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¿Cuál es el panorama general en el que ven a la democracia en la región en 2025?
Este año, el 2025, ha estado fuertemente marcado en la región por el impacto de las elecciones en Estados Unidos y la nueva administración, que ha tenido un giro en política exterior y en las políticas de cooperación. Eso ha tenido un fuerte impacto en la geopolítica mundial, pero también regional. Yo creo que también es un año que ha estado marcado por el conflicto en Gaza, que ha tenido mucho impacto en nuestra región, y es un año en el que hemos visto que se ha mantenido una actividad electoral intensa.
Hemos tenido elecciones importantes en Bolivia; vamos a tener segunda vuelta este mes; se vienen las elecciones en Chile a fin de año; hubo elecciones en Uruguay, y tendremos elecciones en Honduras. Es un año muy movido en términos electorales en nuestra región. Tuvimos además las elecciones judiciales en México, que marcaron un hito bien relevante en ese tema. Y conversaremos sobre el informe.
Lamentablemente, vemos que las tendencias de preocupación respecto a la democracia se mantienen y, en algunos casos, se han agudizado. Hay varios países que nos preocupan por sus derivas hacia retrocesos democráticos. Así que ha sido un año muy intenso y de mucha transformación política. Creo que todos los actores políticos y sociales en América Latina están muy en alerta, porque están pasando demasiadas cosas al mismo tiempo.
¿Cómo analizan ustedes el estado y el proceso de la democracia en Colombia, teniendo en cuenta que el país está entrando también en una nueva recta electoral?
Colombia es un país con un desempeño democrático en el rango medio, que se ha mantenido bastante estable. No muestra deterioros significativos en el último año ni en los años recientes. Hay algo de retroceso en participación, pero el país sigue por encima del promedio de América Latina en los indicadores de representación.
Sí observamos, sin embargo, una fuerte polarización y cierta preocupación por la instalación de discursos que buscan sembrar dudas sobre un sistema electoral que, históricamente, ha gozado de gran confianza entre la ciudadanía. Nuestro llamado en Colombia es a cuidar el prestigio y la integridad de las elecciones. Ese es un capital construido durante décadas con el trabajo de la sociedad civil, los partidos políticos y las instituciones del Estado, y debe protegerse.
También vemos algunos desafíos en los indicadores relacionados con el Estado de derecho. Hay señales de deterioro y creemos que aún existe mucho espacio para mejorar, especialmente en los mecanismos de representación de las mujeres. Colombia sigue en deuda con una representación equilibrada. Nuestro llamado a los partidos es a inscribir listas paritarias, porque la paridad no es un beneficio solo para las mujeres: es un beneficio para la democracia. Las sociedades son más justas e inclusivas cuando las mujeres participan plenamente en la toma de decisiones.
El informe de IDEA para este 2025 justamente habla de un deterior en la democracia, ¿qué factores globales o regionales podrían para ustedes explicar eso?
Vemos que, a nivel global, el informe muestra una tendencia que se viene produciendo a lo largo de los últimos ocho años: un deterioro democrático. Sabemos que el 54% de las democracias está teniendo retrocesos, mientras que solo el 32% muestra mejorías.
En nuestra región observamos una tendencia similar, con una concentración particular. Recordemos que nosotros analizamos la democracia en un sentido holístico, considerando las dimensiones de representación, participación, derechos y Estado de derecho. América Latina, históricamente, ha tenido mejores resultados en las dimensiones de participación y representación, y peores resultados en las de Estado de derecho y derechos.
Esa es una tendencia que se mantiene y se profundiza. En categorías donde ya muchos de nuestros países tenían malos desempeños, vemos un deterioro mayor, especialmente en Estado de derecho y derechos. Algunos de los países que han tenido las bajas más pronunciadas son El Salvador y Nicaragua, ambos en Centroamérica, y eso, por supuesto, preocupa enormemente.
