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Una de las frases que más repitió Juana Francisca Llano, presidente de Suramericana, cuando explicó las razones financieras que llevaron a EPS Sura a pedir su salida del sistema, es que no se trataba de una situación particular de esta EPS: “La crisis es estructural”, dijo en El Espectador. Hoy, con 7 EPS intervenidas y dos más pidiendo su desmonte (como puede ver en la infografía que acompaña este artículo), nadie parece negar esa realidad, incluso desde el Gobierno, en donde aún creen que la respuesta era su reforma a la salud, que se hundió en el Senado. (Puede ver: EPS Sura: ¿qué pasará con el plan complementario?)
“Muchas EPS, en diferentes oportunidades, habían manifestado y habían solicitado el apoyo del Gobierno Nacional y del Congreso en que se modificaran las condiciones actuales del sistema, que hacen que financieramente tengan unas crisis. Un sistema de salud no es estático, requiere modificaciones permanentes”, dice ahora a El Espectador el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal.
Con él, en parte, concuerda Ana María Vesga, directora de Acemi (el gremio que reúne a las EPS del régimen contributivo). Cree que el país está ante un momento crucial: “O echamos para adelante, o esto colapsa”, dice. Durante los últimos meses, el país ha visto unos de los cambios más importantes del sistema: cómo algunas de las EPS más grandes, como Sanitas y Nueva EPS, son intervenidas por la Superintendencia de Salud. Otras, en cambio, han decidido adelantarse a alguna medida especial y han solicitado su retiro del sistema, como lo hicieron Compensar y EPS Sura. Todas comparten una razón, en el fondo: los números en rojo. (Vea: “Estamos a tiempo de hacer bien las cosas para no repetir historias del sistema de salud”)
“De esto no se escapa nadie. Incluso entre aquellas poquitas EPS que hoy todavía tienen números financieros en un punto de equilibrio, ya empiezan a sentir que llegan a una situación límite”, dice Vesga.
Según Acemi, las EPS acumulan pérdidas por más de $7 billones y una siniestralidad que ya supera el 110%, es decir, estas aseguradoras se están gastando $110 de $100 que reciben del Estado para garantizar la salud de sus afiliados. “Esto se está profundizando y agravando a un punto en el que realmente la permanencia de todas las EPS está muy amenazada”, dice Vesga. Detrás de esos números en rojo hay, principalmente, según las EPS, una razón: la insuficiencia de la UPC, lo que significa que la plata que el Estado les gira anualmente por cada afiliado no les está alcanzando para cumplir con sus deberes en salud.
Sobre la UPC ya hemos hablado en otros artículos, pero básicamente se trata de una discusión que lleva por lo menos dos años y en el que las aseguradoras defienden que se tiene que reevaluar cómo se ajusta anualmente su incremento. Para ellas, los aumentos no han tenido en cuenta correctamente que la frecuencia de servicios ha crecido (es decir, los colombianos piden cada vez más servicios de salud), que el plan de beneficios se ha venido ampliando y que las EPS que han recibido traslados de afiliados se han visto afectadas, entre otros elementos, como las deudas que, dicen, el Estado colombiano sigue teniendo con ellas de vigencias anteriores. (Vea: ¿Usuario de EPS Sura y no sabe qué va a pasar? Le respondemos dudas)
El Gobierno ha defendido, en contraste, que el aumento que decretó para este año (de alrededor del 12,01%) es suficiente y fue incluso superior a lo que recomendaban sus análisis técnicos. “La fórmula que se usa tradicionalmente de la UPC indicaba un aumento, y este Gobierno la aumentó un 4% por encima de lo que sugería ese cálculo. Así mismo, ha girado oportunamente los recursos del sistema. El Gobierno no está presionando financieramente al sistema”, dice el superintendente de Salud.
Así también lo defendió el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en una audiencia pública que realizó la Corte Constitucional el pasado 5 de abril. Se trata de un tema tan discutido en el sistema, que durante el 2023 se realizaron alrededor de 17 mesas de trabajo en las que el Gobierno defendió que el recurso asignado cubre las necesidades del sector.
