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Sentados frente a sus victimarios, con intervenciones cortas y marcadas por el llanto, los familiares de 12 víctimas de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos cometidos entre 2004 y 2005 en el departamento de Antioquia escucharon hablar a 11 comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que reconocieron su responsabilidad en las retenciones ilegales, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de sus seres queridos.
Esta escena ocurrió los pasados 8, 9 y 10 de octubre, en la ciudad de Medellín. Los familiares de algunas de las personas asesinadas por militares del Batallón de Artillería Número 4 “Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez” (Bajes) e informantes de estructuras al margen de la ley en el municipio de Granada, al oriente de Antioquia, oyeron de voz de los comparecientes los relatos sobre los crímenes cometidos en contra de sus seres queridos.
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Las personas citadas a esa diligencia son Óscar Iván Mayo Marulanda, Freud Amín Niño Sanabria, Luis Adolfo López, Jesús Octavio Medina Cartagena, Juan Carlos Muñoz Oquendo, Heverley Largo Morales, Leovigildo Mena Pinilla, Luis Fernando Toro Piedrahíta, Julio Orley Herrera Escobar, Néstor Andrés Sánchez Serna y Jose Manuel Quintero López. Todos están siendo investigados dentro del macrocaso 03 de la JEP, sobre falsos positivos.
Estigmatizadas, retenidas ilegalmente, torturadas, disfrazadas de guerrilleros, y presentadas como muertos en combate, las personas ejecutadas extrajudicialmente entre 2004 y 2025 fueron blanco de graves crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ahora, los comparecientes detrás de esos crímenes buscan narrar ante las víctimas y ante el despacho del magistrado Carlos Alberto Suárez López lo sucedido, con el objetivo de ser sancionados por la justicia transicional.
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Guerra en el oriente de Antioquia
El oriente del departamento de Antioquia, puntualmente el municipio de Granada, fue uno de los epicentros de la violencia por parte de las Fuerzas Militares y grupos al margen de la ley. Según la información recopilada por la JEP, entre finales de los años 80 e inicios de los 90 hubo una fuerte consolidación de la presencia de las antiguas Farc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), que encontraron en esa región un punto clave para sus corredores de ilegalidad.
Sin embargo, las investigaciones adelantadas por la JEP muestran que entre 1999 y 2002 hubo “una escalada de todos los hechos victimizantes, siendo las amenazas y los homicidios los de mayor incidencia”. Según la justicia transicional, ese repunte de la violencia tenía una razón concreta: la aparición de los grupos paramilitares y su articulación con las fuerzas del estado que terminó en falsos señalamientos civiles que pasaban por “auxiliadores de la guerrilla”.
El año 2001 fue el punto máximo de esos actos de violencia cuando, según la JEP, la guerra en los municipios del oriente de Antioquia dejó cerca de 125.000 víctimas. Esto “desencadenó una violencia generalizada contra la población civil y el desplazamiento forzado como mecanismo de guerra para vaciar zonas rurales y facilitar el despojo de tierras”. De los nueve municipios en jurisdicción del Bajes, Granada tuvo la mayor tasa de víctimas por número de habitantes.
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El subcaso Antioquia de la JEP, que hace parte del caso 03 sobre ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, ha documentado que en los municipios del oriente que estaban bajo el control militar del Bajes, la guerra dejó 442 víctimas directas de la Cuarta Brigada del Ejército. Del total, el 93,4% son hombres y el 4,3% restante son mujeres. Un 5,9% de las víctimas eran menores de edad que debían ser protegidos por las instituciones del Estado que terminaron violentándolos.
De igual forma, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ha determinado que el 60% de las acciones violentas atribuidas al Bajes, entre ellas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, fueron perpetrados por la Compañía Bombarda 3 del Ejército, de la Cuarta Brigada. Los comparecientes que narraron ante las víctimas lo sucedido no han sido seleccionados como máximos responsables, pero sí han ayudado a reconstruir lo que sucedió.
En diligencias previas a la audiencia de aportes a la verdad y reconocimiento de responsabilidad, el despacho del magistrado Suárez López hizo un recuento de 12 casos de falsos positivos perpetrados por la Compañía Bombarda. Las declaraciones de los comparecientes, investigaciones de la JEP y algunos avances de la justicia ordinaria ayudaron a reconstruir los hechos que las víctimas oyeron entre lágrimas. Estos son tres de ellos.
