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La inviabilidad reconocida en la Casa de Nariño de sostener un relato que mantenga viva la agitación callejera para defender al Gobierno del presidente Gustavo Petro, y que potencie la campaña con la que se busca la reelección de la izquierda en 2026, parece haber llegado a su fin con la última semana de movilizaciones que se han dado en al menos tres capitales. De hecho, las registradas este 7 de octubre, que fueron impulsadas por el Ejecutivo y que volvieron a tener algunos episodios de violencia física y simbólica, ratificaron ese escenario.
Al menos así lo reconocieron varias fuentes del Ejecutivo que, además, les confirmaron a reporteros de este diario que el hecho de que se haya dado una de las concentraciones en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, y aunque muy cerca de allí se hubiesen quemado banderas de ese país y de Israel, evidencia que la causa palestina le devolvió la iniciativa de las manifestaciones ciudadanas al progresismo, lo que será impulsado aún con más fuerza para que eso derive en votos en las tres elecciones que se avecinan.
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La clave está en mantener viva la movilización de cara al 26 de octubre, más allá de si ese día finalmente se puede o no dar la puja en urnas entre Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho –los tres precandidatos petristas que también impulsan los llamados a marchas–, y que esa fuerza se mantenga con la agitación hasta la cita del 8 de marzo, cuando se elige a un nuevo Congreso y se dirimirán las consultas ampliadas de todas las fuerzas, y del 31 de mayo, día de la primera vuelta de las presidenciales.
Y aunque las marchas en favor de Palestina llevan ya varios días, incluyendo los ataques a la propiedad privada y el cerco a gremios como la Andi, solo hasta hace 48 horas el Gobierno reconoció que estaba detrás.
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Incluso, sabiendo que el 7 de octubre de 2023 fue la masacre de más de 1.200 israelíes en el ataque del grupo terrorista Hamás, lo que derivó en la respuesta desproporcionada de la administración de Benjamín Netanyahu que terminó en el genocidio de más de 60.000 palestinos en estos 24 meses, motivaron el relato desde Palacio en torno a la movilización para rechazar lo segundo sin hacer mención directa –salvo la Cancillería y el Ministerio del Interior– a lo primero.
Eso se evidenció cuando el presidente Petro y el ministro Armando Benedetti, respaldados después por la canciller Rosa Villavicencio, promovieron las marchas que finalmente se dieron con más fuerza en Bogotá, pues en Medellín la movilización fue relativamente tranquila hasta que en la noche hubo desmanes de encapuchados que fueron repelidos por la Fuerza Pública y que terminaron en otro choque entre el presidente Petro, que no rechazó los ataques, y el alcalde Federico Gutiérrez, quien defendió el accionar de los uniformados. En Cali no pasó de un enfrentamiento de pocos minutos entre un grupo de marchantes y efectivos del Undmo.
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“El Gobierno de Colombia protegerá la embajada de los Estados Unidos, pero permitirá el libre derecho a la expresión y reunión del pueblo colombiano. Les solicito a los manifestantes conservar las reglas de la paz. Mi posición es diferente a la del gobierno de Estados Unidos y nos atacan por ello, pero somos firmes ante los principios de nuestra constitución”, dijo Petro a comienzos de semana. ¿Por qué?
La razón es que la sede diplomática de la administración del magnate republicano Donald Trump emitió una nota diplomática advirtiendo que las marchas podían derivar en agresiones, por lo que pedía esa protección a la que luego se refirió el jefe de Estado. Sin embargo, en ese mismo documento quedó el registro sobre cómo a finales de septiembre, en otra protesta en la que las arengas pro-Palestina y pro-Petro también estuvieron presentes, se registró el lanzamiento de gases y objetos hacia esa embajada; esto no se conoció masivamente.
“Hay mucho enemigo de Palestina, pro-Israel y de oposición que anda diciendo que la marcha la convocó el Gobierno y así no es y así no fue”, matizó posteriormente el ministro Benedetti.
Otro episodio que se registró durante esta jornada fue el cruce de mensajes del presidente Petro con Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien reclamó protección para la propiedad privada y de paso aseguró que la actual administración demostró que el poder presidencial –desde su óptica– necesita límites más claros.
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El mandatario le respondió que los límites los requiere el sector privado que representa la Andi, junto con otros gremios, y que en eso no va a desfallecer. Eso sí, con relación a los ataques a la sede de esa organización en Bogotá o a los otros desmanes que se registraron desde la semana pasada y este mismo 7 de octubre no se hizo ninguna mención.
