acuerdo nacional que ha mencionado el presidente Gustavo Petro desde su campaña de 2022 y que muchos creían historia pasada, pues él mismo lo calificó como una intención ingenua y frustrada, volvió al mapa político, pero adornado con un segundo apellido: constituyente. Y ahora será uno de los temas principales en la asamblea nacional que realizarán el Pacto Histórico y sectores progresistas en la Universidad Nacional finalizando esta semana.
El presidente está decidido a hacer su acuerdo y, según dijo este 24 de mayo desde Popayán (Cauca), no por capricho, sino porque lo ordena el Acuerdo de Paz de 2016, al que Petro calificó de “supraley colombiana”; es decir, por encima de la Constitución de 1991.
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Desde el mismo departamento al que viajó debido a los ataques de las disidencias, Petro indicó que Colombia podría ser juzgada internacionalmente si no se cumple el Acuerdo de Paz, por lo que se tienen que ejecutar los cambios que estaría frenando el Congreso, y dijo que el documento le da la facultad de llamar a una constituyente.
“Se ha organizado al Estado de una manera que impide que se pueda construir justicia social”, advirtió. Pero el artífice del acuerdo, el expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, salió este mismo domingo a desmentirlo.
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“Usar el Acuerdo de Paz con las FARC para convocar a una constituyente es un absurdo. Esa fue una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación”, precisó Santos y agregó: “La teoría de que el acuerdo es un acuerdo especial que puede modificar las partes contratantes tampoco tiene asidero jurídico, porque los acuerdos especiales presuponen que el conflicto entre las partes continúa, y ese no fue el caso entre el Estado y las FARC”. Además, Santos fue enfático en que acudir a otro tipo de vías no constitucionales se va a enfrentar con la institucionalidad misma, incluso a la de las Fuerzas Armadas.
“Una asamblea constituyente solo se puede convocar usando los procedimientos que establece la Constitución. Cualquier intento de hacerlo por otra vía se enfrentaría con el poder Legislativo, el poder Judicial, las Fuerzas Armadas y con la gran mayoría de los colombianos”, precisó.
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Pero los afines de Petro tienen otra lectura. Por eso, en su administración ya andan varias estrategias para cumplir los tres puntos, y el encuentro entre la coalición de Gobierno, la Minga Indígena, sindicatos, sectores de izquierda y organizaciones de movilización en la sede de la Nacional, en Bogotá, es una de estas.
Voces del Gobierno aseguran que esta cita de dos días (31 de mayo y 1 de junio) avivará la constituyente y que de ella saldrá la hoja de ruta para los últimos dos años de Petro en el poder. Además, cuentan que servirá, precisamente, para conformar lo que se han llamado las “coordinadoras de fuerza popular”, un término que viene usando el presidente desde este año, pero que ha generado más dudas que certezas.
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Aunque aún no se conoce por quiénes estarán conformadas estas coordinadoras, tampoco en qué lugares operarán y cómo se financiarán, desde el Pacto las describen como grupos ciudadanos activos en política dispuestos a apoyar y defender los proyectos del Gobierno.
“El llamado del presidente tiene una lógica que puede asustar, pero es de poder popular. Necesitamos que el pueblo se empodere a través de la organización y la movilización para defender el proceso de reformas y de cambio”, indica el representante Gabriel Becerra, uno de los organizadores de la asamblea en la que esperan más de 10.000 asistentes, y que se da en medio del paro indefinido de la Universidad Nacional por la elección de Ismael Peña como rector.
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La cifra de cuántas personas se desplazarán desde sus territorios a la capital será un dato importante, dicen fuentes cercanas al Gobierno, pues dará un panorama de qué tanto respaldo podrían tener los próximos anuncios y medidas de Petro en torno a un proceso constituyente y al supuesto golpe blando en su contra.
También les dará una idea de qué tanta afluencia podría tener la movilización que se estaría preparando para el próximo 7 de agosto, día en el que Petro cumple dos años como el primer presidente de izquierda en el poder colombiano.
Pero, ¿cuáles son los anuncios y medidas de Petro? Una visita a la ONU para hablar del incumplimiento del Acuerdo de Paz, nuevos caminos para poner en marcha varias de sus reformas estancadas en el Congreso, y reunir un fuerte respaldo ciudadano para las “batallas jurídicas” que se aproximan por presuntas irregularidades en su campaña presidencial o supuestos vicios en el trámite de algunos proyectos, entre esos el Plan Nacional de Desarrollo.
