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La Corte Constitucional parece ser un escenario de pesadilla para las iniciativas del gobierno de Gustavo Petro. El alto tribunal ha tumbado algunas de las más ambiciosas apuestas que el Ejecutivo ha tratado de sacar adelante, pero que, de acuerdo a la Corte, no se hicieron respetando a la Constitución y no podrían seguir adelante. En la lista de bajas ya están el Ministerio de la Igualdad, el estado de emergencia decretado en La Guajira, y artículos del Plan Nacional de Desarrollo (PND). En enero pasado, el Ministerio de Hacienda se jugó una carta para evitar que uno de los puntos vertebrales de la reforma tributaria corriera el mismo camino, pues una decisión de noviembre pasado lo había dejado sin piso.
Sin embargo, el gobierno volvió a perder. Como un golpe al hígado, la Corte Constitucional tumbó un artículo de la reforma aprobada en 2022 que busca recaudar billones de pesos en pagos que debían hacer empresas dedicadas a la explotación minera y petrolera, como un cobro de altos impuestos. El dinero que tenían previsto recaudar de estos nuevos pagos, según le explicó el Ministerio de Hacienda al alto tribunal, era de más o menos $6,7 billones y eran, a su parecer, absolutamente críticos para los planes financieros del gobierno Petro. Por eso mismo, la cartera ministerial le pidió a la Corte que revisara su fallo. Pero no tuvieron éxito.
El punto central de la discusión partió de la propuesta del Ejecutivo que planteaba una nueva base sobre la cual debían declarar renta estas compañías. La regla en firme señala que las empresas que se dedican a la explotación minera y petrolera deben transferirle al Estado un porcentaje de sus ganancias como contraprestación por permitirles explotar los recursos. A eso se le conoce como regalías. En contraste, lo que sostuvo el gobierno en su iniciativa era que eso no era suficiente. Para el Ministerio de Hacienda, las regalías no podían seguir siendo un deducible del impuesto de renta —es decir, un descuento—, sino que también tenían que reconocerle al Estado un porcentaje de dinero a través de impuestos.
Desde 2005, las regalías son deducibles de impuestos. Por ejemplo, si una empresa gana $100 millones en un año y paga $20 millones en regalías, se calculan sus impuestos sobre $80 millones y no sobre los $100. Lo que el Ejecutivo buscaba era que, aunque las empresas transfirieran dinero al Estado, igual se les calcularan los impuestos sobre el total de sus ganancias y no sobre lo que resta después de esas regalías. Cuando el alto tribunal le dijo “no” a ese artículo de la tributaria del gobierno Petro en noviembre del año pasado, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, solicitó un incidente de impacto fiscal frente a la decisión de la Corte (sentencia C-489 de 2023).
Con esa maniobra, buscaba pedirle cacao para que los magistrados echaran para atrás su determinación. La misión del ministro Bonilla era demostrarle al alto tribunal que, si tumbaban ese artículo, el Estado perdería $6,7 billones y que, para no afectar de esa manera al país, se debía tomar otra decisión, o, por lo menos, diferir sus efectos, es decir, que la sentencia empezara a regir en un tiempo y no inmediatamente, mientras se recaudaba algo de ese dinero. El pasado 14 de mayo los magistrados escucharon al ministro Bonilla en una sesión técnica, donde el alto funcionario trató de convencerlos de que buscaran otro camino que no fuera cortar de tajo lo consignado en la reforma tributaria.
Sin embargo, la Sala Plena del alto tribunal consideró que Bonilla no logró demostrar que se generará un grave impacto fiscal si la decisión del alto tribunal entra en vigencia de inmediato y dejaron en firme su sentencia de noviembre de 2023. La decisión de negar al gobierno Petro su solicitud fue liderada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Cristina Pardo, quienes eran ponentes del caso en el que se decidió que ninguna propuesta del Ministerio de Hacienda evitaba que se violara la ley. Para el alto tribunal, lo que hizo el gobierno Petro en su reforma tributaria afecta los principios de justicia y equidad tributarias de las empresas que explotan recursos.
Además, ninguna de las propuestas del ministro Bonilla presentaba una solución a ese problema, ni lograba sostener por qué la decisión debía cambiar. Sin embargo, le dejaron una pequeña ventana al Ejecutivo para que intente, una vez más, alargar el tiempo que tendrá para recolectar dinero con impuestos de estas empresas y que no tenga que mandarse la mano al bolsillo para sacar billones que le permitan conseguir todo el dinero que esperan obtener para 2026. La Sala Plena aclaró que el gobierno todavía puede presentar un recurso de insistencia que le abriría un espacio para que, una vez más, pueda convencer a los magistrados de lo importante que es esta iniciativa para los planes financieros del Ejecutivo.
Por ahora, no se sabe si el gobierno Petro lo intentará una vez más en la Corte, donde ya acumula varias derrotas. El ministro Bonilla tendrá que decidir pronto qué hacer, porque, como él mismo lo expresó, en el corto plazo las empresas petroleras y carboneras que ya hicieron la declaración del 2023 e incluyeron, precisamente, el cobro de los impuestos que el alto tribunal ya dijo que es ilegal, podrían pedirles el reembolso. “Probablemente, nos van a pedir la devolución de esa retención”, agregó el funcionario del gobierno, que además de resolver el chicharrón de la devolución de estos billones de pesos, tiene otro que podría ser, incluso, más complicado de determinar: Sin esos $6,7 billones, ¿de dónde va a salir esa plata para tapar el hueco con el que queda la reforma tributaria? ¿Hay cómo taparlo?
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Por Jhordan C. Rodríguez
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