“El genocidio en Gaza debe detenerse. La interceptación del ejército israelí a la flotilla conformada por personas de distintos países y cuyo propósito era llevar ayuda humanitaria a la región es una muestra más, de tantas, de que el Gobierno de Benjamín Netanyahu no está dispuesto a escuchar las voces que le piden reconsiderar sus abusos de poder. Eso, nos parece, no está en discusión. Lo que cuesta comprender, y amerita mayor reflexión incluso dentro del Gobierno de Gustavo Petro, es cómo el activismo en favor de la causa palestina ha servido de excusa para vandalizar y hostigar a empresarios solo por ser judíos o tener relaciones con empresas judías. La violencia que vimos esta semana en el país muestra una preocupante hipocresía: no se puede pedir la paz apostándole a sembrar terror”, se dijo en el editorial de este diario del domingo pasado.
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La razón es que, si bien en los cinco plazoletazos que lleva el presidente Petro este año, incluyendo el de Medellín que hizo junto a jefes de narcobandas en una desafiante tarima en La Alpujarra y el del pasado viernes en Ibagué, han sido masivos, ahí hay un alto componente de movilización de sectores con contratos oficiales y, en algunos casos, desplazamiento de comunidades con buses que no es claro cómo se han financiado.
Y en ellos la consulta popular, la constituyente y otros movimientos de agitación social han estado presentes, pero la espontaneidad de sus movidas no ha sido constante; la calle no ha respondido igual.
Pero ahora con el tema de Palestina, aunque aún todo se concentra mucho en Bogotá y falta ver si se masifica a otras ciudades, el mandatario tiene un relato de indignación que emula lo sucedido durante el estallido social de 2021 y que derivó, entre otras cosas, en que el ahora presidente Petro ganara en segunda vuelta un año después por 700.000 votos sobre el ya fallecido Rodolfo Hernández; la capitalización electoral de la protesta es una apuesta que no solo se tramita en Colombia.
Lo cierto es que esto también se analizó en la Casa de Nariño mientras se desarrollaron las protestas de este 7 de octubre y se dejaron instrucciones de mantener la movilización justo antes de emprender el viaje número 72 al exterior. Las urnas ameritan, de acuerdo con la Casa de Nariño, promover ese relato, que se suma a la pérdida de la visa estadounidense por las arengas de hace dos semanas en calles neoyorquinas; y todo con duras tensiones binacionales, con Venezuela de por medio y la descertificación en la lucha contra el narcotráfico latente.
¿Cuál fue el balance de las marchas?
Bogotá fue el epicentro de las marchas, ya que desde la tarde hubo concentraciones en la Universidad Pedagógica, las cuales terminaron en disturbios con el Undmo. Y sobre las 4 de la tarde llegaron los manifestantes a la Embajada de Estados Unidos, donde se ondearon banderas de Palestina, pero también consignas como la cancelación del TLC con ese país y hasta la quema de banderas.
La movilización, que contó también con la participación de colectivos de la Colombia Humana, la CUT, el Partido Socialista de los Trabajadores y barras de hinchas de equipos de fútbol, se trasladó por la Calle 26 hacia la Plaza de Bolívar, afectando la troncal de Transmilenio y a al menos 200.000 pasajeros, quienes tuvieron que desplazarse a pie.
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Pero todo se da en un contexto. En efecto, la jornada ocurrió en medio del segundo aniversario del ataque de Hamás a Israel, que dejó 1.200 israelíes asesinados y más de 250 secuestrados; varios de ellos murieron posteriormente. ¿La respuesta? Más de 67.000 palestinos han sido asesinados por las Fuerzas de Defensa de Israel y más de 2 millones han sido desplazados –muchos de ellos más de una vez– por todo el territorio gazatí, en una campaña que, según una comisión independiente designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, constituye un genocidio.
Sin embargo, este es también el momento de esta guerra –que lleva dos años, pero obedece a un conflicto de más de 70– en el que más cerca ha estado Oriente Medio de ver la paz en la Franja de Gaza. Con una presión del presidente Trump, quien está en plena campaña para ganar el Premio Nobel de Paz (el que se entrega este viernes o alguno de los próximos), Hamás ha venido aceptando poco a poco los términos del plan propuesto por el jefe de Estado de Estados Unidos. Primero admitió liberar a los rehenes que quedan: se estiman 48, aunque se cree que solo 20 están vivos.
Ahora negocian en Egipto y habrían aceptado, según versiones de la prensa internacional, entregar las armas, pero no ceder el control de Gaza. En eso va la negociación y Trump ha fijado como plazo este viernes, por lo que se viven horas cruciales.
Y así, con el globo agitado y una campaña electoral en Colombia cada vez más polarizada, es que las calles vuelven a ser el epicentro de la puja por los votos y en el que la izquierda que rodea al presidente Petro quiere movilizar a sus bases. La oposición, que ya habla de contrarrelato y “cero temor” a responder, tampoco está quieta.
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