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La llamada guerra contra las drogas no ha tenido efecto sobre Colombia, al menos no en reducir la producción, comercialización y consumo de los mercados de la coca y el cannabis. Por el contrario, sí ha provocado altos esfuerzos y costos, además de la violencia contra las comunidades más excluidas y marginalizadas del país. Esa es una de las principales conclusiones a la que 12 académicos y expertos llegaron después de discutir sobre las reformas urgentes a la política de drogas de cara al próximo gobierno. De esa misma discusión surgió un informe con diez enfoques que abordan desde la economía cocalera hasta las negociaciones con narcotraficantes, para que se pongan en el centro del debate.
Su tesis se sustenta en datos precisos para demostrar que las estrategias para hacerle frente a las drogas no se han traducido en resultados concretos, pues las cifras siguen subiendo o incluso se mantienen, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos. Según el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho, entre 1999 y 2015, se asperjaron de manera aérea con glifosato 1.742.140 hectáreas de cultivos de coca; 1.004.622 hectáreas fueron erradicadas manualmente y 5.915 toneladas de cocaína fueron incautadas hasta el 2024. Pero, aún con esas cifras que a primera vista se ven grandes, el número de hectáreas de coca en los últimos 25 años aumentó casi en un 60% y la producción de cocaína se triplicó.
Y el panorama sobre ataques a grupos armados tampoco ha sido efectivo. El informe de estos 12 expertos, convocados por la Red de Estudios sobre Drogas en América Latina (Redesdal), señala que a pesar de haber desarticulado a grandes narcotraficantes en los años 80 y 90, e incluso lograr un Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, uno de los principales reguladores de la economía de la coca y pasta base, los actores armados y grupos criminales que quedaron, como las disidencias de la antigua guerrilla, los grupos paramilitares y las bandas criminales, se quedaron en esas rentas, junto con las dinámicas de violencia en algunos de los territorios en los que operan, y sacando beneficio para su financiación criminal.
“Tanto estas cifras, como décadas de investigación, sugieren que las políticas implementadas para reducir la consecuencias negativas de las economías de drogas ilegales no han sido efectivas; por el contrario, no han hecho sino exacerbar algunos daños”, se lee en el informe que recoge diagnósticos actualizados de por lo menos nueve temas relacionados con las drogas ilegales y las recomendaciones urgentes y necesarias para las acciones que debería implementar, o al menos poner en discusión, el próximo Gobierno Nacional. Las propuestas se enfocan principalmente en evitar resultados ineficientes, reducir los daños y las violencias asociadas a las economías ilegales, así como disminuir su tamaño en el país.
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Uno de los principales aspectos que destacan los investigadores por ser ignorado usualmente en la formulación de las políticas de drogas tiene que ver con la regulación de actores armados sobre ese tipo de economías. Los expertos Estefanía Ciro y Lucas Marín – Llanes señalan en su informe que hasta ahora ningún sector político en Colombia ha logrado comprender las dinámicas de los mercados de pasta base, cocaína y cannabis, lo que limita el éxito en las intervenciones, programas alternativos y diseños de regulación del mercado. “Hasta que el Estado y la formalidad no ocupen ese espacio, será imposible eliminar los riesgos asociados a estas economías”, señalaron Ciro y Marín.
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En esa misma línea, la investigadora de la Universidad Eafit, Laura Atuesta, aborda uno de los principales efectos relacionados a la problemática de las drogas, y es la violencia a raíz de los mercados ilegales y producto de una política prohibicionista. Desde la academía, Atuesta señala resultados negativos tras ataques a grupos armados que provocan la fragmentación y creación de más grupos criminales. A eso se le suma la diversificación de portafolios y cambios en sus dinámicas organizativas. En ese contexto, el entendimiento de los mercados y dinámicas es una de las acciones urgentes que se traduce en “evaluar el efecto de la política de drogas en la violencia y priorizar la reducción de esta asociada al narcotráfico”.
Para la profesora de la Universidad de Massachusetts, Angélica Durán, y el profesor Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte, la negociación con grupos criminales y narcotraficantes es un punto clave en la discusión de una política de drogas exitosa para Colombia. Si bien este tipo de procesos pueden marcar una línea roja de cara a las estrategias de seguridad de los gobiernos e incluso pueden ser impopulares electoralmente, las investigaciones han demostrado que las negociaciones pueden resultar exitosas. “Se deben diseñar procesos de negociación de manera estratégica, complementando seguridad, justicia efectiva y aplicación de la ley, a partir de diagnósticos reales y las regulaciones que tienen”.
Para la investigadora Ciro, la guerra no puede ser una agenda política. “Negar la búsqueda de la paz por parte de una agenda política de campaña es un error. A pesar de los errores de la paz total, de la improvisación y de la discusión que esto pueda generar en ciertos sectores, negar la necesidad de transitar este país desde unas regulaciones armadas hacia unas que disminuyan la violencia es un error. Intentar pretender un show de guerra contra las drogas no funciona. Hay que entender que esto existe y buscar cómo caminar hacia la regulación de estos mercados”.
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En términos generales, los 12 investigadores concuerdan en que los fenómenos relacionados a los mercados de drogas en el país no han recibido la atención ni el capital político que requieren. Aunque la investigación académica se ha extendido y ha contribuido a conocer las dinámicas, todavía existen barreras importantes en América Latina y Colombia. Por eso, el llamado es a que los gobiernos, el sector privado y las entidades promuevan e impulsen esfuerzos para profundizar en el entendimiento de estas economías. “Es urgente debatir las políticas de drogas que el país necesita y es necesario hacerlo a partir del conocimiento académico riguroso y la evidencia empírica”, concluyeron los investigadores de Redesdal.
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Por Paulina Mesa Loaiza
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