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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sigue avanzando en la investigación y esclarecimiento de miles de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el conflicto. El magistrado Carlos Suárez López presidió tres audiencias la semana pasada en Medellín que fueron inéditas: soldados devolvieron sus medallas, un excomandante les pidió perdón a sus hombres y hubo total satisfacción de las víctimas. En entrevista con El Espectador, Suárez habló de esos encuentros, del caso de una niña asesinada y abusada sexualmente y de la importancia de seguir hablando en el país de este tipo de hechos por una sola razón: hay que hacerlo por y para las víctimas.
¿Cómo les fue en la audiencia de la semana pasada?
Nos fue muy bien. Creo que el balance es muy positivo. Fue una audiencia de consolidación de los aportes a la verdad que los comparecientes ya habían hecho en Granada (Antioquia). El encuentro nos permitió una consolidación de sus aportes y ahora seguimos al reconocimiento de responsabilidad y a las medidas de contribución a la reparación. Fue una sesión muy satisfactoria porque nos pasaron varias cosas que, hasta ahora, nunca nos habían ocurrido. Por un lado, vimos que hubo una satisfacción total tanto de las víctimas como de sus representantes. La audiencia amplió la verdad y promovió la restauración.
¿Qué hizo que lograran esa satisfacción tan amplia?
Creo que el despacho se ha caracterizado por un abordaje muy profundo de los casos. Eso permite que las víctimas vean satisfechas todas sus demandas de verdad. Además, también vimos gestos y acciones de restauración. Incluso, ya hubo perdón y reconciliación. Ese abordaje profundo de los casos que nosotros hacemos es lo que permite que haya todo este tipo de momentos en la audiencia.
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¿Por qué ese abordaje y no como lo ha hecho otro despacho?
Cada despacho en su autonomía judicial tiene su propia lógica de trabajo, todas por supuesto válidas y valiosas, y, aunque distintas, todas buscan en últimas un solo fin: la centralidad y satisfacción de los derechos de las víctimas. En el despacho que tengo a cargo la impronta ha sido procurar que en todos los escenarios las víctimas vean plenamente satisfechos sus derechos a la justicia, la reparación, la no repetición y, sobre todo, a la verdad.
De esta última audiencia, quiero resaltar algo que me parece muy importante y es que hemos contado con la participación de máximos responsables. Uno de ellos fue Freud Amín Niño Sanabria y personajes como él han permitido aclarar toda esa verdad. Hasta ahora habíamos escuchado a los no máximos responsables y, con visiones como la de Niño Sanabria, se pudieron esclarecer mucho más los casos. En estos procesos hemos podido establecer que, entre más se sube en la jerarquía militar, más visión panorámica del fenómeno podemos tener. En el caso puntual de Niño Sanabria, además de que nos sirvió para reconstruir muy bien los hechos, ocurrió algo que no había pasado en mi despacho y es que él mismo le pidió perdón a sus hombres por haberlos metido en esto.
Él fue claro y dijo que él hubiera podido evitar todo lo que pasó. Pero era tal el afán de dar resultados y mostrar que eran los número uno, que no les importaba meter a sus propios subordinados en este tipo de hechos. Muchos de ellos terminaron con sus vidas arruinadas porque fueron privados de la libertad e, incluso, condenados. El otro máximo responsable fue Óscar Iván Mayo, con un caso también muy conmovedor.
¿Por qué?
Él aportó verdad en dos hechos, pero particularmente a él le impacta mucho uno. Él era un exguerrillero que terminó en el Ejército y servía de guía que iba indicando quién era guerrillero. En ese momento, estaban buscando a un guerrillero, se les escapó y él dice que, llenado de ira y de odio, porque a su hermano lo mató la guerrilla, identificó a un menor como guerrillero, pero lo hizo por ira. De hecho, él dijo que conocía al niño desde pequeño y que conocía a su hermana pues habían sido vecinos. Sin embargo, con ese odio que tenía, lo ejecuta. Él mismo dice unas frases muy fuertes, que le sabía la boca a sangre y que ese día tenía que derramar sangre. La emprendió contra un joven inocente y él mismo se encargó de ejecutarlo. A él le pesa inmensamente ese caso.
Además de esos actos de reparación, en la audiencia hubo otras medidas de restauración y varios comparecientes devolvieron medallas. ¿Fue voluntaria?