También se habla mucho del retroceso en términos de libertad de prensa: amenazas concretas, comunicadores presos, lo cual es bastante preocupante. También está la ley mordaza en Nicaragua, que fue aprobada este año. ¿Qué amenazas concretas enfrentan los periodistas en la región y qué medidas les recomendaría usted para protegerse?
En nuestra región estamos en los niveles que teníamos a principios de los 90, y diría que hay distintos factores. Por una parte, América Latina sigue teniendo el triste récord de ser una de las regiones del mundo más peligrosas para los periodistas.
Tenemos las tasas de homicidio de periodistas más altas casi en el mundo, a pesar de que no tenemos conflictos bélicos. Se supone que somos una región en paz; sin embargo, existe una amenaza muy importante a la integridad física de los periodistas. Entonces, primero, violencia y persecución.
Esto ocurre por parte de los Estados, muchas veces por los propios gobiernos que no toleran el disenso ni las críticas. Pero también estamos viendo un factor muy importante desde el crimen organizado. No solo desde el narcotráfico, sino también desde las economías ilícitas, hay una persecución contra los periodistas que hacen reportajes de investigación, por ejemplo, en materia de corrupción o de tráfico. Ellos arriesgan su vida en muchos países.
Vemos persecución, violencia, crimen organizado y, finalmente, en muchos de nuestros países —y eso es algo cotidiano para los medios de comunicación—, los medios tradicionales están teniendo una enorme dificultad para sobrevivir frente a las nuevas tendencias de las comunicaciones: las redes sociales, el uso de la inteligencia artificial y las personas consumiendo información a través de nuevas plataformas como TikTok, Facebook o Instagram. El menor consumo en medios tradicionales hace que los modelos de negocio tradicionales también se deterioren, afectando la pluralidad, la diversidad y las voces críticas.
Finalmente, en lugares donde hay persecución o mucha polarización, hay bastante autocensura. Muchos periodistas y medios de comunicación prefieren no tratar ciertos temas ni fiscalizar a los actores más poderosos para no recibir represalias, ya sea persecución o violencia política digital, que es muy frecuente en redes sociales.
Es un panorama preocupante que, a nuestro juicio, debe ser una prioridad en el fortalecimiento democrático. Sin una prensa libre, sin libertad de expresión y sin medios independientes que fiscalicen al poder, no es posible tener democracias vibrantes, democracias reales.
Ustedes acompañaron las elecciones judiciales en México, algo que ocurre por primera vez en la historia de ese país. Al mismo tiempo, el informe habla de la confianza que va bajando frente a la independencia judicial. ¿Qué podríamos hablar al respecto?
Esa es una de las características comunes en América Latina: crecientemente los ciudadanos tienen poca confianza en los sistemas de justicia. Hay una percepción de que la justicia es lenta, que funciona mejor para los ricos y no para los pobres, y que hay corrupción.
Diría que esa es una opinión más o menos generalizada que también estaba presente en México. En ese país había denuncias de corrupción y un cierto grado de lentitud en el esclarecimiento de casos, además de una alta tasa de impunidad, por ejemplo, respecto a los desaparecidos y los feminicidios. Por eso, existía un clima favorable en la opinión pública hacia una reforma profunda.
El gobierno presenta esta propuesta de reforma. Como bien señalas, hay países que tienen elecciones de jueces. En Bolivia se había ensayado con la elección de la Corte Suprema, y en Estados Unidos existe una larga tradición de elegir autoridades locales de justicia —fiscales y jueces—, pero a nivel territorial, en los estados o las comunas; no se elige la Corte Suprema.
México es el primer país del mundo donde se realiza una reforma de esta magnitud. Observamos que hubo poco tiempo para implementar una transformación de tal profundidad, y finalmente se registraron bajos niveles de participación. Ciertamente, un 13 % de participación es bajo para una elección regular.
Ahora bien, para elecciones especiales de este tipo, está dentro del promedio. En procesos de esta naturaleza nunca hay mucha participación, como ocurre con los presupuestos participativos u otros mecanismos similares. Incluso en México, esos presupuestos no superan el 10 %.
