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Por cuenta de una decisión judicial que se conoció este martes, que es el resultado de un recurso que varios petristas purasangre interpusieron para intentar viabilizar una consulta que les permitiera tener una ficha con la cual disputar la carrera por la Casa de Nariño, la izquierda que rodea al presidente Gustavo Petro sufrió un revés que puso a este espectro político a barajar sus opciones en la búsqueda de reelegir al proyecto progresista en 2026.
Tal fue la dimensión del golpe jurídico que el propio jefe de Estado se movió de inmediato para citar en el palacio presidencial a los tres precandidatos y al grueso del comité político del Pacto Histórico para analizar medidas, lo cual complementó con uno de sus acostumbrados mensajes en redes con alta carga de crítica cuando se trata de decisiones que tocan sus intereses electorales.
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La cita, que se realizó en la tarde y justo antes de que el presidente Petro se enrutara a Bélgica en su viaje número 72 al exterior, sirvió para hacer la catarsis partidista que necesitan para no salir del escenario de urnas que se tiene previsto para el próximo año.
¿Qué se analizó? Lo primero fue determinar los alcances del fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá que advirtió que ningún derecho de los militantes del Pacto Histórico está siendo cercenado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que dijo que podría darse una fusión de partidos de izquierda bajo esa chapa cuando las colectividades superen las indagaciones de posibles irregularidades ligadas a la campaña de 2022 que tienen pendientes.
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Eso, en plata blanca, se traduce en que la consulta prevista para que el 26 de octubre se definiera si el aspirante petrista sería Iván Cepeda, Daniel Quintero o Carlina Corcho quedó en vilo, prácticamente anulada, lo que llevó a que desde diferentes espacios de la izquierda se lanzaran a impugnar la decisión de tutela y a preguntar a la Registraduría si la inscripción de los tres sigue validada. Pero, en paralelo, se acordó una movilización mediática, digital y con alto componente de calles para presionar medidas que superen los escollos legales.
“¿Cómo puede la justicia acorralar el derecho a fundar partidos, que lo defiende la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos? Mamola que nos dejamos acorralar de la arbitrariedad que lo que busca es sangre”, notificó Petro en uno de sus varios trinos. Esto contrasta con el pronunciamiento que tuvo hace unas semanas cuando el mismo tribunal dijo que se decretaba una medida cautelar temporal mientras se fallaba de fondo, pues en ese momento dijo que eso sí se enmarcaba en un escenario democrático al resultarle favorable.
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La nuez del asunto es que el Pacto no tiene su personería jurídica en firme, lo que deja sin piso jurídico las aspiraciones de ir a una consulta de Cepeda, Quintero y Corcho. Sin embargo, en lo referente a la selección de puestos en las listas de Cámara y Senado entre más de 500 inscritos sí habría cita a urnas, pues no se trata de una elección propiamente dicha de candidatos; en todo caso, según la Registraduría, esa jornada electoral –de mantenerse en pie en ambas apuestas– costaría COP 193.000 millones.
Además, de acuerdo con lo analizado en la Casa de Nariño y en las campañas ya activas, la impugnación demoraría unos 20 días, por lo cual el fallo final se conocería después del 26 de octubre. Y la viabilidad de inscribir aspirantes por otros partidos para que vayan a la consulta está enredada, pues ese plazo legal ya se venció desde septiembre pasado.
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Pero mientras esas líneas de acción avanzan y las redes completan 24 horas atacando el fallo judicial desde la izquierda, la decisión final sigue estando en el CNE que, según la misma tutela adversa a los intereses de Petro, tiene hasta el 8 de noviembre para decidir sobre los procesos sancionatorios de los partidos que no permiten concretar la personería del Pacto; en esa fecha comienza el periodo de inscripción a candidaturas.
El Espectador estableció que el expediente sobre la presunta violación de topes electorales en la campaña que en 2022 llevó a Petro a la Presidencia, cuando en segunda vuelta se impuso sobre el ahora fallecido Rodolfo Hernández por poco más de 700.000 votos, se destrabó este martes de cara a una decisión final y que es cuestión de días para que la ponencia sancionatoria que proyectaron los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) sea votada en la sala plena.
Incluso, los impedimentos presentados fueron negados y se acudió a la figura de “rotación grupal” para darle celeridad al análisis de ese documento.
Este diario también pudo confirmar que la sala plena se metió de lleno en la discusión sobre la escisión del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), la cual fue solicitada por la senadora María José Pizarro y los representantes David Racero y Heráclito Landínez con el fin de darle vida al movimiento Progresistas y tener otra fuerza petrista desde la cual darles espacios a quienes buscan cupo en los tarjetones desde 2026 enarbolando las banderas de la reelección de la izquierda.
En todo caso, en la cita palaciega de este martes –con Cepeda, Quintero y Corcho a bordo–, el jefe de Estado instruyó a su equipo político, incluyendo al ministro del Interior, Armando Benedetti, para que desplieguen una estrategia de presión y rédito electoral ante la opinión buscando salidas jurídicas y denunciando una supuesta persecución.
Eso explica por qué, y todo potenciado antes de que el presidente Petro se fuera otra vez del país, los dardos contra el Consejo Electoral y un sector grueso del sistema judicial se hicieron más evidentes; y, de paso, varios de los precandidatos y militantes del progresismo terminaron también arengando por la personería jurídica durante las manifestaciones que se realizaron por invitación del Gobierno este 7 de octubre, justo cuando se cumplieron dos años del ataque terrorista de Hamás a territorio israelí y que terminó en una respuesta desproporcionada de la administración de Benjamín Netanyahu en suelo palestino, la cual derivó en un genocidio.
Lo cierto es que el progresismo de Petro sí quiere que haya consulta de precandidatos presidenciales el 26 de octubre, y la Registraduría ya tiene los cerca de COP 200.000 millones que cuesta, por lo que todas las estrategias de movilización están enfocadas en lograr ese propósito. Los jueces, y el Consejo Electoral, tiene el poder de decisión.
Este es el fallo adverso de tutela:
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