Sí. Es la primera vez que pasa en la JEP. Devolvieron ocho medallas y un diploma obtenidos luego de esas ejecuciones. Fue un gesto muy importante para reparar y dignificar a las víctimas y decir: “Yo no soy digno de ese reconocimiento porque lo debía haber ganado protegiendo a la población civil y lo que hice fue vulnerarla”. Además, los comparecientes expresaron que están listos para realizar una restauración de las bóvedas del cementerio de Santa Ana, en Granada, que es, de todos los municipios, el más golpeado por esos hechos. Además, dijeron que están listos para buscar a los desaparecidos e identificarlos.
Esta fue la primera audiencia:
¿Qué sigue luego de esta audiencia?
Ahora vamos a hacer una contrastación de todos esos aportes a la verdad que hicieron los comparecientes. ¿Cómo? Con las versiones que ellos mismos dieron, con documentos que existen en los expedientes, con las versiones de las mismas víctimas y vamos a valorar si hubo unos aportes a la verdad satisfactorios y establecer los compromisos para poder definir su situación jurídica.
¿De cuánto tiempo estamos hablando?
Esa es una respuesta que no podemos dar con claridad porque la semana pasada abordamos 12 casos de 1.500 que tenemos en el despacho. Nos quedan siete años y medio de trabajo en la JEP y debemos aprovecharlos al máximo para dar respuesta a todos esos casos y a sus familias. No hay tiempo establecido, pero debemos tomar pronto decisiones de fondo en estos casos para seguir con otros porque esa es una mínima porción del universo.
¿Pero cómo han pensado abarcar ese gran mundo de víctimas? ¿Cuántas audiencias más van a realizar?
Ya hemos hecho otras audiencias. Una en Rionegro, otra en Granada y una más en Medellín. Sobre esos casos, ya están próximas a salir las resoluciones de definición de la situación jurídica de esos hechos. Trataremos de seguir llevando casos a estas audiencias porque hemos concluido que es el mejor mecanismo para garantizar los derechos de las víctimas. Pero, definitivamente, dado ese volumen de casos que tenemos, no va a ser posible hacerlo con todos los casos. Entonces habrá hechos donde definiremos la situación jurídica solamente con aportes a la verdad que hayamos recibido por escrito.
Esta fue la segunda audiencia:
¿Cómo se aborda judicialmente un caso tan amplio, tan importante como el que usted tiene? Es que no son muchos casos, sino que el caso del nororiente de Antioquia es emblemático en la investigación de las ejecuciones extrajudiciales…
La Sala a la que pertenezco es una que se caracteriza por su masividad. No solo porque recibimos a todos los comparecientes que quieren entrar a la JEP, sino porque luego nos toca hacer una valoración para establecer dos cosas: cuáles son los patrones de macrocriminalidad, cuáles son los máximos responsables, quiénes van a la Sala de Amnistía e Indulto y todo el resto es el que va a nuestra Sala para definir su situación jurídica. Por eso tenemos un gran volumen de casos. La forma de abordarlo es trabajando de forma incansable porque son casos donde hay víctimas demandando verdad, justicia y al mismo tiempo comparecientes demandando beneficios y que les resolvamos su situación jurídica.
¿Cómo entiende la JEP lo que ocurrió en la audiencia la semana pasada y qué hace y qué puede hacer para que ese contexto no se pierda dentro de los expedientes judiciales?
Pues de entrada creo que fue una audiencia en la que avanzamos mucho en el esclarecimiento de los hechos. Fue una contribución muy importante a la satisfacción de los derechos de las víctimas. ¿Que cómo hacemos para que no se pierda? Primero, todo ha quedado documentado. Todas nuestras audiencias se pueden ver en internet. Y ya en otro plano, por supuesto que son realidades jurídicas que también vamos a plasmar en nuestras decisiones.
¿Pero cómo hacemos para que esto no se nos pierda en este universo de millones de víctimas y en un país donde la guerra persiste?
Nosotros somos el componente de justicia del Acuerdo de Paz. Tenemos unas obligaciones que cumplir internacionalmente porque aquí estamos hablando de crímenes internacionales, de lesa humanidad y de guerra que deben tener una respuesta jurídica adecuada y en los que debemos garantizar los derechos de las víctimas de manera adecuada. Nos toca entender que, por muchos años más, vamos a seguir hablando, para bien o para mal, de las ejecuciones extrajudiciales porque aún el trabajo de parte nuestra apenas está empezando. Apenas estamos comenzando a saber la verdad. Para no ir más allá: este caso del que estamos hablando también es una mínima porción del gran universo: hablamos de 1.500 casos en este proceso, pero en realidad son más de 9.000 hechos.