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El caballo de Jimmy Naranjo Salazar
Jimmy Naranjo Salazar fue asesinado el 19 de marzo de 2004, en Granada, por militares de la Cuarta Brigada del Ejército. Según lo reseñado por la JEP, “la Compañía Bombarda 3 del Bajes era reconocida desde el año 2003 como una unidad élite de exterminio, bajo el mando del teniente Luis Ernesto Ramírez Suárez”. Fue esa unidad, según la justicia transicional, la responsable del crimen del joven de 16 años.
Según la JEP, los militares supieron de “un grupito de guerrilleros” que estaban en la vereda El Morro, de Granada, y planearon una operación en su contra. “El soldado Óscar Iván Mayo Marulanda, conocido con el alias de ‘el Rolo’, fue presentado al subteniente Freud Amín Niño Sanabria como un exguerrillero del Eln que servía como soldado y guía (…) Tenía la capacidad de identificar miembros de estructuras armadas ilegales y aportar conocimiento del terreno”.
Mayo Marulanda fue acompañado de cuatro soldados vestidos de civil, “para confundir a la población”. Luego de una supuesta operación fallida contra una persona identificada como Efrén Naranjo Salazar, señalado falsamente por Mayo Marulanda de ser miembro del Eln, los militares llegaron a la escuela de la vereda El Morro, donde se encontraron a dos hermanos: Jimmy y Ernesto Naranjo Salazar, quienes iban montados en un caballo blanco.
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“Mayo Marulanda retuvo a Jimmy y le dijo: ‘ya que se voló su hermano, usted se queda conmigo’”. Y dejó ir a Ernesto con la instrucción de transmitir el mensaje: ‘diga en su casa que a su hermano se lo llevó la guerrilla’”. El menor de 10 u 11 años huyó y a su hermano, Jimmy, lo obligaron a caminar más de media hora, hasta una tienda abandonada. Allí, Mayo Marulanda ordenó asesinarlo: “Aquí lo voy a matar, la boca me sabe a sangre. Yo tengo que matar hoy”.
En efecto, lo hizo. Los disparos retumbaron en el eco de las montañas con tanta premura que ni el propio asesino pudo declarar con exactitud cuántas veces tiró del gatillo. “Jimmy no opuso resistencia, no dijo una sola palabra”, dijo la JEP. Luego, los militares simularon un combate, le pusieron armamento que no le pertenecía al menor y en su propio caballo blanco lo trasladaron hasta la morgue de Granada, tras registrarlo como guerrillero muerto en combate.
“Los responsables declararon ante la Justicia Penal Militar un falso combate, presentando una versión llena de falacias, incongruencias y acusaciones falsas en contra de Jimmy Naranjo Salazar, quien, como viene de referirse, era un menor campesino ajeno a las hostilidades”.
Jurisdicción Especial para la Paz
El montaje a Luis Humberto Giraldo Morales
El 18 de abril de 2004 los militares del Bajes en Antioquia empezaron a ejecutar la Misión Táctica Espartaco para verificar la posible presencia de integrantes del Eln en la vereda El Morro, de Granada. El suboficial Freud Amín Niño Sanabria fue quien estuvo al frente de la operación. “Tenía un objetivo implícito: producir bajas que pudieran ser reportadas como resultados operacionales ante el Batallón de Artillería Número 4”, reseñó la JEP.
Alias “Eusebio” fue el guía seleccionado para acompañar la operación, haciendo recorridos de reconocimiento en la zona. Una parte del grupo de militares pisó un cable electrificado y el perro entrenado que los acompañaba quedó herido. El soldado José Manuel Quintero López regresó al campamento para atender al canino herido. Dos más avanzaron junto a su informante y dos días después allanaron una vivienda en la que “podía encontrarse un objetivo militar”.
Una mujer y una niña que estaban en la vivienda sintieron el temor de ver su casa allanada por los militares. “Eusebio”, el informante, hizo voces diciendo que había visto a un sujeto identificado como alias “Yupi”. Los militares salieron de la vivienda y le ordenaron detenerse. El hombre así lo hizo, pese a que no se trataba de ningún presunto integrante del Eln sino de un campesino identificado como Luis Humberto Giraldo Morales. Era 20 de abril de 2004.
