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Durante dos diligencias de más de cinco horas, ocurridas entre abril y mayo pasados, ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia quedó consignada la versión del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, en relación con el mayor escándalo de corrupción que persigue al gobierno de Gustavo Petro: el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la presunta directriz de altos funcionarios del gabinete para comprar a congresistas para sacar adelante la agenda del Ejecutivo. La principal testigo de la Fiscalía contra Bonilla, su exasesora María Alejandra Benavides Soto, ha acusado al exministro de Hacienda de manejar los “cupos indicativos” para “aceitar” a algunos parlamentarios con el fin de “garantizar la gobernabilidad”. En sus testimonios conocidos por El Espectador, Ricardo Bonilla declaró que esa expresión de “cupos indicativos” es una ficción porque no existe.
Este diario ha detallado las confesiones de María Alejandra Benavides ante la justicia que hoy constituyen la columna vertebral de los expedientes que adelanta la Fiscalía contra Bonilla y su entonces colega, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Ambos se han declarado inocentes y ajenos a cualquier delito. Sin embargo, Benavides los ha señalado como parte de una presunta estrategia para lograr que el Congreso votara a favor de los proyectos del gobierno a cambio de coimas y contratos. Una supuesta ruta de sobornos, liderada al parecer por Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), hoy procesado y con circular roja de Interpol por este caso. María Alejandra Benavides, tal como los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, admitió que sí hubo un plan para favorecer a parlamentarios, aprobar iniciativas legislativas y asegurar los créditos de la Nación.
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Por ejemplo, Benavides, quien hoy tiene un principio de oportunidad, sostuvo que en septiembre de 2023, cuando fue designada como enlace del Ministerio de Hacienda con el Congreso, recibió de Andrea Ramírez, su entonces jefe y quien estaba en licencia de maternidad, un cuadro de Excel que llevaba el detalle de los supuestos cupos indicativos aprobados por el entonces ministro Bonilla a los congresistas. En dicho cuadro aparecía un listado de proyectos en el Instituto Nacional de Vías (Invías) que presuntamente tenían dueño propio en el Congreso y donde el enlace de Bonilla, de acuerdo con la testigo, era Juan José Oyuela. Según Benavides algo ocurrió con esa entidad porque se cortó el “chorro” de esos supuestos cupos indicativos que venían entregándose y, por eso, se recurrió a la Ungrd para mantener “la gobernabilidad”. Benavides entregó chats y otras pruebas a la Fiscalía y a la Corte.
En contraste con esas confesiones, el exministro Ricardo Bonilla le aseguró al magistrado Marco Antonio Rueda que ese tipo de señalamientos resultaban absurdos porque sencillamente no existen los cupos indicativos en el presupuesto nacional. “Aquí hay una inquietud principal y es qué son los cupos indicativos, porque eso no existe. He preguntado cuál es la definición que están dando de cupos indicativos y me han dicho que es que los congresistas tienen asignado una partida de presupuesto para que ellos ejecuten. Eso no existe en el presupuesto de Colombia, ni en el de funcionamiento, ni en el de inversión, ni en la deuda pública. No hay un presupuesto para que un congresista lo ejecute o una partida asignada a personas naturales, mucho menos a congresistas”. Bonilla fue enfático en asegurar que cualquier expresión relacionada con los cupos indicativos “es un imaginario”.
El alto exfuncionario, de quien la Fiscalía sostuvo hace algunos meses que sería imputado sin que hasta ahora se conozca cuándo se hará dicha diligencia, insistió en que en las discusiones del presupuesto “todos los congresistas van a pedir que se ponga esto o se ponga lo otro o que se le ponga plata a una entidad más que a otra, esos son los ajustes del presupuesto y lo que dice la norma que el Congreso puede hacer, pero eso no significa poner plata a un congresista, ni que el congresista vaya a ejecutar directamente o por intermedio de una entidad, porque eso significaría que el ministro de Hacienda esté dándole órdenes a otro ordenador del gasto”. El magistrado Rueda le puso de presente a Bonilla lo dicho por Benavides ante la Corte en relación con la famosa tabla de Excel, a lo que contestó que paralelo al Plan Nacional de Desarrollo se construye “una cosa que se llama el Plan de Inversiones (…) Ese es el origen de la tabla”.