Cuando se trata de mecanismos más alejados de la comprensión de las personas, o cuando sienten que no hay una conexión directa con sus vidas, tienden a participar poco. Esto es un problema, pero también deja muchas enseñanzas. Es importante que se mejoren algunas de las decisiones tomadas respecto a esta elección.
Recordemos que solo se eligió a la mitad de las autoridades judiciales; la otra mitad se elegirá en 2027. Por lo tanto, esperamos que las autoridades en México recojan los comentarios de especialistas, académicos y organismos como la OEA, y que puedan implementar algunas de las modificaciones necesarias para mejorar el sistema al que se está apostando.
En la misma línea de casos en los que han estado cerca, van a acompañar en unas semanas las elecciones de Bolivia en segunda vuelta. Hace unos cinco años, precisamente allí, ocurrieron las elecciones fallidas de la reelección de Evo Morales, que terminó en un gobierno transitorio. ¿Qué lecciones puede sacar los gobiernos de la región del informe que ustedes publican para retomar esa transparencia y mostrar más confianza de los procesos electorales?
A pesar de la alta conflictividad que hubo en la primera vuelta, el proceso electoral y las instituciones electorales en Bolivia resistieron bien. Todos los actores aceptaron los resultados, no hubo conflictividad ni violencia. Recordemos que en la última elección habíamos tenido altos niveles de tensión, mucha movilización e incluso hechos violentos. Esta vez no ocurrió.
No fue una sorpresa que el MAS perdiera; lo que sí sorprendió fue que ninguna de las encuestas acertó. Hubo bastante fragmentación, muchos candidatos, algo que se ha vuelto una tendencia en América Latina.
Creemos que los órganos electorales realizaron un trabajo importante. Hay temas que todavía pueden mejorarse, pero tanto la presencia de observadores internacionales —la OEA tuvo una misión muy relevante en la primera vuelta— como la tranquilidad posterior merecen reconocimiento. A pesar de haber sufrido una derrota muy fuerte, el MAS quedó prácticamente excluido y erosionado, además de perder fuerza en el legislativo.
Aun así, el MAS respetó los resultados de la elección. No se ha generado un movimiento que busque desestabilizar el proceso institucional, y eso habla bien tanto de las instituciones como de los actores políticos. Hay una parte que corresponde a la responsabilidad de los órganos electorales, pero si los partidos no quieren cooperar, aceptar los resultados o si invitan a sus seguidores a generar disrupciones, pueden hacerlo.
En este caso, los actores políticos bolivianos, a pesar de toda la polarización y conflictividad, aceptaron las reglas del juego. Esto demuestra que, incluso en situaciones complejas, las elecciones y la política democrática pueden contribuir a superar contextos de conflicto.
Me llamó mucho la atención del informe que dedican un bloque especial a lo que llamamos el voto del exterior. Latinoamérica es una región migrante. En Colombia estamos en un país migrante. Incluso acá somos huéspedes de migrantes: casi 2,8 millones de venezolanos residen en Colombia. ¿Cuáles serían las mejoras a las que tendríamos que prestar atención al hablar del voto migrante?
El informe habla de “democracia en movimiento” para mostrar que los tiempos modernos se caracterizan por una inmensa movilidad humana. En los últimos años, 3 mil millones de personas se han desplazado. Una de las cosas que el informe muestra es que la mayoría de la migración se está produciendo hoy dentro de las regiones.
Antes teníamos sobre todo una migración del sur hacia el norte global, y hoy vemos que tanto en Asia, África como en América Latina hay una migración interna dentro de nuestras propias regiones, que se ha vuelto mayoritaria. Y hablamos de que la democracia se ve fortalecida cuando las personas pueden participar en las instituciones y procesos democráticos.
Hacemos un análisis de los mecanismos de voto en el exterior, que son las posibilidades, por ejemplo, de los colombianos de votar fuera de su país; de los mexicanos, chilenos, españoles, alemanes, entre otros. Ahí vemos una gran diversidad: hay una enorme cantidad de democracias que tienen mecanismos de participación para sus connacionales en el extranjero. El voto presencial en consulados es el más común —en 74 países—, pero también existe el voto postal en más de 20 países. Muy pocos países tienen voto exclusivamente digital; es algo que todavía es incipiente. Sin embargo, los distintos mecanismos de participación inciden mucho en la cantidad de personas que votan.