Entonces, ¿a qué elementos achaca el Gobierno la crisis financiera de las EPS? Esa respuesta la ha dado el mismo presidente Gustavo Petro en varias oportunidades, a través de su perfil en X (antes Twitter). El pasado 3 de abril, por ejemplo, defendió la intervención de la Supersalud a Sanitas: “Intervenir es para salvar el sistema de salud que se está hundiendo porque las EPS, al insistir en ser aseguradoras financieras, no cumplen con las normas existentes para esa función y se están quebrando”.
Para el Gobierno, las EPS no han hecho una buena gestión del riesgo financiero del sistema (lograr que la plata alcance para todo) y, debido a eso, están teniendo problemas que las está llevando a la liquidación.
Aunque la discusión estaba estancada con esas posturas contrarias, parecía ver una salida el pasado 24 de abril. Entonces, las EPS y el Gobierno acordaron el papel de las Gestoras de Vida en una futura reforma a la salud, y ambos actores decidieron volverse a sentar a partir del 2 de mayo para hablar de sus visiones acerca del estado financiero del sistema. (Puede ver: Salud de los maestros: el miedo a incentivos perversos)
Pero esas conversaciones no avanzaron como se esperaba. “Insistimos mucho en que se repitiera el ejercicio del cálculo de la UPC para 2024. Tuvimos una reunión en el Ministerio de Hacienda, en donde el Ministerio de Salud insistió en su posición, y un poco a regañadientes aceptó hacer el ejercicio”, cuenta Vesga.
Según Acemi, para hacer ese ejercicio, el Ministerio de Salud anunció que iba a solicitarle información a las EPS. “Nos pidieron copia de la facturación de las EPS entre el año 2019 y el 2023. Para hacerse una idea de lo que significa eso, son cerca de 6.000 millones de facturas”, detalla Vesga, que cree que se trataba de una auditoría forense, más que una intención de recalcular el valor de la UPC.
Aunque las EPS aceptan que ese ejercicio se puede hacer, creen que tomaría mucho más tiempo del que es necesario para resolver el escenario actual. El Minsalud accedió después a que las facturas fueran solo del año 2022 (que se usó para calcular la UPC de 2024) y, según confirmó Acemi, las EPS están ahora en esa labor. (Puede ver: Países de la OMS aún no definen el acuerdo para enfrentar futuras pandemias)
En ese contexto, el gremio de las EPS envió una carta el pasado jueves 23 de mayo al Ministerio de Salud, en la que manifestaba que, después de buscar como gremio formas de permanecer en el sistema y frente a las respuestas del Gobierno, “el retiro voluntario aparece como la única opción que tienen las EPS”. Cinco días después de la carta, EPS Sura anunció al país que solicitaba su retiro “progresivo” del sistema.
La situación de la EPS Sura, “al igual que la de otras entidades que han tenido que cesar operaciones, demuestra la urgencia de establecer un nuevo sistema de atención en salud en Colombia, con el paciente como eje central”, respondió el Gobierno en un comunicado. “No es cierto que el Gobierno no haya garantizado los giros de recursos a la EPS Sura, ni a ninguna otra EPS”.
“Yo creo que la gran pregunta ahora es, bueno, el gobierno tiene en sus manos la salud de cerca de 30 millones de colombianos. ¿Qué va a hacer con esa población? Lo cierto es que los problemas financieros del sistema, que son los que afectan y han venido afectando a las EPS, y por vía de las EPS, a los prestadores y proveedores, se materializan ahora en esa población que tiene hoy el Gobierno a su cargo. Ya no tienen a quién culpar”, finaliza Vesga. (Puede ver: La respuesta del gobierno de Petro a la decisión de EPS Sura)
Para el supersalud Leal, por otro lado, las intervenciones que está haciendo su entidad tienen un único objetivo: mejorar los indicadores de las EPS y garantizar la prestación de los servicios de salud. Precisamente, la entidad entregará en las próximas semanas un informe sobre las siete EPS que hoy están intervenidas.
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