Si le entendemos bien su respuesta, sería un poco como que necesitamos seguir hablando de las ejecuciones para poder restaurar a las víctimas…
Exacto. Las víctimas demandan verdades y no les basta con que se conozca el patrón criminal ni saber quiénes son los máximos responsables. Ellas quieren conocer la verdad y es absolutamente respetable. Quieren saber qué ocurrió, quién lo hizo, por qué lo hizo y cómo lo hizo. La única forma de poder darles esas respuestas es abordar los casos con mucha profundidad y rigor.
¿Qué papel tuvo el Batallón de Infantería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez (Bajes) en los hechos que hoy investiga la JEP?
Este batallón de artillería tuvo un papel central en este fenómeno de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia. Para que nos hagamos una idea: de todas las ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en Colombia en ese periodo de tiempo, el 25% ocurrieron en Antioquia y, de ese 25%, aproximadamente el 31% ocurrió en el oriente antioqueño. Y de ese 31%, muy buena parte fueron ejecuciones extrajudiciales realizadas por el batallón Bajes. Por eso tuvo un lugar central. Pero, además, porque esto lo que hemos podido esclarecer es que este fue un fenómeno que, en buena medida, empezó en Antioquia y luego se extendió a otras regiones del país a medida que militares que habían operado allí y habían realizado esas prácticas fueron llegando a otras unidades militares del resto del país.
Por eso creo que es muy importante para la historia del país seguir esclareciendo lo que pasó en Antioquia y, particularmente, con el batallón Bajes. ¿Por qué esto empezó en Antioquia? El fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, en términos generales, obedeció a dos factores. Por un lado, presiones por dar resultados de los superiores de la fuerza pública y lo único que contaban eran las bajas en combate. Eso lo hemos dejado muy claro en todas las audiencias, pues los propios comparecientes lo han dicho y han aclarado que las capturas no servían, sino solo las bajas.
¿Y el segundo factor?
Los incentivos. Ellos tenían beneficios por las bajas que se traducían en permisos o mejoras en su hoja de vida. Todo esto fue, digamos, un caldo de cultivo para que se diera ese fenómeno criminal. Y en el oriente antioqueño, particularmente, lo que hemos podido evidenciar es que se concentró en gran medida este fenómeno para evitar el avance de grupos guerrilleros hacia Medellín y el Urabá antioqueño. Entonces, se quiso poner ahí una talanquera para que no pudieran seguir avanzando.
Esta fue la tercera audiencia:
¿Qué podría contarnos de esos patrones que han podido identificar en este caso puntual?
En general, todos los fenómenos de ejecuciones extrajudiciales en el país, siguen una dinámica muy parecidas. Pero, ¿qué he visto particularmente en Antioquia que lo diferencia de otras regiones que he trabajado, por ejemplo, en Casanare? Que en esta última región los crímenes ocurrieron generalmente en una modalidad en la que un reclutador buscaba a personas supuestamente para realizar trabajos y luego las ejecutaba. Pero eran víctimas que estaban individualizadas y que eran reclutadas. En Antioquia lo que hemos visto es que el fenómeno es distinto porque la tropa iba ejecutando a las personas que iba encontrando. Cualquier persona indefensa y vulnerable. La ejecutaban para presentar resultados y obtener beneficios.
¿Era algo indiscriminado?
Sí.
Antes de resolver la situación jurídica de los comparecientes, ustedes tienen que contrastar la información que ellos han entregado, a la luz de sus propios hallazgos y los comentarios o informes de las víctimas. ¿Cómo va ese proceso?
En esta audiencia lo que vimos fue mucha coherencia en los relatos de los comparecientes. Pero ¿con qué los contrastamos? Con otros aportes a la verdad que han hecho los comparecientes involucrados, con versiones anteriores, con lo que dicen los expedientes adelantados por la jurisdicción penal ordinaria y con lo que dicen las mismas víctimas. Eso nos permite determinar si hay una satisfacción adecuada de los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación.
De ese masivo universo de víctimas y de hechos tan dolorosos, ¿qué es lo que lo tiene más preocupado?
En términos generales, yo creo que el tiempo. Nuestra temporalidad es muy corta y el trabajo es mucho. Me preocupa que en esa temporalidad podamos darle respuesta jurídica a todos.
¿Qué tan confiado está de que va a alcanzar?
Pues no sé si confiado, pero tengo optimismo y confianza. Trabajaremos arduamente para lograrlo. Lo más importante es verificar que las víctimas estén satisfechas. No es una misión fácil, pero trabajaremos para cumplir.
