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Camilo Cano, integrante del pueblo indígena piratapuyo, tuvo que esperar casi 30 años para regresar a su territorio. Salió del resguardo Llanos del Yarí Yaguara II, ubicado entre los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare, cuando tenía 7 años, debido a la violencia que azotó a este resguardo conformado por tres etnias: los pijaos, tucanos y piratapuyos. Aunque es poco lo que recuerda de su infancia allí, no olvida las comidas que le hacía su abuela y las mingas que realizaban en el resguardo. “A nosotros de niños nos llevaban a cargar la comida, y así nos integraban. El territorio era lindo, se mantenía aseado y se vivía alegre”, dice Cano.
Sin embargo, la historia del resguardo, ubicado en una región considerada de alta importancia ecológica gracias a las sabanas naturales y bosques amazónicos que conectan a los Parques Nacionales Naturales de Chiribiquete, Tinigua y La Macarena, estuvo marcada por la violencia, como en muchos pueblos de Colombia. En 1997, dos años después de ser reconocido como resguardo interétnico por el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), este lugar fue epicentro de la confrontación armada entre el ejército y la guerrilla de las Farc-ep.
Ese año, como relata uno de los capítulos del “Libro Paz ambiental: Ecos de la naturaleza en la transformación social”, del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) y el Instituto Humboldt, el ejército realizó la operación militar “Destructor II” en los Llanos del Yarí. “Entre bombardeos y fuegos cruzados en el territorio, la confrontación dejó viviendas destruidas, ganado muerto y zozobra a los pueblos étnicos, que en adelante vivieron una mayor concentración guerrillera en su territorio”, mencionan los tres autores, investigadores del Humboldt.
Fue en ese año cuando Cano salió del territorio junto a su madre. “La mayoría de las familias se fueron a San Vicente del Caguán y otras a diferentes lugares del país”, menciona. Aunque al siguiente año la situación mejoró, a comienzos del 2000, el territorio de Yaguara II volvió a ser un escenario de confrontaciones.
La situación empeoró en 2004, cuando, en medio de las ofensivas del ejército, los comandantes de los bloques Oriental y Sur de las Farc-ep se refugiaron en las zonas del medio y bajo Caguán, y en los Llanos del Yarí, generando un desplazamiento masivo de cerca del 80 % de los habitantes de Yaguara II. “Ahí el resguardo quedó en abandono y por obvias razones se perdió la gobernanza y otras cosas ligadas a nuestra cultura y tradiciones como pueblos indígenas”, dice Cano.
Pero la historia de esta comunidad empezó a reescribirse hace un par de años. En el marco de la política de reducción de la deforestación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció un plan de intervención para transformar núcleos activos de deforestación en los Núcleos de Desarrollo Forestal y Biodiversidad (NDFyB). En este contexto se priorizó la implementación de un proyecto de restauración socioecológica por parte del Instituto Humboldt en el NDFyB Yaguara II. Este núcleo comprende una extensión de 196.992 hectáreas (ha), de las cuales aproximadamente el 67 % corresponden a este resguardo, y el resto a comunidades campesinas y baldíos de la Nación en el sur de La Macarena.
Como parte de esta política, en 2023 se empezó a ejecutar un proyecto que, en términos generales, buscaba restaurar el área afectada por la deforestación y fortalecer la gobernanza de las comunidades locales. De acuerdo con una investigación liderada por el Departamento de Geografía, de la Universidad Nacional de Colombia, entre 1990 y 2010 la velocidad promedio de la deforestación en este núcleo pasó de 60 hectáreas, a 1.888 entre 2016 y 2022
Sin embargo, implementar el proyecto en un territorio deshabitado por el desplazamiento era prácticamente imposible. “No había gente en el territorio que hiciera la restauración”, menciona Julián Gómez, coordinador del proyecto liderado por el Instituto Humboldt. Esto generó la necesidad de pensar en alternativas para apoyar el proceso de retorno de la comunidad de Yaguara II. “La idea era hacer compatible el proceso de la restauración ecológica con alternativas de desarrollo sostenible que permitieran reducir la deforestación y brindar medios para el retorno de las familias”, explica.
Fue así que en la estrategia de intervención de la primera fase, el Instituto Humboldt le apostó a generar medios de vida que facilitaran el retorno de 51 familias de la comunidad que fueron contratadas para la restauración productiva de 420 hectáreas. Una de esas familias es la de Camilo Cano, quien volvió al territorio 29 años después, y que el año pasado se desempeñó como gobernador del resguardo. “Las primeras veces que fui lo hice con el instituto y era triste ver cómo estaba el territorio. Al volver había solo escombros de casas abandonadas”.
Pero la realidad hoy es otra. “Ahora hay unas 30 o 40 familias aproximadamente, y al menos 40 más en proceso de retorno”, cuenta Gómez, del Humboldt. Poco a poco se ha ido reconstruyendo el resguardo, a la vez que se avanza en el proyecto, que tiene como ejes centrales el establecimiento de acuerdos y la generación de conocimiento de la biodiversidad para impulsar un proceso de restauración productiva que siente las bases para el desarrollo de una bioeconomía en el resguardo. En otras palabras, la idea es que la comunidad tenga productos comercializables, fortalezca su seguridad alimentaria y mejore la conectividad de los bosques.
La primera fase terminó en junio de 2024, pero actualmente está avanzando un nuevo proyecto. Las personas del resguardo son las que se encargan de proveer las plantas para realizar la restauración, son las que implementan el monitoreo de este proceso, y de forma paralela, como parte del proyecto, se generó un proceso de fortalecimiento de capacidades en temáticas asociadas con el monitoreo de la biodiversidad, gestión del territorio, formulación de proyectos, entre otros, realizado por la Universidad de la Amazonía.
En ese sentido, como línea base, se definió la necesidad de realizar expediciones biológicas participativas para conocer la biodiversidad del territorio y fortalecer el conocimiento y la apropiación por parte de la comunidad. De esta manera, el conocimiento generado por las expediciones permite identificar cuáles son esas especies que tienen un alto potencial productivo o las zonas que puedan servir para ofrecer turismo de naturaleza o turismo científico.
“Hoy en día nos da un alivio ver que poco a poco se va retomando el asentamiento y recuperando nuestro territorio. Esa es la lucha que estamos dando”, dice Cano.
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