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Bonilla explicó que cuando él llegó al Ejecutivo en mayo de 2023 estaba ad portas de sancionarse el Plan Nacional de Desarrollo que había sido aprobado por el Congreso y que constituía la carta de navegación del gobierno para los próximos años. En ese contexto fue que se desarrolló el Plan de Inversiones que se construyó entre el Palacio de Nariño y el Legislativo en donde había más de 700 proyectos, pero dichas iniciativas tenían que cumplir con varios requisitos para que fueran viabilizadas. Con infografías que llevó para explicar el trámite de estas propuestas, Bonilla relató el proceso de estos proyectos y el paso a paso que debían cumplir para poder tener los recursos del Gobierno. “En la liquidación del presupuesto se aterrizan proyectos específicos que estén viabilizados y que estén radicados y tengan ficha de Planeación. Ese proceso significa: estas son las obras que sí se van a hacer”, manifestó Bonilla.
En seguida, recalcó que en esa bitácora de posibles iniciativas había que cumplir religiosamente un abecé de requisitos que no dependieron jamás de ninguna práctica corrupta. Incluso, aseguró que el presidente Petro estaba profundamente interesado en saber si se estaban cumpliendo los deseos del Ejecutivo para satisfacer las promesas del llamado gobierno del cambio. “¿Y ahí la pregunta es por qué en Colombia se le han dado todos los recursos a las vías de Antioquia y a las de Chocó no? Esa era la pregunta del presidente, siempre la fue. Ustedes de pronto, más recientemente, han escuchado por qué no se hicieron nunca las vías del Catatumbo. ¿Por qué se priorizó solamente la vía Aguachica-Gamarra, cuando el Catatumbo necesita vías y no están hechas. La discusión siempre giró alrededor de qué proyectos podemos incorporar al presupuesto que efectivamente cumplan el programa de gobierno”, aseveró.
El exministro insistió en que la famosa tabla de supuestos indicativos que hoy se usa en su contra “salió de esas discusiones del Plan Nacional de Desarrollo”. Es decir, que todo se hizo sobre la mesa y que no hubo ni pactos ni acuerdos ilícitos para tratar de contentar a nadie. Durante horas, cual profesor, Bonilla dio cátedra sobre los procesos de contratación en Colombia y su trazabilidad y agregó que en la famosa tabla de Excel “todos los congresistas quieren ver reflejados en el Plan de Desarrollo los proyectos de sus regiones” y, en algunos casos, estaba identificado qué parlamentarios los proponían. Aunque inmediatamente acotó que el Invías era la entidad que definía todo. “En el presupuesto no quedan partidas a nombre de ningún congresista, quedan las partidas que acabamos de ver del presupuesto y esos proyectos entran a una bolsa concursable, pero no es que se le esté entregando plata a un congresista”.
El exministro de Hacienda contó que cuando llegó al Ministerio de Hacienda se enteró de que había una tabla con estos proyectos y que dispuso saber la viabilidad técnica de cada uno, porque había muchas iniciativas y cada una de ellas se había construido años atrás, y entonces lo que ordenó fue documentar en qué estado estaban y si podían entrar al presupuesto. En esencia, le quitó cualquier velo de ilegalidad a ese cuadro, sostuvo que no existía la más mínima posibilidad de que de esa tabla se derivara un posible favorecimiento al Congreso para que votara proyectos que le interesaban al Ejecutivo. “Todo el presupuesto va a nombre de entidades jurídicas que son las entidades del Estado y esa precisión debe ser clara porque el presupuesto se trabaja a partir de proyectos”. Y agregó enfático Bonilla: “La fase de contratación no es del Ministerio (…) El ministro de Hacienda no es ordenador del gasto”.
En ese momento de la diligencia, el magistrado Rueda le preguntó a Bonilla por el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Luis Carlos Reyes, protagonista de varias denuncias ante la Corte sobre el manejo de cupos indicativos para comprar al Congreso, además, del desfile de hojas de vida que parlamentarios le hicieron llegar para poner en puestos estratégicos de la DIAN. Bonilla dejó saber que su relación con Reyes nunca fue buena, que fue estrictamente administrativa y burocrática, entre otras razones, porque Reyes le hizo saber que solo se entendía con el presidente Petro. Así mismo, contó que parte de sus desavenencias con Reyes tuvieron como origen “el problema de caja” que le quedó al Ejecutivo porque las metas del recaudo de la DIAN no se cumplieron, lo que originó una situación fiscal que todavía hoy tiene en apuros al país.