Creemos que hay que seguir trabajando para facilitar que las personas, por ejemplo los colombianos que viven fuera, puedan votar y participar. Eso implica habilitar más lugares de votación y mejorar los procesos de registro. Todavía es muy difícil para un Estado saber si una persona está fuera definitivamente, si se fue a estudiar por seis meses, si va a volver o si reside en otro país.
En nuestros países también estamos teniendo cada vez más la discusión sobre los migrantes que viven dentro de nuestras fronteras. Como mencionabas, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Panamá o México son hoy países receptores de migrantes, no solo emisores. Y surge la discusión sobre quiénes pueden votar, quiénes no y qué requisitos deben cumplir. En varios de nuestros países —Uruguay, Ecuador y Chile, por ejemplo— existen legislaciones más abiertas que permiten votar a los migrantes con cinco años de residencia legal, aun sin ser ciudadanos. Otros países tienen más restricciones, y algunos no permiten que los extranjeros no nacionalizados voten.
Nosotros llamamos a dar esta discusión con altura de miras. Creemos que siempre que las personas puedan participar activamente en la toma de decisiones a través de procesos formales, se sienten más integradas en la deliberación. Y, del mismo modo, quienes están fuera de sus países mantienen un vínculo simbólico, afectivo y político que también es muy importante.
Hablar de democracia en Venezuela es muy complicado, pues ha pasado más de un año y un par de meses, y esta es la hora en que no conocemos públicamente las actas que dan como ganador a Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio del año pasado. El informe de este año señala que los indicadores básicos están demasiado erosionados. ¿Qué señales concretas del informe se utilizan para seguir el colapso de las instituciones y de la democracia en un país como Venezuela, donde la situación democrática es tan complicada?
América Latina pasó de tener un régimen autoritario formal, como Cuba, a tener hoy al menos cinco. Hemos visto procesos de deterioro más lentos, como los de Venezuela y Nicaragua; el colapso del Estado en Haití, que hace inviable el funcionamiento de un sistema democrático; y un deterioro mucho más acelerado en El Salvador, que es uno de los países que más ha caído.
En el Estado de derecho observamos una caída en la independencia del poder judicial y en la autonomía de los órganos electorales y de control. En estos países, quienes integran dichos órganos son nombrados a dedo, personas afines al régimen, que por lo tanto no cumplen un rol de fiscalización, autonomía ni contrapeso frente al poder ejecutivo.
También vemos un deterioro muy importante en dimensiones como la libertad de asociación, la libertad de prensa y la libertad de la sociedad civil. Todos esos derechos han sufrido un retroceso significativo.
Venezuela, por ejemplo, era un país donde la dimensión técnica de las elecciones aún mantenía una buena evaluación. Sin embargo, en los últimos procesos todos los estándares e indicadores en materia electoral se desplomaron. Hoy Venezuela está dentro del grupo de países con los peores indicadores, junto con Nicaragua y Haití. En algunos de ellos, como El Salvador, la situación está bastante cerca.
En El Salvador, además, recordemos que se eliminó el límite a la reelección indefinida que estaba establecido en la Constitución. La reforma fue aprobada en un solo día, permitiendo la reelección permanente. También se observan hechos preocupantes en materia de Estado de derecho y de garantías de debido proceso. Hay persecución a la prensa y a la sociedad civil. Medios de comunicación como El Faro —reconocido por sus investigaciones sobre los supuestos vínculos entre el gobierno y las pandillas— tuvieron que salir completamente al exilio debido a la persecución de la que eran objeto. Asimismo, defensoras de derechos humanos como Ruth López, conocida por su lucha contra la corrupción, llevan meses detenidas sin un debido proceso.
