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Las veedurías ciudadanas del proyecto UPME 003 vuelven a sonar la alarma: señalan que un posible conflicto de interés compromete el proceso de licenciamiento ambiental del GEB para la Subestación Chivor II y Norte 230 kV.
En su comunicado reciente, acusan que quien hoy dirige la ANLA —y ministra encargada de Ambiente— participó al mismo tiempo en decisiones previas relacionadas con esas prórrogas, lo cual podría minar la credibilidad institucional.
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Este reclamo no surge en cualquier escenario: coincide con alertas crecientes sobre apagones en Bogotá y Cundinamarca para 2025, detectadas por el gremio energético y autoridades.
De acuerdo con expertos y directivos de este gremio, existe el temor de que la demanda eléctrica supere la capacidad de transmisión si no avanza cuanto antes la licencia ambiental de proyectos como Chivor y Sogamoso, esenciales para reforzar la red.
De hecho, en varios de los trámites pendientes que bloquean esas líneas, ANLA ha confirmado que las dos licencias están suspendidas, algunas modificaciones están paralizadas, y que falta la autorización de otras instancias —Ministerio de Ambiente, autoridades regionales— para destrabar el proceso.
El riesgo es doble: por un lado, ambiental y legal, al no cumplirse los procedimientos que garantizan transparencia; por otro, ciudadano, si la ciudad no cuenta con energía suficiente, lo que alimenta la posibilidad de cortes o apagones en sectores de Bogotá y su área metropolitana.
Las veedurías piden que se revise ese conflicto de interés, se asegure independencia institucional, y que los trámites ambientales se agilicen sin saltarse los requisitos.
Por otro lado, la ANLA y la ministra encargada Vélez no han emitido ningún pronunciamiento respecto al requerimiento de la veeduría.
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