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Este martes 14 de octubre continuará, si nada de última hora ocurre, el juicio contra José Fernando Cardona, expresidente de Nueva EPS, la más grande del país, con más de 11 millones de afiliados. Deberá comparecer ante el Juzgado 54 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, en una audiencia de formulación de acusación. En esa diligencia, la Fiscalía General de la Nación presentará formalmente una serie de cargos por presuntos malos manejos financieros durante su gestión al frente de la entidad.
La Fiscalía investiga específicamente que, entre 2019 y 2023, Cardona y tres funcionarios más habrían dejado de tramitar parte de la facturación enviada por las clínicas y hospitales contratados por Nueva EPS. Ese comportamiento ha sido descrito por altos funcionarios del Gobierno Nacional y por los interventores que han asumido la dirección de la entidad desde abril de 2024 como un “ocultamiento de facturas”, supuestamente diseñado para mostrar una situación financiera más favorable de la que realmente tenía la EPS.
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“A pesar (de) que me han querido silenciar, aquí la justicia imputa cargos contra altos directivos con nombre propio, de la Nueva EPS y muestra cómo ocultaron más de 14 millones de facturas antes de la intervención gubernamental”, escribió el presidente Gustavo Petro en X el pasado 10 de abril. Cuatro meses después, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió de nuevo al tema: “Hoy sabemos que 12 millones de facturas fueron escondidas para maquillar la realidad de la Nueva EPS. No fue descuido, fue un desfalco contra el Estado y contra la salud de la gente”.
El 12 de septiembre, en una alocución presidencial, Petro fue más allá en sus acusaciones. “Escondieron COP 5 billones de deudas existentes realmente, pero no apareció, porque ¿qué era lo que querían hacer? (…) Lo utilizaron no para pagar esas facturas que debían, las escondieron, sino para pagar otras cosas”, dejando en el aire que aquellos recursos salieron de la EPS. Cardona no solo niega eso, sino que señala que cree que su caso está siendo usado para desviar la atención de los problemas “reales” del sistema.
Los argumentos de la Fiscalía
En el escrito de acusación de la Fiscalía no se mencionan las dos cifras que el presidente y el Ministerio de Salud han repetido públicamente: COP 5,5 billones y 12 (o 14) millones de facturas “escondidas”. El documento se limita a señalar, de manera general, la presunta existencia de una política “conocida por cada una de las áreas de la alta dirección y consultada por las mismas, a través de los sistemas de información dispuestos por la Nueva EPS”, mediante la cual se habría decidido procesar solo una parte de la facturación que realmente se radicaba en la entidad. “La finalidad de consignar esta información falsa en los estados financieros —se puede leer en el documento— era evidenciar una realidad económica distinta a la que tenía la Nueva EPS, y, por tanto, dar apariencia de que se reunían las condiciones de estabilidad (patrimonio adecuado, capital mínimo e inversión de reservas técnicas) para continuar prestando el aseguramiento de los afiliados de esta EPS”.
La única cifra que sí aparece en ese documento es otra diferente: COP 70.566 millones. La Fiscalía sostiene que Cardona habría permitido que Nueva EPS se beneficiara de esa suma entre 2019 y 2022. Por esto, el exdirectivo afronta cargos por peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento privado, fraude procesal y administración desleal.
En la transcripción de la audiencia de la imputación que se le hace a Cardona, el panorama es el siguiente. La Fiscalía sostiene de nuevo que los exdirectivos estaban detrás de esa supuesta política de ocultamiento y precisa que, entre 2019 y 2023, “se dejó de procesar alrededor de catorce millones de facturas que habían sido expedidas por las diferentes IPS con las que la Nueva EPS había sostenido algún tipo de relación contractual”. No aparecen los COP 5.5 billones a los que ha hecho alusión el presidente, pero sí, de nuevo, los COP 70.566 millones. (Puede ver: Nueva EPS: los informes internos que revelan su crisis)
¿De dónde sale esa plata, según la Fiscalía?
Según lo expuesto por el ente acusador en la audiencia de imputación, el beneficio de COP 70.566 millones no proviene de una ganancia directa ni de una suma de utilidades año a año, sino de una maniobra contable acumulada mediante la cual —entre 2019 y 2023— la Nueva EPS habría simulado utilidades inexistentes y las habría usado para absorber pérdidas de vigencias anteriores, reducir pasivos y presentar ante los entes de control un estado financiero más sólido de lo que realmente era. De esta forma, los recursos parafiscales —fondos públicos administrados por la EPS y girados por la ADRES— habrían sido usados para dar apariencia de eficiencia y solvencia, lo que la Fiscalía interpreta como una “apropiación en favor de la EPS” y una defraudación al sistema general de salud.
En la audiencia se presentó, de hecho, una discusión entre el fiscal del caso y el abogado defensor, Jorge Tamayo. La defensa de Cardona no comprende por qué se formulan cargos por peculado, un delito que en el Código Penal implica la apropiación o desviación de recursos públicos por parte de un servidor público o un particular que los administra, cuando, según la misma Fiscalía General, el dinero nunca salió de la EPS.
“La Fiscalía nunca ha indicado dentro de su argumentación de la formulación de imputación que el recurso hubiese salido de la Nueva EPS”, afirma el fiscal. Según el ente acusador, los recursos públicos administrados por la entidad se habrían usado de forma irregular dentro de la misma EPS, para maquillar pérdidas y proyectar una imagen de estabilidad financiera. Esa plata —que entonces nunca abandonó los libros de la entidad, pero sí habría sido movida con fines engañosos, dice la Fiscalía— será uno de los puntos más debatidos en el juicio que comienza en firme ahora. Aunque no el único.