Por lo menos en dos de los casos que acabas de mencionar —Haití y Venezuela—, aunque con contextos muy diferentes, podemos hablar de la posibilidad de una intervención extranjera.En Haití está la fuerza internacional que se está gestionando desde Naciones Unidas para combatir a las pandillas, aprobada por el Consejo de Seguridad hace un par de días. Pero hay otro caso más preocupante, el de Estados Unidos con Venezuela: ese acercamiento, simbólico o no, de tropas estadounidenses para combatir el narcotráfico que, según el gobierno de Donald Trump, sale desde Venezuela hacia Estados Unidos. ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad de intervención de fuerzas extranjeras, sabiendo que de alguna forma también influyen en los sistemas democráticos?
Ambos países hoy día no tienen regímenes democráticos funcionando. En el caso de Haití, es un Estado fallido en algún sentido: las instituciones no están operando. Creo, Hugo, que son dos casos distintos, aunque haya un elemento común en la idea de intervención. Para nosotros es muy importante subrayar que las intervenciones extranjeras para resolver problemas políticos deben ser siempre el último recurso y, además, producto de decisiones tomadas por instituciones y mecanismos multilaterales.
Tienen que ser decisiones colectivas, adoptadas por los organismos que los países hemos creado para dirimir conflictos. En el caso de Haití, como bien lo planteabas, hay una decisión del Consejo de Seguridad y también una solicitud formal para que la OEA participe. Se ha discutido en ese foro, y los países que integran nuestra región han estado disponibles para debatir y buscar soluciones conjuntas, colaborando con las instituciones débiles del régimen haitiano. El propio gobierno haitiano está de acuerdo con la participación de una fuerza internacional; no es algo que se haga en contra o a pesar de sus instituciones.
El caso de Venezuela es muy distinto. Aquí vemos una situación que no ha pasado por un órgano multilateral: no hay decisión del Consejo de Seguridad ni de la OEA. En ese sentido, tiene una dimensión extralegal, porque no se basa en las convenciones internacionales que regulan cómo enfrentar este tipo de conflictos. Eso nos preocupa, y nuestro llamado es a que las democracias entiendan que su futuro está íntimamente ligado al del multilateralismo y a su bienestar.
Somos un órgano intergubernamental, y siempre vamos a apostar por las decisiones que se tomen en los foros multilaterales, nunca por acciones unilaterales de ningún país en particular.
Volviendo a lo ocurrido hace unas semanas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, hubo críticas muy fuertes al multilateralismo. Varios países, de distintas corrientes ideológicas, hicieron cuestionamientos de fondo. ¿Qué tanto esa crisis del multilateralismo refleja también la crisis que viven las democracias dentro de nuestros propios países?
Muchas de esas críticas tienen asidero. Efectivamente, el sistema multilateral necesita una reforma. Hay problemas estructurales que tienen que ver con la geopolítica y con la distribución del poder. La forma en que está conformado el Consejo de Seguridad, con el poder de veto en manos de cinco países definido después de la Segunda Guerra Mundial, no refleja la correlación de fuerzas global actual ni las dinámicas que deberían guiar la toma de decisiones. Ese poder de veto ya no se condice con un mundo más integrado y más democrático.
Creo que hoy existe un cierto consenso sobre la necesidad de reformar el sistema multilateral: hacerlo más eficaz, más eficiente, más ágil, y capaz de responder mejor a las crisis globales. Me tocó estar en Nueva York durante la Asamblea General de Naciones Unidas hace un par de semanas, y ese diagnóstico era compartido por muchos países.
Ahora, el problema es el dilema del huevo y la gallina: mientras exista ese poder de veto en el Consejo de Seguridad, cualquier intento de reforma se enfrenta justamente a ese mismo poder. Pero insisto en que buscar formas de restablecer y reformar el sistema multilateral es el único camino que tenemos como humanidad para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos y también para apoyar a las democracias, evitando que sigan deteriorándose.
