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Nueva EPS afronta una de las crisis más importante de su historia. Un conjunto de datos internos a los que tuvo acceso El Espectador y que son producto de informes internos de gestión, revela un deterioro profundo en la prestación de los servicios de salud, las finanzas y la red de atención de la entidad.
La dificultad para acceder a medicamentos ha afectado al 17,5% de todos afiliados de la EPS: entre abril de 2024 y abril de 2025, los medicamentos pendientes de entrega aumentaron un 160%. La situación ha impactado especialmente a grupos de pacientes críticos. El 91% de los trasplantados presentaron medicinas pendientes (es decir, no recibieron los fármacos al momento de solicitarlos y pudieron no entregarse) y el 90% de quienes perdieron un trasplante (46 de 51) tuvieron inadecuado acceso a medicamentos y debieron regresar al proceso de diálisis.
Los pacientes que necesitan ser trasladados a un hospital con mayor capacidad de atención o especialistas (las llamadas referencias y contrarreferencias) ahora deben esperar más horas. Pasaron de un promedio de espera de 33,7 horas en junio de 2024 a 52,9 horas en julio de 2025. Esto aumenta el riesgo de que su condición se agrave o de que se retrasen diagnósticos y tratamientos.
Las solicitudes de autorizaciones (permisos previos que debe otorgar la EPS para que un paciente pueda acceder a ciertos servicios de salud) a la EPS han aumentado de forma sostenida, pasando de 3,2 millones en junio de 2023 a más de 4,8 millones en junio de 2025. Una proporción muy importante —de alrededor del 67 %— corresponde a servicios básicos como apoyo diagnóstico, medicamentos y consultas, que, en teoría, deberían ser cubiertos directamente por el nivel primario sin requerir autorización.
Este comportamiento, dice el análisis que acompaña los datos, evidencia una pérdida progresiva de resolutividad en la atención primaria y una creciente dependencia de los procesos administrativos para acceder a servicios esenciales. Es una situación contraria a las órdenes y circulares del presidente Gustavo Petro y del Ministerio de Salud para eliminar este trámite, que, aunque en algunos casos puede ayudar a controlar el gasto, se ha convertido en una barrera de acceso.
Las finanzas tampoco van bien: Nueva EPS ha incrementado los anticipos a las IPS , que pasaron de $4.681 millones en 2023 a $7.439 millones en 2025 (corte a agosto). Esta tendencia coincide con lo señalado por la Contraloría en su último informe sobre la EPS, que reporta un aumento del 155 % en los anticipos entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Según la Contraloría, aunque los anticipos buscan garantizar la continuidad de la atención, la falta de seguimiento y auditorías puede facilitar incumplimientos, concentración de recursos en prestadores sin capacidad y dificultades para recuperar fondos. (Puede ver: ¿Qué medicamentos cubre la EPS? Esta es lista completa)
Al mismo tiempo, la capacidad de la entidad para detectar posibles fraudes se ha reducido drásticamente: mientras en 2023 se identificaron 336 casos, en 2025, con corte a agosto, apenas se registraron 94. Aunque El Espectador consultó a Nueva EPS sobre estas cifras, no obtuvo respuestas al cierre de esta edición.
La crisis de los medicamentos
Entre abril de 2024 y abril de 2025, los medicamentos pendientes de ser entregados a los pacientes de Nueva EPS aumentaron un 160%. Pasaron de 393.238 a 1.021.826, afectando a 2.050.433 de los afiliados (17%). Este deterioro, que se agudizó desde 2024, generó 289.933 quejas (PQRS), 255.380 tutelas y 729 hospitalizaciones evitables.
Los documentos a los que accedió El Espectador reportan hallazgos de auditorías en grupos de pacientes críticos donde la afectación fue más grave. El 91% de los pacientes trasplantados (3.043 de 3.333) presentaron medicamentos pendientes (no los recibieron cuando los pidieron); el 90% de quienes perdieron el trasplante (46 de 51) tuvieron acceso inadecuado a medicamentos y debieron regresar a diálisis; y el 71% de los pacientes con enfermedad renal crónica (14.877 de 20.947) sufrieron interrupciones terapéuticas.
Aunque el análisis que acompaña a los datos señala que es difícil establecer una relación causal entre la pérdida del trasplante y la falta de acceso oportuno a medicamentos, sí dice que la interrupción del tratamiento en pacientes crónicos aumenta los riesgos para la salud y los costos médicos.