¿Hubo un “ocultamiento” de facturas?
La gran piedra angular del caso de Nueva EPS es el supuesto ocultamiento de millones de facturas médicas. La Fiscalía sostiene que había una política que consistía en establecer un mecanismo interno para limitar el procesamiento contable de la totalidad de la facturación. Este monto “límite” se proyectaba a través de un documento técnico denominado CXP. (Vea: Bailar, cantar o jugar: las formas inesperadas de rejuvenecer)
La política, según la Fiscalía, se implementaba a través del área de Cuentas Médicas, bajo la responsabilidad de Fabián Alberto Peralta Núñez, imputado por falsedad en documento privado y omisión de control en el sector salud. Núñez supuestamente daba instrucciones a los funcionarios de su dependencia para procesar solo una parte de la facturación. Esta práctica era conocida por todas las áreas de la alta dirección —presidencia, vicepresidencia, contabilidad y cuentas médicas—, que podían verificarla mediante los sistemas de información de la EPS.
La Fiscalía señala que Cardona tenía conocimiento de esta política y de sus consecuencias, y que participó activamente en el fraude. Al expresidente de Nueva EPS se le reprocha haber ordenado y consentido la omisión del control que debía ejercerse en el área de Cuentas Médicas, sabiendo que se ocultaba información a la Supersalud. Además, según la Fiscalía, propuso que las utilidades artificiosas fueran presentadas a la asamblea y a la junta directiva para su aprobación, “aprovechando su posición no solo para engañar a la dirección, sino también para defraudar al sistema general de seguridad social en salud”.
Cardona y su defensa niegan que hubiera un ocultamiento. “Es cierto que existían y existen facturas que no se han procesado. Pero no es cierto que facturas no procesadas sean facturas ocultas”, afirmó el exfuncionario a El Espectador.
La diferencia entre facturas en proceso y facturas ocultas es central en su defensa. Cardona explica que en toda EPS, el registro de costos y facturación sigue un proceso complejo. Cuando un paciente recibe atención, por ejemplo, una cirugía, primero se solicita autorización a la EPS para cubrir los gastos, registrada como reserva de autorizaciones. Luego, el hospital genera la factura, que es enviada a la EPS para su procesamiento, el cual incluye verificación administrativa y médica para garantizar que la atención se haya realizado y que la tarifa sea correcta.
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Según Cardona, la Nueva EPS recibe entre 2 y 4 millones de facturas mensualmente, que se procesan de manera progresiva. Aunque algunas se procesan más rápido que otras, siempre habrá facturas pendientes de revisión, y el hecho de que existan en proceso no significa que estén ocultas, dice el ex alto directivo.
La defensa de Cardona contraargumenta a la Fiscalía de la siguiente manera: si todas las facturas en procesamiento se registraran de inmediato como gasto, se correría el riesgo de inflar artificialmente el costo real de la EPS, mostrando una situación económica peor de la que realmente hay. Esto sucedería porque es relativamente usual que las facturas puedan corregirse, rechazarse o ajustarse antes de ser pagadas.
La defensa añade que, si la facturación se registrara como parece sugerir la Fiscalía, habría un riesgo de duplicidad. En palabras simples, cuando la EPS autoriza un servicio —una cirugía— crea una reserva de autorización, una provisión contable que deja constancia del gasto que probablemente se generará. Si, luego, mientras la factura aún está en proceso de auditoría, se registra también como gasto, el mismo valor ya estaría reflejado en la reserva, duplicando el costo en los libros. Según Cardona, la EPS ya registra una estimación del gasto en el momento de la autorización; hacerlo otra vez al recibir la factura sería, dice, sumar dos veces la misma atención: una por la reserva y otra por la factura en proceso.
De hecho, el más reciente informe de la Contraloría sobre la Nueva EPS señala, inicialmente, que la entidad tenía 22,7 millones de facturas sin procesar, por un valor total de COP 22,13 billones. Sin embargo, al revisar la información en detalle, el ente de control identificó 9,1 millones de facturas duplicadas, equivalentes a COP 8,9 billones.
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Tras descontar esos valores, el saldo real de cuentas pendientes de auditoría asciende a COP 13,17 billones. De ese monto, la Contraloría resalta algo: la concentración del 99 % del valor pendiente de auditar está en las vigencias 2024 y 2025. Esto implica que una porción significativa de las obligaciones registradas durante esos dos años —período en el que la entidad permanece bajo intervención del Gobierno, ordenada en abril de 2024— aún no ha sido revisada ni validada, situación que representa “un riesgo alto para la exactitud del pasivo reportado”. “Que me digan cuáles son las 14 millones de facturas que, según ellos, yo oculté, para entonces cotejarlas una por una. Revisemos la reserva, los registros, todo. ¿Cuál es exactamente la factura que dicen que escondí?”, cuestiona Cardona.
En su opinión, no hubo ocultamiento alguno y, por eso, también defiende las utilidades que reportaba —que, según la Fiscalía, no existieron—. “Esa era la utilidad que reflejaban los registros. Yo manejaba cerca de COP 20 billones y generábamos alrededor de COP 10.000 millones en utilidades”, sostiene el exdirectivo. “Yo lo que creo —añade— es que están tratando de justificar en mi caso la problemática que atraviesa todo el sistema de salud, especialmente el deterioro que se está viviendo en la atención a las personas. Porque eso sí es un hecho cierto, y los hechos lo demuestran. Creyeron que el problema era la EPS, y no lo era”. La Fiscalía y la defensa se enfrentarán con sus argumentos ante un juez en un proceso que probablemente se prolongará hasta 2026 —o incluso más—.
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