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El ataque con una granada al CAI Santo Domingo, en Ciudad Bolívar, enciende de nuevo las alarmas sobre la seguridad en el sur de Bogotá. Esta zona, históricamente estigmatizada por la violencia y la marginalidad, enfrenta una nueva ola de tensión. El alcalde Carlos Fernando Galán calificó el ataque como “una reacción desesperada” de las bandas criminales, debilitadas por las operaciones en la frontera con el municipio de Soacha.
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A través de su cuenta en X, el mandatario pidió apoyo a la Brigada XIII del Ejército y reiteró la necesidad de capturar a los responsables del atentado y desmantelar las redes involucradas. “Las acciones violentas contra la Fuerza Pública no nos amedrentan. Al contrario, fortalecen nuestra decisión”, escribió Galán. Sin embargo, esta lectura, centrada en la respuesta represiva, resulta insuficiente para comprender la dimensión del fenómeno.
Al menos así lo considera Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, al indicar que se necesita un análisis más amplio que contemple dinámicas sociales, económicas y territoriales, no solo de puntos específicos como El Paraíso, sino de barrios como Quiba, Arborizadora Alta, barrio México y la frontera con Soacha.
A la violencia armada se suma una crisis menos visible, pero igualmente grave: las amenazas contra liderazgos sociales. En abril de 2025 circularon panfletos atribuidos al ELN, en los que declaraban objetivo militar a bandas rivales, amenazaban a líderes comunales, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales, e incluían señalamientos contra personas que supuestamente apoyaban a las familias de grupos criminales.
El concejal Juan David Quintero fue uno de los primeros en advertir los hechos. Recordó el asesinato de Alba Rocío Riaño, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de Verbenal El Paraíso, el pasado 16 de junio, luego de denunciar la presencia de estructuras delictivas en la zona. Los panfletos han generado temor y rechazo de la comunidad, lo que motivó llamados a las autoridades para reforzar la protección de líderes sociales y la presencia institucional en los barrios afectados. “No permitiremos que la violencia disfrazada de panfletos nos haga vivir con miedo en Bogotá”, afirmó Quintero.
Las amenazas no se limitan a quienes tienen una función política o comunitaria, sino también a personas que desarrollan labores sociales alejadas de las dinámicas criminales. Es el caso de varios defensores de animales, quienes denuncian que hay zonas a las que no pueden entrar. “Solo lo pueden hacer ciertas personas y donde los controles policiales son esporádicos o inexistentes. En la parte alta de la localidad, como El Paraíso, Quiba y Mochuelo, algunos animalistas han sido amenazados cuando van a alimentar o a rescatar animales. Hay fronteras invisibles que no pueden cruzar”, relató un integrante de un colectivo que pidió reserva de su nombre por razones de seguridad.
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A pesar del discurso oficial, que asocia el atentado al CAI Santo Domingo con la presión que estarían sintiendo las bandas criminales por los operativos recientes, Andrés Nieto considera que el problema de fondo es más complejo. Según él, existe una disputa territorial entre grupos por las economías ilegales, como el microtráfico, la venta de armas y la microextorsión. Una lucha que va más allá del simple enfrentamiento con la Fuerza Pública.
El investigador lamenta la interrupción de las operaciones sostenidas que se desarrollaron entre 2021 y 2023, con las cuales se habían debilitado estructuras, como las lideradas por alias “Chontaduro”, “Pedro Pablo”, los Paisas, los Boyacos, el Tren de Aragua y los Santo Domingo. La falta de continuidad en estas acciones permitió su reconfiguración y fortalecimiento. Hoy, advierte Nieto, esas estructuras representan un nuevo riesgo para la seguridad urbana.
Aunque la Alcaldía insiste en la necesidad de capturas y acciones operativas, Nieto sostiene que el enfoque no puede limitarse al ámbito policial. Propone articular esfuerzos sociales, urbanísticos y de prevención, incluyendo el manejo del espacio público, la regulación del transporte y, especialmente, la protección de jóvenes y líderes comunitarios, que enfrentan con mayor crudeza los efectos de la violencia.
Uno de los gremios más golpeados es el del transporte informal, que ha sido objeto de múltiples extorsiones. En localidades como Suba, San Cristóbal y Ciudad Bolívar se han reportado casos de conductores asesinados tras negarse a pagar “vacunas”. Aunque las autoridades reportan avances operativos con 1.991 capturas en flagrancia, más de 65 allanamientos y la incautación de drogas y armas, los resultados en términos de protección de la vida son preocupantes.
Al revisar la tendencia de homicidios en la localidad se evidencia un aumento significativo. En 2023 se reportaron 188 casos, con un promedio mensual de 15,6; en 2024 se reportaron 237 casos, con un promedio de 19,7, y en 2025, con corte en agosto, van 167, cifra que denota un promedio de 21 mensuales.
En este contexto, Nieto insiste en la necesidad de una articulación intermunicipal, especialmente con Soacha, que ha logrado reducir históricamente sus homicidios tras la creación de la Policía Metropolitana de Soacha (Mesoa) y la implementación de estrategias focalizadas. No se trata de buscar culpables, dice, sino de reactivar un inventario criminal que permita entender cómo se han reconfigurado las redes delictivas que operan en la frontera entre Bogotá y Cundinamarca.
Según el experto, es urgente actualizar el mapa de organizaciones criminales, escuchar a la comunidad y fortalecer los procesos de inteligencia. Solo así se podrá enfrentar de forma sostenible la violencia en Ciudad Bolívar. Mientras tanto, las autoridades ofrecieron hasta COP 20 millones como recompensa por información sobre los responsables del atentado. La investigación está en curso, pero la comunidad sigue esperando una estrategia que no solo persiga culpables, sino que prevenga nuevas violencias y devuelva el control del territorio al Estado.
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