Pero hablar con la ONU ha generado sus preocupaciones dentro del mismo Gobierno, pues un sector dice que podría generar una mala imagen y dudas en torno a la gestión de Petro, por lo que aún es un tema que se está discutiendo en la Casa de Nariño. Eso sí, el jefe de Estado se muestra seguro en que las cifras hablan por sí solas y que su labor, comparada con la de su antecesor, Iván Duque, es buena. Además, ha venido recalcando que el Ejecutivo no conforma el Estado en su totalidad.
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Desde la oposición hay preocupación por esas visitas internacionales, pues creen que Petro no solo hablaría del acuerdo, sino también de un supuesto bloqueo institucional para ganar legitimidad e irse por otras rutas para aprobar sus reformas. Incluso, este domingo, Duque lanzó una advertencia en ese sentido: “El Presidente debe cumplir su mandato hasta el 7 de agosto de 2026, ni un día más ni un día menos. Cualquier intento de violar la constitución debe ser respondido con firmeza por toda la institucionalidad. El país unido rechazará cualquier intento de romper con la legalidad”.
Desde el Pacto Histórico no descartan que el jefe de Estado opte por diferentes medidas, todavía más cuando hay reformas que siguen sin ver la luz: la pensional, que ya pasó su tercer debate; la de salud, la laboral y la jurisdicción agraria, y cuando falta menos de un mes para que el Congreso salga a su receso y muera la actual legislatura. Personas cercanas al presidente, como el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, consideran que el Gobierno ha perdido casi dos años buscando el sí de los senadores y representantes para las reformas y creen que es tiempo de mirar otros horizontes.
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En todo caso, el oficialismo asegura que todo será dentro del marco de la Carta Magna: “La Constitución prevé varias formas de reformarla: la constituyente, el referendo, incluso pasar por el Congreso. Además, incluye el poder constituyente del pueblo colombiano”, cuenta la senadora Clara López.
La congresista agrega que buscan movilizar a sus simpatizantes y organizarlos para que conozcan sus derechos, qué es el debido proceso y cuál es la presunta guerra jurídica que hay contra “la voluntad popular expresada en las urnas y para sacar al presidente”.
Si bien son varios los que coinciden con López, otro sector del Pacto sostiene que la organización de los ciudadanos es a su vez una manera para darle al progresismo unos años más en el poder, un deseo de Petro que, dice, es la única manera de lograr cambios.
“La campaña electoral es en dos años, pero uno no gana con una campaña que dura apenas tres meses y la agenda del cambio se tiene que sostener, lo que quede pendiente después de estos cuatro años tenemos que poder materializarlo después”, expone David Racero, representante y uno de los puentes entre el Congreso y el Ejecutivo.
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Petro, amparándose en el punto de transformación del territorio del Acuerdo de Paz, ya le dijo a varios de sus ministros que deben acelerar la ejecución y modificar las prioridades, cambiando las vigencias futuras para que los destinatarios no sean solo las grandes capitales, y contratando directamente con las organizaciones populares, los cabildos indígenas y las juntas de acción comunal.
Pero dentro del mismo Gobierno hay divisiones que podrían costarle al proyecto, e incluso altos funcionarios que ven algunas propuestas, como la cita en la Universidad Nacional, con ingenuidad y como algo aislado de la coalición que no compromete al gabinete en su totalidad. Y es que en los pasillos del Congreso y de las carteras se ha venido hablando de que hay choques entre estos dos poderes, que buscan el respaldo de Petro, casi que por igual.
Detrás del recelo estarían las aspiraciones políticas para el 2026 y los golpes a la imagen que han sufrido a costa de los varios escándalos que salpican a funcionarios del Gobierno. Lo cierto es que creen que algunos de los congresistas, ministros y demás funcionarios ya estarían buscando hacer sonar su nombre por su cuenta y aprovechando toda oportunidad para mostrarse con pretensiones electorales.
Con aspiraciones electorales ha tachado también la oposición al presidente Petro, de quien asegura que está en campaña, violando así la ley. A los opositores, el represente Racero les dice que “se ahorren cualquier tipo de demanda o denuncia, pues el presidente, como líder del Pacto, tiene todo el derecho a participar en eventos como el de la Nacional”.
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En todo caso, este martes varios voceros definirán los puntos finales de este encuentro, del que, aseguran, se está gestionando de manera autónoma: “se están haciendo rifas, recogiendo dinero para pagar el transporte, gasolina, peajes. Hay un gran entusiasmo, será una fiesta democrática”, sostiene la senadora Gloria Flórez.
El mismo sábado 1 de junio se darán a conocer los resultados de esta cita, así como cuáles serán los pasos a seguir para defender las reformas, al Gobierno y lograr unos simpatizantes del proyecto político organizados y dispuestos a salir, una vez más, a las calles. Falta ver si el Gobierno revivirá su acuerdo nacional y si la constituyente se materializará o se quedará un discurso con matices electorales.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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