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n el mapa de la Sabana Centro hay un nuevo trazo que divide las percepciones sobre la organización del territorio. No aparece en las carreteras ni en los planos catastrales, sino en las resoluciones del Ministerio de Agricultura. Son las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura propuesta por el Gobierno nacional que promete blindar suelo fértil y dedicarlo a seguridad alimentaria.
No obstante, según sus críticos, esto podría transformar el ordenamiento territorial y afectar la autonomía de los municipios incluidos en la delimitación. El concepto, el debate y las posturas ya se vieron con los lineamientos ambientales para la Sabana de Bogotá que propuso el Ministerio de Ambiente meses atrás, los cuales están envueltos en una profunda concertación.
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Retomando las APPA, la primera ya fue declarada en Sopó, con 1.951 hectáreas protegidas. En el resto de la Sabana Centro el proceso sigue en marcha, aunque está en manos de la Corte Constitucional, cuyos magistrados están revisando la validez jurídica de la iniciativa. Si prospera, más de 50.000 hectáreas (área equivalente a tres veces el tamaño de Bucaramanga) de municipios como Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá quedarían bajo esa figura.
El Gobierno argumenta que es una estrategia para frenar la urbanización desbordada y asegurar que Bogotá y su entorno no se queden sin alimentos, lo cual resulta plausible para los expertos en la materia. Pero los detractores acusan que el debate tiene falencias de concertación y contradicciones jurídicas con la descentralización que contempla el orden constitucional del país.
El lío de la concertación
“En teoría, suena bien proteger el suelo agrícola. Pero la norma no define con claridad cómo se adoptan las APPA ni qué criterios técnicos deben cumplirse”, explica María Carolina Castillo, presidenta de ProBogotá, entidad que elaboró, junto al Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y la Fundación para el Estado de Derecho, un análisis del impacto y los riesgos de las APPA.
Según ella, el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo cambió las reglas del juego. “El Ministerio de Agricultura puede decidir qué suelos se protegen sin pasar por los concejos municipales. Eso rompe la autonomía local y convierte los POT en documentos subordinados a decisiones nacionales”, complementa Castillo.
Aunado a lo anterior, advierte que el 82 % del territorio colombiano podría quedar bajo esas decisiones centralizadas. “El problema no es la seguridad alimentaria. Es que las APPA se están diseñando sin participación y con criterios uniformes. Tratan igual a municipios que no son comparables”, dice.
Asegura que las APPA no atacan de manera integral los temas de seguridad alimentaria, pues la evidencia indica que “en Colombia el problema es de accesibilidad, asociada al alto costo de los alimentos debido a baja positividad, ausencia de industrialización, de infraestructura mínima como vías, puertos y mejores condiciones de riego y productividad en el campo”.
El argumento del Gobierno
Desde la academia, Álvaro Parrado Barbosa, coordinador de la Maestría en Soberanía y Seguridad Alimentaria de la U. Nacional, ofrece una mirada más técnica. “Las APPA tienen sentido si se piensa en garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. La Sabana de Bogotá es una zona estratégica: produce casi un tercio de los alimentos que consume la capital”.
Según Parrado, la medida responde a un problema real: la pérdida de suelo agrícola por expansión urbana. “Cota, que hace 15 años era el principal productor de hortalizas del país, hoy es una gran zona franca. La Sabana tiene algunos de los suelos más fértiles de Colombia, pero está siendo ocupada por cemento”. Sin embargo, reconoce que la forma de implementar las APPA genera un conflicto con el ordenamiento territorial. “Los municipios tienen potestad de definir sus usos de suelo. Si el Gobierno impone las zonas, hay un choque legal. Lo ideal sería un proceso concertado con alcaldías, gobernaciones y comunidades rurales”.
El académico también plantea una salida: armonizar la ley de ordenamiento territorial con esta nueva política. “El Congreso deberá revisar el marco normativo. Hoy las APPA son más una recomendación que una obligación, pero ese limbo jurídico hay que resolverlo”. A pesar de las fallas evidentes de concertación, Parrada enfatiza el rol de despensa de la Sabana y su importancia para el abastecimiento alimentario de Bogotá.
“Desde 2006 existe un Plan Maestro de Abastecimiento que identificó tres anillos de provisión. El primero, la Sabana; el segundo, los departamentos vecinos, y el tercero, las regiones productoras más alejadas. Si perdemos el primer anillo, perdemos capacidad de respuesta”, dice. Para él, mantener la producción agrícola cerca de la ciudad reduce costos logísticos, evita desabastecimientos y estabiliza precios.
“Cuando hay bloqueos en el Llano, la Sabana sostiene la oferta alimentaria. Si esa despensa desaparece, Bogotá dependerá de la importación o de trayectos más largos y costosos”. Todos coinciden en el diagnóstico: proteger los suelos fértiles es urgente. La disputa está en el método. Castillo defiende la autonomía municipal, Solano pide seguridad jurídica y Parrado llama a la coordinación institucional.
La mirada gremial: flores y ladrillos
En el otro extremo del debate, los gremios temen que la política se convierta en una barrera. Augusto Solano, presidente de Asocolflores, lo resume así: “El Ministerio nos dice que la floricultura no debe preocuparse, pero los textos no dan garantías. Y sin seguridad jurídica no hay inversión posible”.
El sector floricultor ocupa unas 7.000 hectáreas en la Sabana y genera más de 16 empleos formales por hectárea, la mayoría para mujeres cabeza de hogar. “Producir alimentos es vital, pero también lo es tener ingresos para comprarlos. La floricultura no compite con la agricultura, conviven”, sostiene Solano.
A su preocupación se suma la de Camacol, que pidió frenar la implementación de las zonas protegidas en Cundinamarca. En una carta pública, el gremio advirtió que la resolución podría bloquear proyectos de vivienda en nueve municipios, afectando la expansión planificada y el acceso a suelo urbanizable.
Mientras tanto, la Sabana Centro sigue siendo un campo de tensiones: entre los cultivos y los ladrillos, entre el alimento y la expansión.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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