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Durante la actual administración, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Defensa, 24 militares han muerto en siete accidentes aéreos. Aunque la cartera asegura que es un número mucho menor al que se ha registrado en gobiernos anteriores, para la oposición se trata de un tema que sugiere rezago en la inversión de seguridad y pérdida de la ventaja militar frente a los grupos armados ilegales; ambos problemas por los que, según ese sector, debería responder el gobierno de Gustavo Petro.
Por esa razón, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes le exigió cuentas al ministro de Defensa, Iván Velásquez, en un debate de control político que se llevó a cabo este miércoles. Con cifras en mano, los representantes Julio César Triana (Cambio Radical) y José Jaime Uscátegui (Centro Democrático) argumentaron que las capacidades aéreas de la fuerza pública están diezmadas, particularmente la operación de los helicópteros, claves cuando se habla de ataques, rescate, evacuación médica y transporte de tropas y suministros.
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La sesión arrancó con mal ambiente porque el ministro Velásquez y la cúpula militar no se hicieron presentes, pues se excusaron en que debían estar en la transmisión de mando del nuevo comandante del Ejército, un evento que al final se tuvo que aplazar porque el presidente Petro sufrió una intoxicación que le impidió trabajar fuera de la Casa de Nariño. Así las cosas, fue el viceministro para la Estrategia y Planeación, Edmundo Suárez Soto, el encargado de responder los cuestionamientos.
Este diario revisó todos los documentos que diferentes ministerios y órganos de control enviaron a la Comisión Primera para el desarrollo del debate. En estos se evidencia, efectivamente, que el número de aeronaves en operación ha caído sustancialmente en los últimos años. Solo por dar un ejemplo, mientras en 2022 la Policía tenía 94 aviones y helicópteros operativos, en 2023 cayó a 88 y actualmente está en 69.
En cuanto a toda la fuerza pública, los datos arrojan que hay 731 aeronaves en inventario, de las cuales solo 298 están operando, 223 están en mantenimiento y 210 más no están en uso por temas antigüedad, falta de recursos o accidentes. En otras palabras, cerca del 59 % de la flota no está disponible.
El tema puntual de los helicópteros también genera varios interrogantes, especialmente por la situación de los 20 MI-17, de fabricación rusa y famosos porque hace algunos meses se denunció que varios están varados en la base de Tolemaida. Quienes conocen del tema aseguran que este tipo de aeronaves son indispensables para las operaciones del Ejército, ya que son los únicos que permiten cargar hasta cuatro toneladas o 36 pasajeros con una autonomía de vuelo de hasta 675 kilómetros.
De esos 20 helicópteros, 10 están en tierra por falta de repuestos o mantenimiento —son los que se encuentran en Tolemaida—, tres están en revisiones de rutina y dos fuera de circulación por accidentes, uno de estos fue el que se cayó en el sur de Bolívar y dejó nueve militares muertos. Con estas cuentas, solo cinco están operando.
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El problema con estas aeronaves surgió tras la suspensión del contrato con la empresa encargada de los mantenimientos, la rusa NASC S.A. Según el Gobierno, es imposible trabajar con dicha compañía porque Estados Unidos lo prohibió en medio de las tensiones geopolíticas por la guerra en Ucrania. La oposición responde que la firma ha ofrecido alternativas como ceder el contrato o que incluso Estados Unidos propuso comprar la flota para cambiarla por una de los famosos Black Hawk. Esta última opción ya fue rechazada por el propio Petro, que no quiere involucrarse en la pelea entre las dos potencias, y también por el Ejército, que ha reiterado la necesidad de los MI-17 por su capacidad de carga.
Entre tanto, crece la incertidumbre por lo que podría pasar con el mantenimiento de los helicópteros que aún están volando, pues aún el Gobierno no ha dado claridad al respecto. “Dónde está la capacidad jurídica, dónde están las decisiones políticas del Gobierno en el peor momento de seguridad del Estado”, cuestionó el represente Julio César Triana, quien agregó que el país incluso está en riesgo de perder un tribunal de arbitramento internacional con la empresa rusa por el incumplimiento del contrato.
Otro de los temas que ha generado críticas de la oposición es el de la ruptura de las relaciones con Israel, país que ha sido aliado estratégico de Colombia en seguridad e inteligencia y que, en materia de aviación, fue el proveedor de los aviones de combate Kfir y también encargado de sus mantenimientos. Según el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea tiene 19 de esas aeronaves, de las cuales el 60 % están operativas. Para algunos congresistas, preocupa no solo la antigüedad de los aviones —fueron adquiridos a finales de los 80—, sino también el futuro del mantenimiento.
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El Ministerio de Defensa dijo que trabaja en la actualización de esos y otros equipos a través de un Conpes ultrasecreto por temas de seguridad nacional, por lo que no puede dar más detalles al respecto. Así mismo, el viceministro Suárez aseguró que el tema de Israel es “una oportunidad para que Colombia diversifique de manera estratégica sus capacidades militares”, pues, según indicó, un país no puede depender solamente de uno o dos proveedores.
Frente a los otros cuestionamientos, el viceministro señaló que los accidentes de aeronaves son un problema estructural, ya que en los anteriores gobiernos se han producido más casos —18 en el gobierno Duque, por ejemplo—, razón por la cual pidió no usar el tema como “caballito de batalla político”. Además, agregó que el 62,7 % de los accidentes corresponden a factores humanos y el 11,6 % a fallas técnicas no asociadas al mantenimiento. De igual manera, reconoció que la flota necesita mayor inversión y anunció la llegada de $229.000 millones para ese fin.
Por su parte, los citantes al debate, aunque reconocieron que no se trata de un problema de este Gobierno, si no de una situación “heredada”, insistieron en que es responsabilidad de Petro y su equipo darle solución. También se declararon inconformes con las respuestas, rechazaron el bajo nivel de ejecución del sector —cerca del 32 %—, reclamaron un cronograma de la anunciada inversión en mantenimientos y pidieron crear una comisión accidental que visite las diferentes bases de la fuerza pública para comprobar el estado de las aeronaves.
Entre tanto, la Contraloría anunció que ha realizado nueve auditorías a los materiales de aviación de la fuerza pública y que a finales de junio presentará los resultados relacionados con la vigencia del 2023. La Procuraduría manifestó que hace lo propio y que seguirá adelantando una indagación previa para determinar si alguien en el Ministerio de Defensa debe responder por el tema de los helicópteros rusos. En el Congreso prometen seguir de cerca el tema, más aún cuando departamentos como el Cauca enfrentan una crisis de seguridad que ha dejado varios militares muertos.
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Por David Efrén Ortega
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