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El Congreso y el Gobierno lograron un acuerdo para aprobar el Presupuesto General de la Nación 2026. El Senado decidió acoger el texto que aprobó la Cámara el miércoles. Las cuentas para el próximo año quedaron en COP 546,9 billones, COP 10 billones menos frente a la propuesta inicial de la administración de Gustavo Petro. Este cambio viene de la mano de la promesa de reducir las aspiraciones de la reforma tributaria, que ya no buscará COP 26,3 billones, sino COP 16,3 billones.
El gran acuerdo se logró en el primer debate, en las comisiones económicas conjuntas. Aunque ya se había vencido el plazo para que el Congreso cambiara el monto global, a última hora, el 24 de septiembre, se lograron los votos necesarios para aprobar una ponencia alternativa que tenía el visto bueno del Ministerio de Hacienda y que disminuyó en COP 10 billones los gastos de 2026.
Durante el segundo debate, en plenarias de Cámara y Senado, los parlamentarios no hicieron ninguna modificación a la ponencia radicada, aunque sí había reparos. De acuerdo con fuentes del Congreso, estaba claro que no estaban los votos ni el tiempo necesarios para hacer cambios: la fecha límite para el trámite vencía el lunes 20 de octubre y, si hubieran salido textos distintos de cada Cámara, se habría necesitado una conciliación.
Viene el debate de una tributaria
El mayor “pero” al presupuesto sigue siendo el monto. Varios parlamentarios, así como analistas y centros de investigación, advirtieron que las cuentas no se compadecen con la realidad fiscal. Aquí es importante hacer un recordatorio: para financiar el presupuesto faltan COP 16,3 billones que saldrían de nuevos impuestos. Si el Congreso dice no a la tributaria —lo más probable en un año preelectoral— otra vez quedarán descuadrados los ingresos.
En 2024 el presupuesto se aprobó por decreto, y luego se hundió la ley de financiamiento (en ese momento por COP 12 billones). Este año el país esquivó el “decretazo”, pero el camino de los nuevos impuestos es cuesta arriba. Lidio García (Partido Liberal), presidente del Senado, dijo en entrevista con este diario que la reforma tributaria no tiene futuro.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió que aunque la reducción del monto total y la eliminación parcial de ingresos son pasos hacia una mayor prudencia, el presupuesto aprobado mantiene riesgos para la sostenibilidad fiscal, “no refleja un esfuerzo por contener el gasto” y sigue dependiendo de ingresos inciertos y medidas transitorias.
El centro de investigación advirtió que, aunque el recaudo tributario histórico de Colombia promedia el 14 % del PIB, los supuestos de ingreso del presupuesto 2026 se basan en estimaciones del 15,6 y 17 % con ley de financiamiento.
“El gasto proyectado también retrasa la convergencia hacia la regla fiscal, prevista para 2028, en el contexto de la activación de la cláusula de escape. Además, el repunte en la ejecución del Presupuesto General de la Nación 2025 y el pago del rezago presupuestal heredado de 2024 presionan el balance fiscal y podrían ampliar el déficit hacia finales de este año”.
La reforma tributaria debe quedar aprobada antes del 31 de diciembre. El presidente Petro ya anunció que, con la reducción de COP 10 billones en la tributaria, se eliminará la propuesta de IVA a tarifa plena (19 %) para la gasolina y los impuestos a la cerveza. El Ministerio de Hacienda dijo que mantendrá las propuestas en materia de renta y patrimonio porque, en palabras del jefe de la cartera, Germán Ávila, tienen un “alto nivel de progresividad”.
Las modificaciones
Tras varias reuniones de los coordinadores ponentes con el Ministerio de Hacienda, en la ponencia para segundo debate se redefinió de dónde se recortarían los COP 10 billones: COP 2 billones corresponden a una disminución en el pago de intereses de deuda, por las operaciones que está adelantando el Ministerio de Hacienda; la inversión quedó en COP 88,4 billones, COP 360.000 millones menos que en el proyecto original, y la mayoría del recorte se concentró en funcionamiento: COP 7,6 billones frente al texto original.
La representante Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde), coordinadora ponente del proyecto, dijo a El Espectador que en el proceso de recorte evitaron tocar la inversión e incluso se lograron redistribuir los recursos para hacer aumentos necesarios, incluyendo a los ministerios de Deporte, Industria y Comercio y TIC. “Resaltamos que en segundo debate a la Registraduría, que en primer debate se le habían quitado COP 111.000 millones, le garantizamos los recursos para proteger las elecciones”, explicó. Frente a las críticas por el aumento de COP 300.000 millones al presupuesto de Presidencia, Velásquez defendió que los nuevos recursos son para cumplir con compromisos del Acuerdo de Paz.
Los artículos nuevos también generaron críticas. Puntualmente, el artículo 90 que dice que una vez se levante la suspensión de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional, se podrán hacer modificaciones presupuestales entre Trabajo e Inclusión Social para garantizar recursos para el pilar solidario. El senador Efraín Cepeda (Partido Conservador) señaló que el artículo llegó a las plenarias por la “puerta de atrás” y que “pone en peligro los recursos de las pensiones”.
Con las cuentas del presupuesto definidas —gracias a un acuerdo que el ministro Ávila definió como un “ejemplo significativo para el país de que es posible construir caminos de encuentro”— la próxima parada es la reforma tributaria, que se empezará a discutir en las próximas semanas.
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