Según este análisis, los pacientes afectados presentan más descompensaciones, lo que se traduce en hospitalizaciones más frecuentes y prolongadas, así como en un mayor uso de recursos de alta complejidad, como urgencias y cuidados intensivos. A corto plazo, esta situación podría elevar la presión sobre los servicios hospitalarios y genera complicaciones que podrían haberse evitado con atención oportuna. A mediano plazo, el deterioro progresivo de estos pacientes podría incrementar la mortalidad, provocar nuevas complicaciones y disparar la demanda de servicios médicos.
Más autorizaciones para acceder a la salud
Las cifras revelan un aumento en los trámites adicionales que han tenido que hacer los pacientes para acceder a servicios de salud, algo que prometió evitar el Gobierno.
Durante 2024, el volumen de solicitudes se mantuvo con variaciones leves de un mes a otro. Sin embargo, desde enero de 2025 comenzó a observarse un crecimiento constante, con picos significativos en mayo y julio. El análisis muestra que la mayoría de las autorizaciones se concentran en tres tipos de servicios: apoyo diagnóstico y terapéutico (27,6%), medicamentos (22,3%) y consultas médicas (17,4%).
Puede ver: El Espectador le explica qué es lo que pasa con la Nueva EPS
En conjunto, estos tres grupos representan más del 67% del total de solicitudes. Se trata de servicios que, por su naturaleza, deberían garantizarse desde el nivel primario de atención bajo la modalidad capitada (un modelo en el que los prestadores reciben un pago fijo para cubrir la atención básica de los afiliados), sin que las personas deban pasar por procesos adicionales de autorización. El análisis de los datos sugiere que la EPS debe replantear su modelo de acceso, fortaleciendo la atención primaria, simplificando los mecanismos de autorización y garantizando que el primer nivel responda de manera efectiva a las necesidades de la población. De lo contrario, advierte, el sistema seguirá concentrando esfuerzos en la gestión del trámite y no en la gestión del riesgo en salud.
Más anticipos y menos control al fraude
El informe revela el uso cada vez más frecuente de anticipos de recursos. Estos giros, que las EPS hacen por adelantado a las IPS para garantizar la atención de los afiliados, deberían ser excepcionales. Sin embargo, en Nueva EPS se volvieron una práctica habitual.
En 2023 se registraron 795 solicitudes por $4.681 millones; en 2024, la cifra se duplicó a 1.607 solicitudes y $8.585 millones. Solo entre enero y agosto de 2025 ya van 1.252 solicitudes por más de $7.439 millones. El informe sugiere que los anticipos pasaron de ser una medida puntual a una herramienta permanente para cubrir posibles fallas en la planeación y contratación. (Puede ver: El psiquiatra que ayuda a otros psiquiatras)
A la par, en el proceso de autorizaciones la capacidad de control para prevenir irregularidades ha mostrado una disminución sostenida. En 2023, la EPS logró evitar pérdidas estimadas en $5.565 millones mediante sus mecanismos de verificación y detección de fraude; en 2024, esa cifra descendió a $1.138 millones, y en 2025 —con corte a agosto— se registran $1.370 millones en costos evitados. Aunque el dato del presente año es parcial, la tendencia, señala el análisis de los datos, confirma una reducción en la efectividad de los controles internos, lo que incrementa la vulnerabilidad del sistema frente a riesgos de suplantación y uso inadecuado de recursos públicos.
Los tiempos de respuesta, en caída libre
Los datos de referencia y contrarreferencia hospitalaria muestran un deterioro estructural del sistema, especialmente desde 2024. En el sistema de salud, la referencia es el envío de un paciente a otro nivel de atención (por ejemplo, del centro de salud al hospital) cuando requiere servicios especializados, mientras que la contrarreferencia es el proceso inverso, cuando el paciente regresa a su punto de atención habitual para continuar el seguimiento.
En 2023 se registraban en promedio 28.570 solicitudes mensuales; en 2024 subieron a 33.395 (16,9 % más), y en 2025 —con corte a julio— alcanzaron 35.776, un incremento acumulado del 25 % frente a 2023. Según el análisis de los datos, el aumento de solicitudes responde a una combinación de factores: mayor demanda hospitalaria por enfermedades crónicas y casos que no pueden aplazarse, limitaciones en la red prestadora, que concentran la atención en hospitales de alta complejidad; baja capacidad resolutiva en los territorios, que obliga a más traslados; y una débil implementación de la telesalud, que impide resolver casos a distancia y agrava la presión sobre la red hospitalaria.
El deterioro se refleja en los grupos poblacionales más afectados. En niños y niñas, predominan las referencias por enfermedades respiratorias y diarreas infecciosas, prevenibles con una atención primaria eficaz. En adultos jóvenes y de mediana edad, las causas más comunes son descompensaciones de diabetes e hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares, y en adultos mayores, complicaciones cardiovasculares y renales, todas condiciones evitables con seguimiento ambulatorio y adherencia terapéutica. (Vea: “Solo atendemos personas vivas”: Sura responde a acusaciones).
