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¿Qué hacer con la elección del rector de la Universidad Nacional? Quizás el lector haya oído que el Consejo Superior ungió a Ismael Peña. Esto fue rechazado por el grueso de la comunidad universitaria y por el otro candidato principal, Leopoldo Múnera, quien llamó a una resistencia estrictamente pacífica para cambiar aquella decisión.
Soy profesor de la Universidad –a mucha honra–, pero precisamente por eso he seguido la regla de no hablar nunca de ella en esta columna. Sé que albergamos una gran pluralidad de visiones e intereses. No quisiera hostilizarlas aquí. Pero también sé que, desgraciadamente, nuestra vida pública es una máquina de transformar problemas relativamente pequeños en unos grandes e intratables. Me preocupa que eso suceda. Así que, por una vez en la vida, rompo esta regla hoy.
La cuestión se ha planteado como un debate sobre la autonomía universitaria. Eso no parece muy satisfactorio. Claro, le ha permitido a la ciudadanía ver y oír cosas realmente sorprendentes. Francisco Santos, quien hasta donde sé sólo una vez expresó alguna preocupación por los estudiantes universitarios –cuando planteó con aires de gran estadista que había que aplicarles el tasser, una pistola eléctrica–, ahora mata y come del muerto por la autonomía. También Paloma. Le pido respetuosamente que me envíe aunque sea alguna declaración previa suya, positiva, sobre la universidad pública. No la he encontrado. Después salió la profunda reflexión de que no se debía “politizar” a la Universidad Nacional. ¿En serio? La experiencia me ha enseñado que nadie, absolutamente nadie, está exento de decir tonterías. ¿Pero a cuento de qué decirlas con solemnidad? Una de las características fuertes de la Universidad Nacional, a lo largo de toda su existencia, ha sido su politización. Nació, por lo demás, como un proyecto político.
Más allá de todo el ruido: el concepto, y la figura legal, de autonomía universitaria son genéricos. Tienen sus límites. Lo han dicho decenas de veces sus ahora defensores al exigir que se meta la fuerza pública al campus. En este caso concreto, en realidad hay dos o más sectores de la universidad demandando desenlaces diferentes. El Gobierno no tiene más remedio que optar por uno de ellos.
¿Pero cuál? El origen del debate es el siguiente. La elección de rector en la universidad es indirecta. Hay una consulta entre profesores, estudiantes y egresados, y después el Consejo Superior escoge. No tengo nada contra eso. De hecho, tiende a gustarme. Pero el que el Superior tenga la última palabra no quiere decir que pueda hacer lo que se le da la gana. La debe utilizar con criterio. Por ejemplo: el candidato A derrota al B entre los profesores, pero pierde entre egresados y estudiantes; por tanto, la decisión está muy abierta. Hay muchas situaciones semejantes. Lo notable de esta es que Múnera superó a Peña de manera aplastante en todos los estamentos. Las cifras son públicas. Más que triplicó a Peña entre profesores, más que lo sextuplicó entre estudiantes y egresados.
No conozco una sola defensa seria de la decisión extraordinaria de decantarse por Peña —aparte de decir que fue legal, cosa también puesta en cuestión por algunos expertos—. Con un agravante: los representantes profesoral y estudiantil votaron en el Consejo por Peña. ¿Cómo explicarlo? No lo sabemos. El representante profesoral Diego Torres ha dicho que lo amenazaron. Sinceramente, lamento su ordalía. No es ironía. Estas cosas nunca deberían suceder. También dijo que aprendió derecho durante este episodio, pese a ser físico nuclear, algo que ya me produce alguna sorna. Lo único que no nos ha explicado, empero, es de qué manera creía estar representándonos.
Un poco de buen sentido puede hacer maravillas (gracias, buen Aristóteles). El Superior fue en contravía de lo que quería la mayoría de la comunidad universitaria. Esto ha generado un conflicto, gestionado hasta ahora de manera admirablemente civilizada. Debería de tener una solución simple y expedita.
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