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Justo cuando muchos de los embalses de la región siguen en cuidados intensivos, tras el paso del Fenómeno de El Niño, y la única manera de tratar de garantizar el abastecimiento a corto y mediano plazo es racionando las pocas reservas de agua que quedan, toma fuerza una figura que, a futuro, podría ser una ayuda clave para asegurar la oferta hídrica en Bogotá y la Región: pagar por conservar áreas estratégicas para el ciclo del agua.
La idea es incentivar a quienes residen cerca de las cuencas de los ríos, los páramos y los bosques nativos, entre otros ecosistemas, a preservar y conservar estos espacios. Y para hacerlo, las autoridades distritales y departamentales buscan incentivar la figura de los Pagos por Servicios Ambientales (SPA), que no son más que un reconocimiento económico, que apunta a redoblar acciones, que permitan enfrentar los efectos del cambio climático y asegurar la salud de las fuentes de agua.
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“Los PSA configuran una alternativa poco conocida, que se viene utilizando hace un buen tiempo en el país. Se trata de articular la misionalidad de algunas entidades públicas y privadas, que tienen como norte preservar y restaurar algunos ecosistemas que prestan servicios ambientales (fundamentales para garantizar el servicio del agua), con la comunidad que habita en estos puntos”, señala Jeannette Zambrano Nájera, investigadora de estudios ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.
“Sucede que en muchas de las partes que se buscan proteger, la gente ya tiene su vida instalada allí y, en muchos casos, su actividad económica entra en conflicto con la idea de preservar, como la ganadería o la agricultura expansiva, por citar algunas de las amenazas que se ciernen en puntos fundamentales como los páramos”, agrega.
Un ejemplo de cómo funciona la figura es el convenio que suscribió la secretaría Distrital de Ambiente (SDA), el pasado 20 de mayo. El ente distrital junto a la Gobernación de Cundinamarca y la fundación Biocuenca firmaron un PSA con la junta de acción comunal de la vereda Santa Ana, ubicada en zona rural del municipio de Guasca, para la regulación hídrica.
El acuerdo se suscribió con siete familias que residen en la microcuenca del río Siecha, en el cual, según la CAR Cundinamarca, nace sobre los 3.700 m.s.n.m, en el páramo de Chingaza, y es uno de los afluentes que alimenta el embalse del Tominé, que junto a los embalses del Neusa y el Sisga conforman el Agregado Norte, del sistema de abastecimiento hídrico de la capital.
“Este pago se firmó en áreas vitales para la conservación del agua que llega a Bogotá desde el municipio de Guasca. El acuerdo protege 311 hectáreas, de la mano con familias de la zona rural de Santa Ana en este municipio. De esta forma, junto a las familias campesinas y la región, avanzaremos hacia la resiliencia climática”, le confirmó a El Espectador, Adriana Soto, secretaria de Ambiente.
Así las cosas, teniendo en cuenta que la mayoría de las familias que viven en las zonas de interés ecosistémico no tiene otra alternativa para subsistir, y debido a que sus actividades generan afectaciones en los suelos y la hidrografía de estos sectores, con esta estrategia se busca, encontrar un punto en el que todos terminen ganando.
“En vez de sacar a la gente de sus territorios y cambiar una actividad económica por otra, en especial aquellas que deforestan como la ganadería o la minería, por ejemplo, el plan es que pasen a proteger el servicio ecososistémico que presta la zona donde viven. Y como proteger y restaurar pasa a ser su actividad principal, obtendrán un pago por ello. La estrategia busca suplir los intereses de ambas partes, del privado y las entidades regionales, y las personas que residen en las zonas a proteger”, adhiere Zambrano.
A la fecha, la SDA “ha suscrito pagos por servicios ambientales en 1.112 hectáreas, en 57 predios, en donde se benefician 45 familias residentes en zonas de importancia ecológica de los municipios de Fómeque, Sesquilé, Guasca, La Calera y Guatavita”, le confirmó la cartera distrital a El Espectador.
Lo que viene
La secretaría de Ambiente se planteó, como una de sus metas durante este cuatrienio, implementar pagos por servicios ambientales en, al menos, 2.128 hectáreas de zonas cuya protección resulta imperante para asegurar el suministro de agua en los años venideros, puntualmente en zonas ubicadas en cercanías al páramo de Chingaza y el embalse de Tominé.
Los municipios en donde se han suscrito los acuerdos son: 1) Sesquilé: 209,6 hectáreas de 20 predios vinculados. 2) Guatavita: 13,1 hectáreas de cuatro predios. 3) La Calera: 61,3 hectáreas de siete predios vinculados. 4) Guasca: 604,3 hectáreas de 14 predios vinculados. 5) Fómeque: 223,9 hectáreas de 12 predios vinculados.
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“Se debe ser más incisivo”
“El componente pedagógico acá es fundamental. Y no solamente para las personas que suscriben los convenios, quienes desde luego deben recibir una capacitación frente a las actividades que van a realizar. La pedagogía debe ser a nivel macro, pues muchas de las zonas de reserva son visitadas por personas que, por desconocimiento, causan daños ambientales complejos que pueden tomar años en recuperar. El no saber es una de las amenazas más graves que enfrenta el medio ambiente”, indica Zambrano.
Para ejemplificar el daño que causa ignorar la importancia de un ecosistema, la investigadora recuerda el reciente caso de un turista que fue capturado luego de que le encontraran varios frailejones que se había llevado de una zona de reserva del parque nacional Los Nevados. “Yo tuve conocimiento de que el señor no sabía cuál había sido su falla, no tenía ni idea. Y como el señor, hay miles de personas que, por no saber la importancia de un frailejón, o de un embalse, causan daños graves. Ahí nos damos cuenta de que tenemos deficiencias en el conocimiento de nuestro propio territorio que van en contra de lo que se busca garantizar.”.
Si bien los PSA es fundamental, para poder asumir los efectos del cambio climático y la incidencia cada vez más fuerte de las temporadas de sequía, Zambrano señala que es necesaria la implementación de medidas más “incisivas” encaminadas a establecer de manera más efectiva los esfuerzos de preservación.
“Un aspecto que considero que se puede mejorar es el tema de la voluntariedad. Estos acuerdos son suscritos por la voluntad de la persona que posee el predio, que es una herramienta magnífica que suma proteccionistas por medio de la pedagogía, pero hay casos en que definitivamente se necesitan acciones punitivas contra las personas que estén atentando contra el territorio”, puntualiza.
La Secretaría de Ambiente señala que el 100% del agua que necesita Bogotá para subsistir proviene de los páramos de Sumapaz, Chingaza, Guerrero y Guacheneque, varios de los cuales tiene en su jurisdicción procesos de pagos por servicios ambientales. Por ahora, las entidades se están encargando de resguardar las zonas circundantes a los páramos y las cuencas de los ríos que abastecen los embalses que hoy se encuentran en niveles críticos.
Sin embargo, su incidencia real solo podrá medirse con el tiempo, quien será el que determine, por ejemplo, si la estrategia ha permitido mejores caudales en las desembocaduras de los ríos que llegan a los embalses, o si las zonas que durante años fueron utilizadas para actividades que las depredaron y contaminaron, lograron un proceso de restauración efectiva. Entre tanto, la ciudad continúa habituándose a las nuevas maneras de entender y relacionarse con el agua, las cuales determinarán, nada menos que nuestra supervivencia.
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