El incremento de las solicitudes de esta gestión adquiere una dimensión crítica al contrastarse con la capacidad hospitalaria nacional. Según el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), el país cuenta con 93.546 camas habilitadas. El volumen de referencias hospitalarias de NUEVA EPS en 2025 podría superar el 40% de esa capacidad, lo que refleja una presión significativa sobre la red asistencial, especialmente en departamentos con baja oferta de camas y servicios de apoyo diagnóstico.
En 2025 los tiempos de gestión de esas solicitudes también se han deteriorado de forma evidente: en julio, las solicitudes tardaron en promedio 52,9 horas en resolverse, frente a 40,9 horas en julio de 2023 y 33,7 en el mismo mes de 2024. Este incremento retrasa la atención, aumenta el riesgo clínico y compromete la seguridad de los pacientes, especialmente en eventos que requieren manejo oportuno.En 2025 los tiempos de gestión de esas solicitudes se han deteriorado de forma evidente: en julio, las solicitudes tardaron en promedio 52,9 horas en resolverse, frente a las 40,9 horas de julio de 2023 y las 33,7 del mismo mes en 2024. “El patrón ascendente observado en 2025 demuestra que el proceso opera al límite de su capacidad resolutiva”, se lee en el informe.
El primer nivel de Nueva EPS ya no resuelve
El informe muestra que una parte importante de los servicios de salud de baja y mediana complejidad —como consultas médicas, diagnósticos, terapias, odontología y cirugías ambulatorias— no se están resolviendo en los territorios, lo que ha incrementado el traslado de pacientes a otros hospitales y las solicitudes de alojamiento y alimentación. Los datos indican que el mecanismo de referencia ambulatoria, creado para facilitar el acceso a servicios especializados cuando no hay oferta local, se ha convertido en una práctica frecuente dentro de Nueva EPS. Entre enero de 2024 y julio de 2025, las autorizaciones por este concepto aumentaron 40,8 %, pasando de unas 89.800 a más de 125.800 mensuales. (Puede ver: ¿Llevar el celular al baño es una buena idea?)
Con corte a julio de 2025, 64.055 afiliados de Nueva EPS habían solicitado cobertura de transporte y/o alojamiento por servicios no disponibles en su lugar de residencia. De ellos, el 34 % —más de 21.700 personas— realizó más de cinco traslados en lo corrido del año, lo que evidencia que el mecanismo de referencia ambulatoria, concebido para facilitar el acceso a servicios especializados cuando no hay oferta local, se ha convertido en una práctica habitual. Según el análisis, este aumento no se explica por una mayor demanda clínica compleja, sino por limitaciones en la articulación de la red, ausencia o cierre de servicios habilitados, y debilidades en la gestión del riesgo ambulatorio, factores que terminan incrementando los costos y afectando la oportunidad de la atención.
Una EPS presionada por sus costos
A julio de 2025, Nueva EPS había ejecutado más de $859.813 millones de sus Presupuestos Máximos (recursos que el Estado gira a las EPS para financiar servicios y tecnologías en salud que, aunque hacen parte del Plan de Beneficios en Salud —PBS—, no se pagan con la Unidad de Pago por Capitación UPC). Más de la mitad de ese dinero —el 52,6% ($472.524 millones)— se destinó a servicios complementarios. Dentro de este grupo, el gasto más alto corresponde al pago de cuidadores, que concentró $148.000 millones para atender a 6.255 afiliados. Según el análisis de los datos, buena parte de ese aumento obedece a fallos judiciales y órdenes de tutela, emitidas en ausencia de protocolos estandarizados para determinar quién requiere realmente ese tipo de apoyo.
El informe advierte que este comportamiento no solo reduce los recursos disponibles para tratamientos y medicamentos, sino que además distorsiona el propósito de los Presupuestos Máximos, concebidos para financiar servicios excepcionales o de baja frecuencia. La situación, añade el análisis, evidencia un patrón de gasto insostenible, especialmente cuando se suman otros costos no PBS como transporte, alojamiento y manutención, que en conjunto con cuidadores superan el 38% del presupuesto ejecutado.
A esto se suma la incapacidad de la EPS para gestionar las tendencias de prescripción, lo que ha permitido la proliferación de prácticas clínicas con baja evidencia y escaso impacto costo-beneficio, especialmente en el uso creciente de productos nutricionales y ciertos medicamentos. Esta situación ha generado un aumento del gasto sin mejoras reales en la salud de los pacientes, dicen el informe, contrariando el objetivo de MIPRES, que busca orientar las decisiones clínicas hacia un uso más racional, eficiente y basado en evidencia.
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