De esos casos que ya ha podido conocer, ¿cuál es el que más le ha impactado?
Todos me impactan mucho. Es difícil porque aquí hablamos de casos que son muy fuertes. Son todos relatos de mucho dolor. Pero hay dos tipos de hechos que me impactan mucho. En primer lugar los casos donde hay víctimas que son niños, niñas o adolescentes, que también es algo que lo hemos visto mucho en Antioquia. En buena medida, las víctimas de estas ejecuciones fueron menores de edad. Creo que eso habla del nivel de degradación al que llegó el conflicto armado donde, en aras de dar resultados, no le importó a la fuerza pública terminar matando a nuestros niños, niñas y adolescentes inocentes. Y en segundo lugar, también me impacta mucho los casos donde veo que la víctima era muy querida y amada por su familia. Ver esos sentimientos que afloran en las audiencias es algo que también impacta.
¿Y podría darnos un ejemplo?
El caso de la niña María Juliana Gómez y Juan Francisco Giraldo. Es un caso muy doloroso. Los encontraron a ambos y les dispararon. El señor muere y la niña, quedó herida en una rodilla, suplicó que le perdonaran la vida. No solo no la respetaron, sino que incluso fue abusada sexualmente antes de ser ejecutada. Ver ese dolor, por supuesto, de su familia es algo fuerte. Pero también produce satisfacción el hecho de que nosotros podamos brindar esa verdad que hace mucho estaban demandando, pues llevaban años pidiendo que se reconociera que en ese caso había existido un abuso sexual. Gracias a estas audiencias pudieron obtener esa verdad y el reconocimiento de que eso sí ocurrió. Además, en este caso hubo un perdón sincero, pese a todo el dolor ocasionado.
Y de esos momentos de perdón, en los que el compareciente acepta cómo mató a sus víctimas, que se enfrenta cara a cara con sus familiares, ¿cuál recuerda más?
Hay muchos. El de Uber Esneider Giraldo. O el de Jaime Barco. Este último caso tiene una particularidad y es que la víctima que ejecutaron tiene un hijo que está en este momento en Ejército. Él nos ha contado que decidió llevar el uniforme como una forma de honrar la memoria de su padre porque le habían dicho que a su padre lo había ejecutado la guerrilla. Y en estas audiencias, se pudo conocer la verdad: a su padre lo mató el Ejército. Fue un golpe fuerte para él, pero al mismo tiempo reconoce que las cosas han cambiado mucho y ahora tienen más formación en derechos humanos, lo que no ocurría antes. Él contó también que siente que debe seguir con esa carrera militar, ahora como una forma de honrar a su padre y haciendo las cosas bien desde el rol que tiene como miembro de la fuerza pública.
En esta entrevista ha sido claro en que todo es por las víctimas y en darles toda la verdad que se merecen recibir. En ese principio, además, es que está centrado todo el sistema de la JEP. Pero, ¿cómo se puede entender esa misión cuando, al mismo tiempo que avanzan en las audiencias, hay casos como el del general (r) Mario Montoya que, investigado por esos hechos en Antioquia, ha dicho que nada tuvo que ver, que no tuvo ninguna participación y no acepta ninguna responsabilidad? ¿Qué verdad está buscando allí la JEP para las víctimas?
Es importante recordar que todas esas contribuciones a la verdad dependen antes que nada de los comparecientes. La jurisdicción les da todas las condiciones para que aporten verdad y reconozcan sus responsabilidades. La JEP luego evalúa cuáles fueron realmente sus aportes y cómo fue su reconocimiento. De eso dependerá la forma en que se resuelva su situación jurídica en la JEP. Pero los comparecientes tienen toda su libertad de decidir qué quieren hacer.
En el caso concreto del señor Montoya, ya fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) porque no aceptó responsabilidad, aunque sigue investigado en la Sala de Reconocimiento. En la UIA será un proceso que tendrá un juicio adversarial que es cuando un compareciente no aporta verdad ni reconoce su responsabilidad. Pero nada de esto quiere decir que las víctimas no van a tener esa verdad o reparación. Hay otros comparecientes que están aportando para lograr esa exigencia de las víctimas. Por supuesto que es importante que esas personas que estuvieron en esas posiciones de alto rango, y que pueden tener un panorama mucho más completo de lo que fueron estos aparatos organizados de poder, pudieran brindar su verdad. Pero son libres de no hacerlo y la JEP no los puede obligar.
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