El caso de El Salvador es un poco atípico. Ya lo mencionabas por encima, pero quisiera que fuéramos más al grano sobre la amplia aprobación pública que tienen las medidas del gobierno de Nayib Bukele. ¿Qué sugiere IDEA para equilibrar esa necesidad de seguridad con la protección de los derechos y evitar que se consoliden prácticas autoritarias, como ya empieza a observarse en algunos casos?
En esto es esencial construir narrativas alternativas, porque lamentablemente las personas suelen ver solo una parte de la ecuación: se resuelve un problema de seguridad y entonces ya no importa si se vulnera la Constitución, se persigue a los periodistas o se violan los derechos al debido proceso.
Creo que, en parte, eso ocurre porque en otros países se conoce poco el resto de la historia. Por eso es tan importante el rol de los medios de comunicación en mostrar ese deterioro democrático.
También debemos reconocer que la seguridad es un derecho humano básico, y que los gobiernos democráticos deben encontrar formas eficaces de enfrentar las crisis de seguridad respetando el debido proceso y fortaleciendo el Estado de derecho. Ahí hay una agenda fundamental.
Sé que hoy quizá haya visiones menos optimistas, pero Colombia tiene una larga historia de lucha contra la violencia. Aunque hoy los indicadores puedan ser menos auspiciosos que hace unos años, sigue siendo un país más pacífico, especialmente en ciudades como Bogotá o Medellín. Lo mismo ocurre en Ciudad de México, donde se ha mejorado la seguridad sin pasar por encima de las garantías constitucionales ni del debido proceso, y con una Corte Constitucional que cumple un rol activo en la protección de derechos.
Colombia es un ejemplo de que, pese a todos los conflictos y dificultades, se puede avanzar en seguridad sin hipotecar la democracia. Necesitamos más ejemplos y narrativas positivas como esa: narrativas que muestren que no podemos entregar la democracia a cambio de seguridad. Porque, una vez que se pierde la democracia —como lo muestran los casos de Nicaragua y Venezuela—, es muy difícil saber cómo recuperarla.
Hablando de Nicaragua, El Salvador y Venezuela, que son tal vez los tres casos a los que más hace énfasis el informe, ¿qué diferencias claves ven en el retroceso democrático en cada país?
Si bien son regímenes de distintas tendencias ideológicas, muestran una tendencia común: concentrar el poder en el Ejecutivo y debilitar los contrapesos —el Legislativo, el poder judicial y los órganos autónomos—. En ese sentido, hay un camino similar. La diferencia está en el ritmo del deterioro: Nicaragua y Venezuela vivieron procesos que tomaron más de una década, mientras que en El Salvador ocurrió en apenas dos años. Esa rapidez es una señal de alerta que muestra que una democracia electoral puede perderse muy rápido.
El caso de Estados Unidos, del que no hemos hablado, también es complejo. Nuestro informe plantea preocupaciones sobre el deterioro de su democracia, especialmente en lo relativo a la autonomía del poder judicial y otros indicadores.
En El Salvador, el énfasis en la seguridad ha sido distinto y le ha dado mucha notoriedad al gobierno, pero hay que reconocer que Nicaragua no enfrentaba los mismos niveles de criminalidad, por lo que son fenómenos diferentes. Aun así, esta tendencia a sacrificar libertades en nombre de la seguridad se ha convertido en un tema global.
Quisiera cerrar señalando que, aunque estos casos son los más paradigmáticos, también observamos retrocesos en democracias sólidas. Por eso hacemos un llamado a cuidar la libertad de prensa, la libertad de expresión y la autonomía tanto de los medios de comunicación como de los órganos electorales.
Estos contrapesos —el poder judicial, los órganos autónomos, los medios y la sociedad civil— son pilares esenciales de la democracia, más allá de las elecciones limpias. Porque no basta con tener elecciones regulares si no hay alternancia, libertad de prensa ni libertad de expresión.
El llamado es claro: en los países donde vemos intentos de restringir a la sociedad civil o de perseguir a la prensa, debe haber una preocupación colectiva. La defensa de los medios de comunicación y de quienes informan no es un asunto sectorial; es una tarea inherente al buen funcionamiento de las democracias.
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Por Hugo Santiago Caro
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