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“Coronamos, ese es alias ‘Yupi’”, le dijo “Eusebio” al oído uno de los militares. Con esas palabras marcó el destino del campesino a quien el Ejército hizo pasar por “un guerrillero de alto valor estratégico”. Le endilgaron desplazamientos forzados y la instalación de campos minados. “Al señor Giraldo Morales se le intimidó para que se pusiera una camiseta con el logo del Eln y un chaleco porta proveedores. La víctima cumplió la orden sin oponer resistencia”, dijo la JEP.
Giraldo Morales estaba cuidando a unos terneros, sin armas y en estado de indefensión. Tanto así, que dos de los comparecientes aceptaron que dudaron de su condición de guerrillero. Sin embargo, luego de cambiarle sus prendas, dos militares le dispararon y los demás abrieron fuego para simular un combate. Sembraron arsenal en la zona del sitio para dejar registro fotográfico y lograr que se avalara la muerte del campesino como la de un guerrillero caído en combate.
“Al cuerpo de Luis Humberto Giraldo Morales le fueron puestos un fusil G3, dos proveedores, un chaleco porta proveedores, 167 unidades de munición y una granada de fusil. Después del registro fotográfico de la escena simulada, se ordenó montar el cuerpo sin vida en un caballo para sacarlo de la zona y entregarlo a las autoridades en Granada”.
Jurisdicción Especial para la Paz
Una víctima sin nombre
La muerte a manos de uniformados de la Cuarta Brigada del Ejército alcanzó a otra persona el mismo 20 de abril de 2004, luego del asesinato de Luis Humberto Giraldo Morales. Cuando trasladaban a lomo de mula el cuerpo del campesino disfrazado como guerrillero, una mina explotó e hirió a tres soldados. El comandante de la Bombarda 3 pidió apoyo para trasladar a los heridos, pero uno de los uniformados usó a un perro entrenado para buscar más minas.
Sin autorización, el soldado Jose Manuel Quintero López vio huellas que se confundían en la maraña fangosa de suelo y que lo llevaron hasta un arbusto que se movía. “Pensando inicialmente que se trataba de animales, pronto identificó a dos personas, quienes cruzaron miradas con él. Sin mediar palabra ni lanzar la proclama correspondiente, el soldado abrió fuego contra quienes allí se encontraban. Una de las personas huyó y la otra cayó herida”.
La víctima nunca pudo ser identificada, pues no portaba documentos. Los comparecientes lo describieron como un hombre joven, de no más de 30 años, de piel morena y con bigote. Junto al arbusto detrás del cual se resguardaba encontraron un bolso con material de guerra. Podría ser, señalaron, un integrante de alguna estructura al margen de la ley de las que operaban en esa zona del departamento de Antioquia.
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Sin embargo, los militares implicados en ese evento le mintieron a las autoridades y al comparecer ante la Justicia Penal Militar dijeron que la muerte de ese hombre se había dado en medio de una combate con un grupo de al menos 30 guerrilleros de una estructura de las antiguas Farc, por quienes fueron hostigados durante al menos 30 minutos. Esa versión, como luego confesaron ante la JEP, era falsa.
“El hecho constituyó una ejecución extrajudicial enmarcada en el caso 03, toda vez que no existió enfrentamiento alguno entre el Ejército y las Farc. En esa misma línea, el señor Freud Amín Niño Sanabria manifestó en la audiencia que es consciente de que la víctima pudo haber sido un civil, porque al revisarlo no le encontraron armamento alguno, más allá que la maleta”, reseñó la JEP sobre esa persona cuyo nombre aún es una pregunta sin respuesta.
“Teniendo en cuenta que Quintero López disparó contra dos personas, no tienen certeza de que dicho bolso perteneciera a la víctima. Adicionalmente, el soldado Quintero López afirmó que no encontraron ningún arma en el cuerpo de la víctima y por esa razón no les consta que haya sido un guerrillero”.
Jurisdicción Especial para la Paz.
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Por Gustavo Montes Arias
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