El magistrado Rueda le insistió a Bonilla sobre las denuncias de Luis Carlos Reyes en relación con los cupos indicativos que el entonces director de la DIAN hizo saber que seguían usándose para comprar supuestamente al Congreso durante una reunión de planeación estratégica del Gobierno en 2023. El exministro de Hacienda contestó categórico: “Que el señor Reyes lo haya dicho, no quiere decir que haya los cupos indicativos”. Y añadió en relación con Reyes: “Hizo alguna manifestación en esa reunión estratégica y pasó desapercibida”. Es decir, según el declarante, a pesar de la gravedad de semejante acusación, el equipo técnico del Ministerio la desestimó. “Hay un grupo de congresistas en las comisiones económicas del país que son una parte importante del negocio del contrabando, tanto como lo son de la corrupción a través de los llamados cupos indicativos y el desfalco de recursos públicos”, declaró Reyes a la Corte.
Tras evacuar esas preguntas, el magistrado Marco Antonio Rueda le preguntó a Bonilla sobre el episodio de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP). Tanto Benavides como Olmedo López y Sneyder Pinilla han declarado que el Gobierno les entregó a seis congresistas de esa célula legislativa proyectos por COP 92.000 millones en Arauca, Bolívar y Córdoba para que aprobaran millonarios créditos de la Nación en 2023. El exministro respondió que esos señalamientos no tenían ni pies ni cabeza y que las discusiones que se dieron entonces con la CICP ocurrieron en el marco de la ley y de las críticas de esos parlamentarios a la política de endeudamiento del Ejecutivo. Nada más. “Señor magistrado, quiero descartar de plano que haya habido una discusión de cupos indicativos”, sostuvo Bonilla y concluyó: “Como hubo una imputación de cargos a Benavides, yo creo que ese tema sí dejémoselo a la Fiscalía”.
En relación con todas las acusaciones que se han tejido sobre cómo supuestamente se entregaron esos proyectos a cinco congresistas y a un excongresista que hoy están procesados por la Corte Suprema, Ricardo Bonilla enfatizó en la honorabilidad de su carrera y en que todas las reuniones que hizo en desarrollo de su cargo “nunca fueron clandestinas”. De la misma manera indicó que los señalamientos contra Juan José Oyuela en el Invías no tenían razón de ser porque él era el encargado de revisar “las debilidades técnicas” de los proyectos y, por eso, era que aparecía en el contexto de esas iniciativas. El magistrado Rueda le leyó parte de la declaración de Benavides en relación con la famosa tabla de Excel y los cupos indicativos y de un episodio en particular con el funcionario Oyuela del que supuestamente había tenido noticia el entonces ministro de Hacienda, a lo que contestó: “No tengo presente esa reunión”.
Bonilla se aferró a la tesis de que en el Ministerio de Hacienda jamás se habló de cupos indicativos y que eso lo aclarará ante la Fiscalía. “Vuelvo a reiterar que ese es un lenguaje que está utilizando María Alejandra, que no es del Ministerio de Hacienda. No hay cupos indicativos. No hay esa asignación, no hay ninguna posibilidad de que el ministro de Hacienda le entregue un proyecto a un congresista para que lo ejecute directamente. Eso no existe”, insistió Bonilla y remató: “No existen ni hay partidas de presupuesto a nombre de congresistas. Y los procesos de contratación son propios de cada entidad y esas instrucciones las da el respectivo ordenador del gasto. El Ministerio de Hacienda no tiene la forma de intervenir en los procesos de contratación y esos procesos de contratación deben estar relacionados con las normas establecidas en Colombia: la ley 80”.
En síntesis, el exministro Bonilla le restó toda credibilidad a su exasesora María Alejandra Benavides, así como a sus otros acusadores, Olmedo López y Sneyder Pinilla. No obstante, ante la Fiscalía y la Corte reposan testimonios que hoy lo tienen en apuros en el marco del expediente por el saqueo a la Ungrd y su presunta participación en hechos de corrupción política. Esta versión suya cobra relevancia porque es la primera que se conoce sobre sus explicaciones alrededor del escándalo. Más allá de sus explicaciones, la Fiscalía desde hace meses indaga su supuesta responsabilidad en el peor caso de malversación de recursos públicos durante la administración de Gustavo Petro. El exministro Bonilla, como su entonces colega, el exministro Luis Fernando Velasco, ha declarado su inocencia, pero hay graves indicios que lo tienen dando explicaciones y será la justicia la que decante su rol en este caso.
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